El Ayuntamiento de Mieres desmiente a CC OO y asegura que no se le ha impuesto ninguna multa por conflicto laboral
El equipo de gobierno mantiene que cumple con la sentencia dictada por el juzgado en la gestión de un contrato relevo
Exterior del Ayuntamiento de Mieres. | LNE / LNE
La gestión de un contrato relevo en el Ayuntamiento de Mieres ha desatado un cruce de acusaciones entre la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) y el equipo de gobierno local, de IU. Mientras el sindicato alerta de un "grave perjuicio" para las arcas públicas debido a una supuesta negligencia administrativa, el Consistorio defiende su gestión y tacha de "falsas" las acusaciones.
El origen del conflicto
La polémica se remonta a octubre de 2024, cuando una empleada municipal solicitó la jubilación parcial mediante contrato relevo. Tras no obtener respuesta inicial, la justicia falló a favor de la trabajadora en marzo de 2025.
Según CC OO, el Ayuntamiento "obstaculizó" el proceso al recurrir la sentencia. Durante la espera, la normativa cambió y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó la prestación, reduciendo la pensión de la empleada. El sindicato afirma que el juzgado ha impuesto al Ayuntamiento una multa coercitiva de 2.000 euros semanales hasta que se ejecute correctamente el fallo.
La respuesta municipal
Por su parte, el gobierno de Mieres ha mostrado su "sorpresa y perplejidad" ante la denuncia sindical, asegurando que la sentencia se está ejecutando desde hace meses. El Ayuntamiento afirma estar abonando mensual y puntualmente la parte del salario que le corresponde según el contrato relevo y sostiene que el problema radica en que la Seguridad Social denegó la jubilación parcial, algo ajeno a la competencia municipal.
El equipo de gobierno califica de "falso" que exista una multa o perjuicio económico para los vecinos. Además, explican que no se recurrió la sentencia para dilatarla, sino que se pidió una "aclaración jurídica" antes de acatarla y ejecutarla.
Cruce de acusaciones por el coste público
Para CC OO, la situación es fruto de la "inacción y obstinación" de los responsables políticos, a quienes exigen responsabilidades para que el coste no recaiga en la ciudadanía. El Ayuntamiento, en cambio, lamenta la "falta de rigor" del sindicato y critica que se les culpe de una resolución de la Seguridad Social que ellos no controlan.
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