La mafia trajo a España a Faith desde Nigeria, se escapó tras ser apuñalada y recaló en Mieres: ahora lleva un año esperando por una nacionalidad que no llega

Cuando tenía 22 años, una mafia de trata de personas trasladó a Faith Esahiagbe de Benin City, su ciudad natal al sur de Nigeria, a un burdel de Madrid. Luego la llevaron a Galicia. Se negó a mantener relaciones con un cliente y aún tiene la cicatriz de la puñalada que le asestaron. Aquella cuchillada fue en la pierna pero podría haber sido en otra parte, podría haber sido mortal. Esa sensación de saber que en cualquier momento la podían matar le dio el valor necesario para escaparse y, aterrorizada, plantarse en la comisaría de la Policía Nacional.

Sentada en una terraza con vistas al parque Jovellanos de Mieres, Faith aún llora de miedo. También ríe. Es una mujer alegre que ha encontrado una nueva vida en la cuenca del Caudal. Se casó y tuvo un hijo, “un paisanón” que ahora tiene catorce años. Se divorció y ahora vive con el chaval. El padre cumple con la pensión de alimentos y eso completa lo que ella cobra por limpiar casas o cuidar a personas mayores.

Cumple todos los requisitos

Faith es relativamente feliz, pero sigue teniendo miedo, mucho. Lleva 28 años en España y más de una década con el permiso de residencia. No tiene antecedentes penales, su hijo es español y ella cumple todos los requisitos para obtener la nacionalidad. La solicitó el 28 de noviembre de 2024. Le dijeron que los trámites tardarían un año como mucho. Tiene compatriotas que en seis o nueve meses ya habían recibido la carta de ciudadanía española. “¿Por qué me pasa todo a mí, qué he hecho yo? No he matado a nadie, no he hecho nada”, repite como una letanía ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior.

La ley marca que el periodo mínimo de residencia en España para lograr la nacionalidad son 10 años por norma general. Se reduce a 5 años para refugiados y a 2 años para ciudadanos de países latinoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Faith no cuestiona la ley de un país que la ha acogido, pero sufre lo indecible por no obtener respuesta. “Mi coco no para, no dejo de pensar en ello, en qué estará pasando, el guaje me dice que esté tranquila pero no puedo”.

Una pregunta sin respuesta

El pasado 12 de diciembre, con ese plazo de un año superado en un mes, su abogado remitió un escrito al Ministerio interesándose por la cuestión. La respuesta ha sido un silencio que a Faith le resulta atronador y que no la deja dormir.

“En Mieres estoy como dios”, reconoce. Pero podría ser mejor. Tener la residencia le permite trabajar, pero no siempre con contrato, hay restricciones y matices. Con la nacionalidad se acabaría eso de cobrar en “b”, “me podrían contratar sin ningún problema”, explica.

No es lo único, y tal vez tampoco lo más importante. Tener la nacionalidad le sacudiría el miedo. “Podría ir a ver a mi madre a Nigeria sin esconderme”. “Si viajo como española y veo que pasa algo me piro y ya está”, resume.

Faith tiene 46 años, lleva más de la mitad de su vida en España y según la ley ya debería ser española. Esa carta no llega y a ella no hace más que pensar en las mafias, en aquella puñalada en que pueden volver a por ella. Un DNI español puede ser una barrera, una frontera que las mafias no se atrevan a cruzar, o sí, pero al menos ella dormiría tranquila sabiéndose protegida.

Faith ha sufrido tanto que se acostumbró a no hacer preguntas, pero ahora necesita una respuesta.

Regularización de inmigrantes

El proceso en el que está inmersa Fatih no tiene que ver con la regularización de inmigrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros, que otorga un permiso de residencia temporal de un año a inmigrantes en situación irregular que estuvieran en España el 31 de diciembre de 2025 y acrediten una estancia de al menos cinco meses en el país.

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