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Arranca San Martín denuncia al Alcalde ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en unas contrataciones

El grupo municipal, socio hasta ahora de los socialistas, apunta a un caso de posible "prevaricación por negligencia" en el proceso de selección de monitores para un plan de empleo

Ardines asegura que paralizó el proceso "tras detectar una modificación sustancial" en las bases y que "no se contrató a nadie"

Participantes y monitores del programa de empleo con el alcalde, en primer fila tercero por la izquierda

Participantes y monitores del programa de empleo con el alcalde, en primer fila tercero por la izquierda / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio)

Jonathan García, único concejal de Arranca San Martín, ha denunciado ante la Fiscalía del Principado un supuesto caso de corrupción por vulneración de la ley de contratación de las administraciones públicas y prevaricación por negligencia en la contratación de dos monitores de uno de los programas de empleo para jóvenes puestos en marcha por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, algo que el alcalde, el socialita José Ramón Martín Ardines, niega.

El edil apunta que este caso, que implica tanto a funcionarios como al propio alcalde, “rompe todos los puentes” entre su formación y el equipo de gobierno. Arranca San Martín ha sido muleta del PSOE desde el inicio del mandato, con un acuerdo de investidura y pactos posteriores para aprobar cuestiones importantes como las inversiones con cargo al remanente de tesorería.

Bases modificadas

Las supuestas irregularidades se remontan al pasado mes de noviembre cuando detectó una alteración de las bases para la contratación de los monitores del programa “Joven Ocúpate”. “Las bases originales de la convocatoria, publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento, habían sido sustancialmente modificadas después de finalizar el plazo de presentación de solicitudes”, señala García que asegura además que “las bases originales fueron retiradas, impidiendo el cotejo público de esas modificaciones”.

Ante esa situación, el grupo municipal de Arranca San Martín puso en marcha todos los mecanismos internos del consistorio para aclarar lo ocurrido. La cosa fue a peor porque según denuncia García, “el Alcalde reconoció ser el firmante de la orden que modificó las bases, aunque alegó desconocer su contenido cuando lo firmó". Además, “se anunció una investigación interna que se desarrolla con total opacidad, sin informar a los grupos municipales sobre su alcance o responsables, lo que genera sospechas de encubrimiento”.

Ardines explicó este miércoles a LA NUEVA ESPAÑA que fue él mismo quien detectó, tras firmarla, esa "modificación sustancial" en las bases de la convocatoria. "Muchas veces se modifican cosas menores y no pasa nada pero en este caso el cambio era importante y paralizamos el proceso de selección", aseguró Ardines. El alcalde insiste en que "no se ha contratado a nadie porque el proceso está parado a la espera de un dictámen del secretario municipal".

Aún así, para el concejal de Arranca San Martín “estamos ante una posible prevaricación por negligencia”, al reconocer supuestamente Ardines que no sabía loque firmaba. En cuanto a la investigación interna “es un secreto y por tanto pierde toda credibilidad”.

Confianza en juego

Ante esta situación “no nos quedó más remedio que cumplir con nuestro deber y llevar los hechos ante la Fiscalía para poner en marcha una investigación”, apunta Jonathan García, que entiende que lo ocurrido puede constituir varias infracciones graves. Cita “vulneración de la ley que prohíbe modificar las bases de una convocatoria una vez publicadas”, “posibles delitos penales hacia los funcionarios, así como prevaricación administrativa por la firma negligente de un acto lesivo, o administración desleal”.

Arranca San Martín entiende que lo que está en juego no es un puesto de trabajo, “sino la confianza de los ciudadanos en que su Ayuntamiento actúa con rectitud, sin amiguismos y ajustándose a la ley”. Así, en su escrito a la Fiscalía Superior de Asturias “solicitamos expresamente la apertura de diligencias de investigación preliminar para depurar las posibles responsabilidades penales”.

El propio García se puso en contacto con Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias, y este, siempre según la versión del concejal, le indicó que como representante público su obligación era denunciar posibles casos de corrupción para abrir una investigación, algo que hizo la tarde noche del martes por vía electrónica.

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