CCOO denuncia multas de 2.000 euros semanales al Ayuntamiento de Mieres por un conflicto laboral
El sindicato acusa al equipo de gobierno de recurrir y dilatar el cumplimiento de un fallo que reconoce un derecho laboral recogido en convenio

Ayuntamiento de Mieres. / A. Velasco
Comisiones Obreras (CCOO) ha cargado duramente contra el Ayuntamiento de Mieres por su gestión de un conflicto laboral con una trabajadora municipal, que ha derivado en una sanción judicial que, según el sindicato, supondrá un importante coste económico para las arcas públicas y, por tanto, para los vecinos del concejo.
Según explica CCOO en un comunicado, el origen del conflicto se remonta a octubre de 2024, cuando una empleada municipal con 47 años de servicio solicitó el acceso al contrato relevo, un derecho recogido en el convenio. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, la trabajadora acudió a los tribunales, que en marzo de 2025 le dieron la razón, reconociendo su derecho con efectos retroactivos desde junio de 2024.
El sindicato denuncia que, en lugar de acatar la sentencia, el equipo de gobierno municipal decidió recurrirla, retrasando su ejecución. Ante esta situación, la trabajadora solicitó al juzgado la imposición de medidas para forzar el cumplimiento, lo que llevó al tribunal a dar un ultimátum de cinco días a los responsables políticos, bajo advertencia de posibles responsabilidades personales.
Cambio normativo
Fue entonces cuando el Ayuntamiento procedió a ejecutar la sentencia, aunque, según CCOO, lo hizo de forma tardía y deficiente. Durante el proceso, la normativa aplicable cambió y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó la tramitación, lo que ha provocado que la trabajadora vea reducida de forma significativa su pensión.
El juzgado ha fijado una multa coercitiva de 2.000 euros semanales por cada semana que pase sin que se ejecute correctamente la sentencia. CCOO considera que este coste es consecuencia directa de la “inacción y obstinación” del Ayuntamiento y advierte de que serán los vecinos quienes acaben pagando las consecuencias a través de sus impuestos. El sindicato exige responsabilidades y reclama que no sea la ciudadanía quien asuma el coste de lo que califica como una gestión negligente.
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