El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: "Han puesto vidas en peligro"

La crisis que atraviesa la estación invernal de Valgrande-Pajares ha dado un salto cualitativo. Javier Martínez Iglesias, director del complejo lenense desde diciembre de 2016, ha presentado una denuncia ante el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra los responsables políticos de los que depende la instalación. En concreto, señala a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Ana Vanessa Gutiérrez , y a la directora general de Deportes y Actividad Física, Manuela Eleazar Fernández Ena, por una supuesta inacción prolongada ante graves deficiencias en materia de seguridad. Las acusa abiertamente de «poner en riesgo la vida de trabajadores y usuarios».

El escrito, registrado el 25 de febrero de 2026, sostiene que la Administración autonómica ha desatendido de forma «reiterada y sistemática» los informes técnicos que alertaban de la falta de cualificación del jefe de Explotación, figura clave en cualquier estación de esquí. Según la normativa, este responsable es el garante último de la seguridad en los remontes y quien debe decidir cada jornada la apertura o cierre de las instalaciones. Sin su presencia efectiva, subraya la denuncia, la estación no puede operar.

La denuncia desgrana una secuencia de advertencias que se remonta a diciembre de 2019. Ese año, la empresa contratada como responsable técnico emitió un informe en el que cuestionaba abiertamente la idoneidad del entonces encargado de Explotación. El documento señalaba carencias graves, como «el desconocimiento de los sistemas de seguridad, improvisación en el mantenimiento, falta de liderazgo y retrasos inéditos en la puesta a punto de los remontes».

Los informes

En marzo y mayo de 2022, una nueva empresa responsable técnica volvió a concluir que el jefe de Explotación no cumplía los requisitos exigibles al cargo. Enumeraba deficiencias como «el escaso control documental, el poco conocimiento de la normativa de grandes inspecciones, la ausencia continuada en el puesto y la incapacidad para tomar decisiones rápidas ante incidencias».

En noviembre de 2022, otro informe, esta vez en el marco del proceso para nombrar nuevos responsables de Explotación, descartaba de nuevo al citado facultativo por su «limitada capacidad técnica» y «poca implicación», proponiendo otros nombres del equipo con mayor aptitud.

Uno de los documentos más contundentes es el informe interno firmado por el propio director el 20 de noviembre de 2023. En él se enumeran hasta dieciocho funciones que corresponden al jefe de Explotación —desde la responsabilidad sobre la seguridad y el respeto de los requisitos técnicos hasta la supervisión del mantenimiento, la formación del personal o la comunicación de incidentes a la autoridad competente— y se concluye que la mayoría «no se cumplen».

El texto sostiene que esas tareas habían sido asumidas de facto por el director y otros trabajadores, lo que, siempre según la denuncia, habría generado una sobrecarga laboral y, según se expone, cientos de días de descanso acumulados sin disfrutar. Parte de la plantilla llegó a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo.

Sin respuesta

Pese a la reiteración de informes, correos electrónicos y comunicaciones oficiales — «incluidas reuniones en Presidencia y registros formales»— la Consejería no habría adoptado medidas correctoras. Al contrario, según el denunciante, la respuesta fue la apertura de un expediente sancionador contra él por supuestas infracciones laborales graves y muy graves.

La tensión estalló definitivamente cuando el director y varios colaboradores fueron denunciados por usurpar funciones del jefe de Explotación.

Martínez sostiene que esa asunción de tareas fue obligada por la falta de desempeño efectivo del responsable designado y que contaba con el conocimiento de los servicios técnicos del Principado.

La crisis dividió a la plantilla. Se puede decir que una parte de los trabajadores se alineó con el sindicato CC OO, afín al jefe de Explotación, mientras que clubes deportivos, asociaciones vecinales, concesionarios y el tejido hostelero de la zona –agrupado en Asturcentral– expresaron públicamente su respaldo al director, alertando del impacto que el conflicto tiene en la imagen y viabilidad de la estación.

En marzo de 2025, Martínez compareció en la Junta General del Principado para exponer la situación. En su intervención advirtió de que, si no se habían producido accidentes graves, era «afortunadamente» por azar, y que de haber víctimas «se estaría depurando responsabilidades penales».

La denuncia recoge episodios concretos que, a juicio del director, evidencian el riesgo existente. El 7 de abril de 2024, una actuación negligente provocó el descarrilamiento de una cabina con dos trabajadoras en su interior. Según el relato, la telecabina «se puso en marcha con personal dentro y con material interfiriendo en la línea». «Las empleadas lograron salir por sus propios medios y activar la parada antes de que el incidente tuviera consecuencias mayores».

El expediente interno abierto tras el suceso fue archivado un mes después. El jefe de Explotación inició entonces una baja laboral que se prolongó hasta enero de 2025, aunque, según la denuncia, acudió puntualmente a la estación para realizar determinadas funciones ante la falta de sustitutos cualificados.

Otro episodio ocurrió durante las pruebas de carga del 4 de noviembre de 2025, en presencia de la directora general. «En el acoplamiento del motor térmico a un telesilla, la línea quedó sin freno y comenzó a moverse hacia atrás en tres ocasiones, teniendo que activarse la parada de emergencia». Para el director, «estos hechos demuestran una cadena de negligencias que pudieron desembocar en un accidente con pasajeros».

El núcleo de la denuncia sostiene que lo que en origen era un problema laboral ha adquirido una dimensión que podría trascender al ámbito penal. Martínez argumenta que la Administración conocía desde hace años las advertencias técnicas y, pese a ello, mantuvo en el puesto a una persona que, según múltiples informes externos e internos, «carecía de aptitudes y actitud para garantizar la seguridad».

En el escrito se solicita a la Fiscalía que investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de uno o varios delitos, al considerar que existe un «peligro cierto, evidente y perfectamente conocido» para trabajadores y usuarios.

Tras diez años al frente de la estación, el director asume que la relación con sus enlaces con el Gobierno autonómico está deteriorada. La apertura de un expediente disciplinario y de protocolos de acoso laboral en su contra es interpretada por él como una represalia por haber elevado las quejas a instancias superiores. La Fiscalía deberá analizar la denuncia para decidir si procede abrir diligencias de investigación. Mientras tanto, Valgrande-Pajares continúa operando en un contexto de profunda división interna y con la sombra de la inseguridad planeando sobre sus remontes. El desenlace judicial de esta crisis marcará no solo el futuro profesional de sus responsables, sino también la credibilidad de una de las infraestructuras turísticas más emblemáticas de la montaña asturiana.

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