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La Fiscalía avala las advertencias del director de Valgrande-Pajares y denuncia al jefe de explotación por un presunto delito contra la seguridad laboral

El Ministerio Fiscal aprecia indicios de incumplimiento de inspecciones en un telecabina en abril de 2024 que puso en riesgo a dos trabajadoras y abre diligencias en el Juzgado de Instancia de Lena

Uno de los remontes de Valgrande-Pajares.

Uno de los remontes de Valgrande-Pajares. / LNE

Mieres del Camino

Las advertencias que el director de Valgrande-Pajares, Javier Martínez, viene haciendo sobre los problemas en la estación y su derivada en riesgo para la seguridad de usuarios y trabajadores (adelantadas por este diario) han quedado avaladas, al menos en parte, por la Fiscalía del Principado de Asturias. La acusación pública acaba de presentar una denuncia contra el jefe de explotación de la estación al apreciar indicios de “un delito contra la seguridad en el trabajo en el desempeño de su actividad profesional”.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado la denuncia ante el Tribunal de Instancia de Lena tras desarrollar diligencias de investigación a raíz de la comunicación remitida el pasado 26 de febrero por el director de la estación invernal y de montaña. En ese escrito se trasladaban varios hechos que, a juicio del responsable de la instalación, podrían ser constitutivos de infracción penal. Tras el análisis de la documentación aportada, el Ministerio Fiscal ha decidido actuar en relación con uno de los episodios denunciados, al considerar que el resto carece de relevancia penal.

Riesgo de descarrilamiento

Según recoge el escrito, el caso se centra en una incidencia registrada el 7 de abril de 2024 en la telecabina de la estación, en cuyo interior se encontraban dos trabajadoras. El suceso generó un riesgo de descarrilamiento del teleférico, una situación que, de acuerdo con la valoración provisional de la Fiscalía, "podría haberse producido como consecuencia del incumplimiento de las inspecciones previas de seguridad exigidas antes de la puesta en marcha de la instalación".

El Ministerio Público sostiene que el jefe de explotación había confirmado verbalmente que dichas inspecciones se habían realizado, circunstancia que, de acreditarse durante la investigación judicial, "podría constituir un delito contra la seguridad en el trabajo recogido en el artículo 316 del Código Penal". Las dos trabajadoras lograron abandonar el habitáculo y detener la maniobra, evitando que la incidencia tuviera consecuencias personales.

Juzgado de Pola de Lena

La denuncia se enmarca en un procedimiento que ahora deberá ser analizado por el Tribunal de Instancia de Lena, que será el encargado de determinar si existen indicios suficientes para continuar con la investigación y, en su caso, depurar responsabilidades penales.

En el mismo escrito remitido a la Fiscalía, el director de Valgrande-Pajares también señalaba a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, así como a la consejera y a la directora general de Deportes, por hechos que, a su juicio, podrían comprometer la seguridad en la explotación de las instalaciones de transporte por cable.

Sin embargo, tras el análisis de la documentación, la Fiscalía considera que estos hechos se encuadran en "un conflicto de carácter laboral y organizativo, sin que se describa un riesgo concreto y específico para la seguridad de trabajadores o usuarios". En consecuencia, entiende que carecen de relevancia penal.

Pruebas técnicas

Del mismo modo, el Ministerio Fiscal descarta relevancia penal en las incidencias registradas durante unas pruebas técnicas realizadas en un telesilla en noviembre de 2025, al "no constar que hubiera personas expuestas a un riesgo directo, aunque no se descarta que pudieran derivarse responsabilidades de otra naturaleza en caso de daños materiales".

En el escrito que el director de la estación trasladó a la Fiscalía, registrado el 25 de febrero de 2026 y que adelantó este diario, sostiene que la Administración autonómica ha desatendido de forma «reiterada y sistemática» los informes técnicos que alertaban de la falta de cualificación del jefe de Explotación, figura clave en cualquier estación de esquí. Según la normativa, este responsable es el garante último de la seguridad en los remontes y quien debe decidir cada jornada la apertura o cierre de las instalaciones. Sin su presencia efectiva, subraya la denuncia, la estación no puede operar.

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