Hidrográfica obliga a Lena y al Principado a corregir los vertidos de aguas residuales en Valgrande-Pajares (una petición acompañada de multa)
La Confederación sanciona por el momento con 1.000 euros, pero exige ya medidas para evitar la contaminación de los arroyos Brañillín y Ortigón, tras constatar conducciones procedentes de albergues, edificios y servicios de la estación

La urbanización del Brañillín. / LNE
La Confederadación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha mandado técnicos a la estación de Valgrande-Pajares y el resultado de la inspección es que los citados facultativos han dejado constancia de un hecho que tildan de “incontestable”. Se refieren a “la existencia de conducciones que verterían al dominio público hidráulico procedentes de los albergues, club de esquí y servicios, del edificio de Los Acebos, edificios de la urbanización, del edificio del Valle del Sol y de los edificios administrativos de la estación”. Es decir, hay graves deficiencias en el saneamiento. Como consecuencia, la entidad estatal ha procedido a sancionar al Ayuntamiento de Lena y a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte con 1.000 euros. Pero lo más relevante es que exige a ambas administraciones, local y autómica, que “adopten las pertinentes medidas correctoras”.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha impuesto una sanción de 1.000 euros al Ayuntamiento de Lena y a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias por una infracción relacionada con vertidos de aguas residuales en la estación invernal de Valgrande-Pajares. La resolución, firmada el pasado 25 de febrero tras la tramitación del correspondiente expediente sancionador, determina además la obligación de ambas administraciones de adoptar medidas correctoras para evitar riesgos de contaminación en los arroyos Brañillín y Ortigón.
El procedimiento se inició en marzo de 2025 tras una denuncia presentada en noviembre de 2024 por la asociación de vecinos del Brañillín. A partir de ella, los agentes del Servicio de Vigilancia Fluvial de la CHC realizaron actuaciones de inspección en la zona y constataron la existencia de conducciones que podrían estar vertiendo aguas residuales sin depurar al dominio público hidráulico.
El resultado de la investigación
Según recoge la resolución del organismo de cuenca, durante la investigación se comprobó la presencia de canalizaciones procedentes de distintos edificios e instalaciones de la estación, entre ellos albergues, dependencias del club de esquí, el edificio Los Acebos, inmuebles de la urbanización Valle del Sol y edificios administrativos. Aunque en el momento de la inspección no había actividad en la estación y por las conducciones discurrían únicamente aguas limpias de drenaje, los técnicos concluyeron que la infraestructura existente podría permitir vertidos sin depuración cuando el complejo esté en funcionamiento.
La Confederación considera que esta situación constituye una actividad susceptible de contaminar el dominio público hidráulico, lo que vulnera la normativa en materia de aguas. En concreto, el organismo recuerda que la Ley de Aguas prohíbe cualquier actuación que pueda provocar la contaminación o degradación de los cauces y su entorno.
Además, el expediente revela que la urbanización de El Brañillín, situada en el entorno de la estación, carece de red municipal de saneamiento. De acuerdo con la información recabada por los agentes, únicamente los edificios de oficinas de la estación y la cafetería Telesilla cuentan con una depuradora propia gestionada por la instalación invernal, que tampoco dispone de autorización de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica.
Durante la tramitación del procedimiento ambas administraciones presentaron alegaciones, en las que se atribuyeron mutuamente la responsabilidad sobre la gestión de los vertidos. El Ayuntamiento de Lena defendió que las competencias sobre la estación corresponden al Principado, titular de las instalaciones, mientras que la Consejería argumentó que no puede asumir la responsabilidad por no ser propietaria de todos los inmuebles afectados.
Sin embargo, CHC concluye que no es posible determinar el grado de participación de cada administración en los hechos denunciados y que ambas han incurrido en "conductas omisivas". Por un lado, el Principado, "como titular de la explotación de la estación, es responsable de la actividad que genera las aguas residuales"; por otro, "el Ayuntamiento suministra agua potable a las instalaciones sin haber garantizado la existencia de un sistema de saneamiento adecuado o haber exigido su implantación". Ante esta situación, el organismo estatal decide imponer la sanción de forma solidaria.
Responsabilidad compartida
La resolución subraya también que ninguna de las administraciones ha acreditado la existencia de instrumentos de colaboración que permitan delimitar claramente las responsabilidades en la gestión del ciclo del agua en la estación, lo que refuerza la decisión de atribuir la infracción a ambas entidades.
Aunque la multa económica es reducida, el aspecto más relevante de la resolución es el requerimiento para que se adopten medidas correctoras que eviten el riesgo de contaminación de los arroyos Brañillín y Ortigón. En caso de incumplimiento, la Confederación advierte de que podría iniciar procedimientos de ejecución forzosa.
La denuncia que originó el expediente partió de la asociación de vecinos de El Brañillín, cuyos representantes aseguran que llevan años alertando de la situación. “Llevamos años comunicando al Ayuntamiento y al Principado esta irregularidad sin ningún éxito, por lo que nos vimos abocados a acudir a la Confederación”, señalan desde el colectivo vecinal.
Los residentes recuerdan que la urbanización es el segundo núcleo urbano del concejo de Lena en número de viviendas después de Pola de Lena, con cerca de 280 apartamentos repartidos en varios edificios y cinco albergues que suman más de 300 plazas. A pesar de ello, denuncian que durante los últimos 25 años "no se han realizado inversiones en infraestructuras de saneamiento en la zona, pese a que los propietarios abonan impuestos municipales como el IBI destinados, entre otras cosas, al mantenimiento de servicios públicos básicos".
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