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El gobierno local de Langreo (IU) denuncia una "campaña de desinformación" para "boicotear" el plan urbanístico del barrio de El Puente

Los afectados, que volvieron a movilizarse, aseguran que están "fuertes" para seguir con el encierro en el Consistorio, que ya dura 54 días

VÍDEO: Protesta de los vecinos de El Puente frente al Ayuntamiento de Langreo

Miguel Ángel Gutiérrez

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Langreo

El anuncio realizado días atrás por parte del gobierno local de Langreo (IU) de paralizar el proyecto urbanístico del barrio de El Puente para iniciar un proceso de diálogo con los vecinos no parece haber sofocado el incendio surgido en torno a esta actuación. Lejos de apagarse, parece que el fuego es más intenso. El gobierno local denunció públicamente este viernes "una campaña de desinformación" y "una ofensiva de manipulación" sobre el proyecto "construida" en las redes sociales y "promovida por algunos grupos de la oposición", que "pretende boicotear el proceso de diálogo anunciado por el Consistorio e impedir cualquier tipo de acuerdo".

Al mismo tiempo, Vox acusó a IU de no respetar los términos del Pleno extraordinario convocado para el lunes, mientras que los vecinos afectados (que llevan 54 días encerrados en el Consistorio y este viernes volvieron a movilizarse) aseguraron que "estamos fuertes y no pararemos hasta que tengamos garantías de que no nos van a echar de nuestras casas".

Gobierno local

El gobierno local detalló que esa campaña de desinformación que denuncia se sostiene "a partir de datos manipulados, incompletos o malinterpretados sobre el proyecto de reforma urbana. Sospechamos que estas acciones responden a una operación orquestada y promovida, fundamentalmente desde algunos grupos de la oposición, con el objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo ante la próxima apertura de las mesas de diálogo, cuyo propósito es escuchar a propietarios, afectados y colectivos para analizar alternativas y encontrar alguna salida viable que permita desbloquear el conflicto".

Las mismas fuentes indicaron que "ese proceso de negociación solo podrá avanzar y resultar efectivo si se desarrolla sobre datos reales y verificables, y desde una posición de honestidad y rigor de todos los implicados". Añadieron que "para buscar una salida hace falta diálogo desde la lealtad, voluntad de acuerdo y también rigor. No se puede construir una alternativa desde el engaño, la manipulación, la difusión interesada de información incompleta y con relatos diseñados para alimentar el bloqueo". El gobierno local entiende que "muchas de las interpretaciones que circulan sobre El Puente responden, en algunos casos, al desconocimiento del expediente y, en otros, a una lectura parcial o sesgada de los datos".

Los responsables municipales pusieron como ejemplo que "se están manipulando cifras y situaciones para confundir a la opinión pública, se está diciendo que los propietarios quedan en la ruina cuando lo cierto es que la operación contempla siete millones de euros para la adquisición del suelo y hay varios de los 46 propietarios afectados que han mostrado interés en vender sus inmuebles al Principado. Así que la operación podría avanzar de mutuo acuerdo". "No se trata de imponer nada, solo de hablar y respetar el interés de todo el mundo", señalaron.

El Ejecutivo local lanzó este "llamamiento" tras "advertir que determinadas plataformas y canales en redes sociales están contribuyendo a fijar un relato distorsionado sobre los contenidos del proyecto, el alcance de la reforma, la suspensión de la tramitación y las intenciones municipales". Argumentaron, en la misma línea, que "algunos vecinos nos han trasladado incluso que, en ciertas plataformas y canales pretendidamente ecuánimes e independientes, se censuran o bloquean comentarios que no coinciden con su posición". A juicio del Ayuntamiento, "esta dinámica dificulta seriamente la creación de un clima mínimo de confianza para entablar una negociación eficaz".

Los vecinos, frente al Ayuntamiento.

Los vecinos, frente al Ayuntamiento. / M. Á. G.

El gobierno local resaltó que "nuestra posición de mano tendida a todas las partes es sincera, lo hemos señalado en numerosas ocasiones, no hay engaño, queremos buscar la mejor solución", aseguraron, para exponer que "no pretendemos engañar a nadie ni llevar a cabo ninguna imposición, creemos en la participación ciudadana, es una de nuestras señas de identidad política, y vamos a hacer bandera de ella. Estamos ante un proyecto clave para la ciudad y sería un lujo perderlo, pero también somos sensibles hacia la situación de los afectados. Por eso vamos a hablar con todos para tratar de buscar una solución. Para ello, abriremos un proceso de urbanismo participativo que posiblemente no tenga precedente en Asturias. En eso consiste gobernar".

El equipo de gobierno aseguró que, "como muestra de esa voluntad de acuerdo", la tramitación del plan "está suspendida" y que la decisión "se ha notificado oficialmente al Principado. En los próximos días se abrirá un periodo de información, escucha y análisis de las alternativas que se planteen". Insistieron en que "no hay engaño ni doblez por nuestra parte. Estamos preparando un programa con contenidos y participantes para informar, primero, y después escuchar a los afectados y estudiar fórmulas que puedan salvar los obstáculos existentes. Solo esperamos que la postura de todos sea constructiva, pero eso exige trabajar con información veraz y no con bulos o lecturas interesadas".

"El Ayuntamiento hará una propuesta en los próximos días para ordenar el debate público sobre El Puente, aclarar los antecedentes del proyecto y explicar con transparencia los datos disponibles, las posibilidades reales de negociación y los límites de cada alternativa", concluyeron las mismas fuentes.

Vecinos afectados

La postura del gobierno local se hizo pública en una jornada en la que los vecinos afectados por las expropiaciones, que protagonizan un encierro rotatorio en el Ayuntamiento desde hace 54 días, organizaron una nueva concentración de protesta frente al Ayuntamiento. "Llevamos aquí 54 días sin ningún tipo de diálogo por parte del gobierno local y faltando a la verdad. Se les llena la boca hablando de negociación, negociación y no sé con quién, será con personas afines. Estamos aquí defendiendo que con nuestros hogares y nuestros negocios no se negocia", indicó María Núñez en representación de los afectados.

La protesta vecinal.

La protesta vecinal. / M. Á. G.

Núñez afirmó que "no vamos a permitir que nos echen de nuestras casas cuando hay sitio de sobra para construir los pisos. Queremos que se arregle el barrio, lo que hemos dicho desde el principio. Pero que se arregle el barrio no sea a costa de echarnos de nuestras casas". Añadió que muchos vecinos del barrio, sobre todo "gente mayor" están "acusando una presión psicológica que es muy fuerte". No obstante, aseguró que "estamos fuertes y seguiremos con el encierro hasta que haga falta, hasta que haya garantías de que no nos van a echar de nuestras casas", indicó Núñez para destacar el apoyo social recibido "con 8.000 firmas recogidas hasta ahora".

También aludió la representante vecinal al Pleno convocado para el lunes a petición de Vox y los ediles no adscritos para abordar el proyecto: "Parece ser que quieren que sea un pleno informativo y que no se vote nada. No sé si será legal".

Vox

Daniel Martínez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, indicó que "lo que solicitamos Vox y los concejales no adscritos, en su momento, fue la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto del orden del día: debate y aprobación, si procede, del convenio del barrio. Es decir, que se vote el convenio. Es lo único que solicitamos".

"Lo que han hecho desde Alcaldía es modificar la convocatoria del pleno de tal manera que lo que va a pasar el lunes es que sea una especie de dación de cuenta, de información sin más", apuntó Martínez, "eso no es lo que nosotros solicitamos", Y añadió: "Deben respetar lo que el 25 por ciento de concejales de la oposición hemos solicitado. Porque la Alcaldía no puede modificar, y además hay jurisprudencia, una solicitud de un pleno extraordinario que formulan el mínimo legal de los concejales".

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