El esquí asturiano, cada vez más exasperado con los problemas en Pajares: cierra filas con el director de la estación y denuncia la "incapacidad e inacción" del Principado
Empresarios, clubes y vecinos consideran fundamentada la denuncia presentada por Javier Martínez I La consejera de Deportes indicó "tener conocimiento" de la denuncia a través de los medios de comunicación, aunque evitó "pronunciarse" sobre ella "por respeto a los procedimientos que hay en marcha"

Esquiadores en Pajares, esta temporada. / LNE
La comunidad del esquí, agrupada en la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, defiende que la denuncia que acaba de interponer el director de Valgrande-Pajares contra la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y contra la directora general de Deportes y Actividad Física, Manuela Fernández Ena, "no viene más que a reflejar los errores y acontecimientos" que llevan tiempo denunciando. El colectivo reclama que se deje trabajar al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias con independencia ante “la gravedad de los hechos”. Inicialmente, la Administración autonómica ha declinado hacer valoraciones sobre las acusaciones. Vanessa Gutiérrez indicó "tener conocimiento" de la denuncia a través de los medios de comunicación, aunque evitó "pronunciarse" sobre ella "por respeto a los procedimientos que hay en marcha".
El colectivo de la nieve, integrado por empresarios, la asociación de turismo de la Montaña Central (Asturcentral), concesionarios, clubes deportivos, asociaciones vecinales como las de La Raya y Brañillín y usuarios habituales de ambas estaciones, asegura que conoce la mayoría de los hechos recogidos en la denuncia presentada por Javier Martínez. Según indican, llevan meses trasladando a la Administración autonómica su preocupación por la gestión de la estación y por las consecuencias que, a su juicio, puede acarrear. Defienden que la actual crisis que sufre la estación responde «a la absoluta incapacidad de gestión y la inacción frente a los continuos y continuados despropósitos y erróneas decisiones tomadas por la Dirección General de Deportes».
Dejar actuar a la justicia
El colectivo expresa su “máximo respeto a la independencia judicial” y recalca que ahora corresponde a los órganos jurisdiccionales del Principado analizar la documentación aportada y determinar si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de algún ilícito penal. “Debe dejarse actuar a la Justicia con total autonomía como garante de los derechos y la seguridad de todos los asturianos”, subrayan.
La entidad recuerda, además, que la denuncia es un derecho ejercido libremente por un trabajador público y que, como tal, merece protección. Javier Martínez atribuye a la cúpula de Deportes una supuesta inacción prolongada ante deficiencias en materia de seguridad, llegando a advertir de un posible riesgo para trabajadores y usuarios de la estación. Inicialmente, la Administración autonómica ha declinado hacer valoraciones sobre las acusaciones.
Desde la Asociación Nieve y Montaña sostienen que durante meses han intentado, “por todos los medios a su alcance”, hacer llegar al Gobierno del Principado, a la Consejería de Cultura y Deportes y a la Dirección General de Deportes las carencias detectadas, la falta de inversiones y la situación que califican de “insostenible” tanto en el plano laboral como organizativo. Sin embargo, aseguran no haber recibido respuesta.
Un emblema turístico en deterioro
El colectivo lamenta el deterioro que, a su entender, viene sufriendo Valgrande-Pajares, uno de los principales emblemas turísticos del Principado y un recurso estratégico para el valle de Lena, especialmente afectado por el despoblamiento y la necesidad de alternativas económicas. Advierten de que, si no se corrige el rumbo, la situación podría agravarse y repercutir en la imagen y viabilidad futura de la estación.
Asimismo, la asociación se reserva "el ejercicio de cuantas acciones legales considere oportunas dentro del ordenamiento jurídico para defender los derechos y la seguridad de los usuarios". No descarta, en su caso, poner en conocimiento de jueces y tribunales cualquier actuación que pueda suponer un riesgo para bienes y personas.
Al margen del procedimiento judicial en curso, el colectivo exige la convocatoria urgente de una reunión con los responsables del Principado y con el Ayuntamiento de Lena para abordar la situación y buscar soluciones. “Nuestra voluntad siempre ha sido la lealtad institucional y la máxima colaboración”, señalan, al tiempo que insisten en que la prioridad debe ser garantizar la seguridad, la estabilidad laboral y el futuro de una infraestructura clave para la economía de la Montaña Central.
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