“Hablamos claramente del cierre de Hunosa”: los sindicatos lanzan duros reproches a la SEPI y a los gobiernos central y autonómico al percibir "dejadez e incompetencia" con la central de La Pereda
SOMA y CCOO alertan de que la falta de estrategia tras la sentencia contraria a la transformación de la térmica de Mieres puede llevar al cierre de proyectos clave y a la pérdida de más de 600 empleos

Central térmica de La Pereda. / Luisma Murias
Los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y CCOO de Hunosa han elevado este viernes el tono crítico contra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con fuertes reproches también el Gobierno central y al Principado de Asturias. En concreto, acusan a la SEPI de «falta de compromiso, dejadez e incompetencia» ante la grave situación abierta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que paraliza el permiso ambiental de la central térmica de La Pereda. A los gobiernos central y autonómico se les achaca "falta de implicación y cobardía política".
Las organizaciones sindicales temen que el fallo judicial, que estima el recurso presentado por la Coordinadora Ecoloxista, sea utilizado como «pretexto para impulsar medidas que pongan en serio peligro la continuidad empresarial de Hunosa», empresa pública que consideran estratégica para las cuencas mineras asturianas.
Reunión suspendida
Los sindicatos denuncian que, tras un “silencio clamoroso”, la SEPI ha comunicado la suspensión de la reunión prevista para la próxima semana, alegando que necesita “tiempo y más información respecto a La Pereda”. Para el SOMA y CCOO, esta decisión supone una nueva maniobra dilatoria que incrementa la incertidumbre en un momento crítico.
“Es una necesidad de tiempo que no tenemos y que nos lleva a una espera que añade más incertidumbre”, señalan, subrayando que esta petición llega justo después de la sentencia del TSJA, lo que, a su juicio, confirma lo que llevan tiempo denunciando: «la falta de un compromiso real de la SEPI y del Gobierno central con Hunosa y con Asturias».
Los sindicatos advierten de que la resolución judicial ha permitido que salga a la luz una realidad que, según afirman, «la SEPI llevaba meses ocultando». Todo el trabajo desarrollado para garantizar un futuro industrial, energético y medioambiental para Hunosa, basado en proyectos “sólidos, singulares y viables”, corre ahora "el riesgo de ser dinamitado” por «la ausencia de una estrategia clara, tras años de promesas incumplidas y sin alternativas consolidadas tras el cierre de la actividad minera».
SOMA-FITAG-UGT y CCOO aseguran que no van a permitir que la SEPI utilice el fallo del TSJA como una coartada para ejecutar un plan que, según denuncian, ya intentó imponer «mediante la dilación permanente» de la negociación y excusas que califican de “peregrinas”. Un plan que, recuerdan, fue frenado únicamente gracias a la presión sindical y a la presentación de alternativas industriales que consideran serias y viables.
El eje central de la preocupación sindical es el proyecto de La Pereda, que consideran clave para el futuro de Hunosa. “Hablamos claramente de cierre”, advierten. “Porque si cae el proyecto de La Pereda, cae el proyecto clave sobre el que debía pivotar todo el plan industrial que veníamos negociando y que debía garantizar la continuidad de Hunosa”. Los sindicatos aseguran que no existe un plan B y que no ha habido voluntad real de explorar alternativas.
Graves consecuencias
Las consecuencias, según detallan, serían «devastadoras» tanto para el empleo directo como para el tejido económico de las comarcas mineras. La paralización definitiva del proyecto supondría «la destrucción inmediata de los puestos de trabajo de la propia central térmica, la pérdida de cerca de 200 empleos indirectos vinculados a la gestión forestal y al tratamiento de biomasa anunciados públicamente, y dejaría en el aire el futuro de más de 400 trabajadores y trabajadoras de Hunosa.»
Además, alertan del despido directo del personal de subcontratas ligadas a la minería y de empresas auxiliares que desaparecerían progresivamente con el cierre de instalaciones. En total, más de 600 empleos, directos e indirectos, «quedarían condenados a la desaparición», según las estimaciones sindicales.
SOMA y CCOO responsabilizan directamente de este escenario de incertidumbre a la dirección de Hunosa y a la SEPI, a quienes acusan de «incompetencia, falta de diligencia y ausencia de compromiso». Por ello, exigen que «se depuren responsabilidades por la gestión llevada a cabo en este proceso».
La crítica se extiende también al Gobierno del Principado de Asturias y al Gobierno de España, cuya «falta de implicación» y lo que califican como “cobardía política” los convierte, según los sindicatos, en cómplices de la situación actual. “No han empujado, no han exigido y no han defendido el futuro de una empresa pública estratégica ni el empleo que sostiene comarcas enteras”, denuncian.
Ante lo que califican como una situación límite, SOMA-FITAG-UGT y CCOO de Hunosa exigen la convocatoria inmediata y urgente de la mesa negociadora. Consideran que no caben más excusas ni maniobras dilatorias y reclaman un plan de acción inmediato para obtener las autorizaciones ambientales necesarias que aseguren el futuro de la central térmica de La Pereda y, por extensión, de la propia Hunosa.
Los sindicatos subrayan que los trabajadores «llevan años sumidos en la incertidumbre» y consideran «inaceptable que recaiga sobre ellos la falta de rigor y de profesionalidad de quienes dirigen este proceso». A su juicio, Hunosa necesita de manera urgente un marco estable que garantice su viabilidad y su futuro.
Reacciones políticas
Finalmente, las centrales señalan directamente a aquellos responsables políticos que se han apresurado a aplaudir la sentencia judicial. Para SOMA y CCOO, su actitud responde a la «irresponsabilidad y al oportunismo político», y los convierte en cómplices de poner en riesgo el futuro de La Pereda, de Hunosa y de las comarcas mineras asturianas.
La tensión entre sindicatos, administraciones y dirección de la empresa se eleva así a un nuevo nivel, en un momento clave para el futuro de Hunosa y para el empleo en las cuencas, con la sentencia del TSJA como telón de fondo y con la negociación bloqueada a la espera de decisiones que, según los sindicatos, «no pueden seguir aplazándose».
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