Ofensiva contra el vandalismo en Mieres: multas y esponjas para los grafiteros (que se han convertido en una "plaga")

El Ayuntamiento de Mieres ha iniciado una ofensiva para acabar con los grafiteros ilegales que han llenado de pintadas todo el concejo, desde edificios, vallas de la autovía, paradas de autobús, mobiliario urbano o, incluso, bienes de la máxima protección cultural, como el poblado minero de Bustiello.

Ante la proliferación de estos actos vandálicos, la Policía Local ha intensificado la vigilancia que desde hace años desarrolla para intentar frenar este fenómeno. Fruto de este refuerzo, los agentes han procedido recientemente a denunciar a siete jóvenes, la mayoría menores de edad, que fueron identificados tras pintar por completo el paso subterráneo que une la estación de tren con la carretera de acceso a Siana.

Solo en lo que va de mes se han levantado una docena actas de denuncia administrativa, según fuentes policiales. Los autores identificados tienen edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, aunque la mayoría son menores. Además, en las últimas semanas también se ha localizado a personas procedentes de otros concejos, como un joven de Avilés denunciado tras realizar pintadas en la sede del PP de Mieres y en varias marquesinas del transporte urbano.

Las sanciones a las que se enfrentan los denunciados, salvo casos puntualmente graves, oscilan entre los 200 y los 750 euros. Sin embargo, el objetivo del Ayuntamiento va más allá del castigo económico, especialmente en el caso de los menores. En estos casos, se está informando a las familias de los hechos y de sus posibles consecuencias, y se están alcanzando acuerdos para que los propios autores participen en la limpieza de los espacios dañados. Se trata de una medida educativa de reparación del daño que busca transformar la sanción en una oportunidad de aprendizaje y concienciación. “La respuesta de los padres está siendo muy positiva y hay chavales que se han dado cuenta del error y se han volcado con la tarea”, señalan portavoces de la Policía Local.

Implicación de las familias

De hecho, parte de los jóvenes implicados comenzarán en los próximos días a borrar los grafitis realizados, siempre con el consentimiento de sus padres. “La intención es evitar que estas conductas deriven en procedimientos penales, apostando por una vía correctora que fomente la responsabilidad y el respeto por el entorno urbano”, explican fuentes municipales. En algunos casos, como el de varios menores sorprendidos pintando en el parque Jovellanos, ya se optó por esta fórmula. Las pintadas fueron eliminadas sin tramitar denuncia, quedando la actuación en manos de sus familias.

A pesar de la presión policial, el problema persiste. La vigilancia conjunta de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía no ha logrado por el momento disuadir por completo a los autores. De hecho, hay varios jóvenes pendientes de juicio por hechos similares cometidos el pasado año, algunos de ellos durante la celebración de la Folixa. Además, desde la Policía Nacional se mantienen abiertas actuaciones por daños en medios de transporte, un ámbito especialmente sensible.

Coordinación policial

La coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad —Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil— es, según destacan las fuentes consultadas, “máxima”, con un intercambio constante de información que está permitiendo mejorar los resultados en la identificación de los autores. En este sentido, la Policía Local de Mieres ha ido especializándose en la investigación de grafitis, contando incluso con la colaboración de la Brigada Móvil del Transporte con base en Oviedo.

Más allá de la vertiente sancionadora, el principal esfuerzo de los agentes se centra en la prevención. Los policías informan a los jóvenes de las consecuencias legales y económicas de sus actos, así como del impacto negativo que generan en la imagen del concejo. Al mismo tiempo, se les orienta hacia alternativas legales vinculadas al arte urbano, con el objetivo de canalizar su interés creativo hacia espacios autorizados.

El reto, coinciden las autoridades, “es conjugar firmeza y pedagogía para erradicar una práctica que deteriora el patrimonio común sin renunciar a educar en el respeto y la convivencia”.

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