Fracasa el intento municipal de recusar al juez de lo social de Mieres: el TSJA rechaza la petición del Ayuntamiento y el PP carga contra el gobierno local de IU

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado la recusación presentada por el Ayuntamiento de Mieres contra el magistrado titular de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Mieres, que continuará al frente de un procedimiento por despido y tutela de derechos fundamentales promovido por un trabajador municipal.

El Consistorio había solicitado apartar al juez alegando distintas causas relacionadas con la existencia de un familiar vinculado al sindicato CSIF, que representa al demandante. Sin embargo, el tribunal concluye que no concurren los motivos invocados y recuerda que la imparcialidad judicial se presume salvo que existan pruebas objetivas que acrediten lo contrario, circunstancia que no se aprecia en este caso. Asimismo, destaca que el Ayuntamiento no había planteado recusaciones en otros procedimientos de características similares tramitados anteriormente por el mismo magistrado.

La resolución devuelve el conocimiento del asunto al juez recusado, impone las costas del incidente al Ayuntamiento y señala que contra esta decisión no cabe recurso, sin perjuicio de que la cuestión pueda volver a plantearse en una eventual impugnación de la sentencia que resuelva el fondo del litigio.

Reproches políticos

La decisión del TSJA ha dado pie al PP a intensificar sus críticas al gobierno local. El concejal Víctor Ferreira enmarcó este revés judicial dentro "de una sucesión de resoluciones desfavorables para el Ayuntamiento en materia de personal y selección de trabajadores". Según el edil, "el auto desmonta la estrategia seguida por el Consistorio durante los últimos meses para cuestionar la actuación del magistrado de lo Social".

Los populares sostienen que la recusación formó parte de un intento de atribuir a una supuesta parcialidad judicial decisiones que posteriormente han sido ratificadas por instancias superiores. Ferreira también vinculó este caso con la reciente sentencia que obliga al Ayuntamiento a retrotraer el proceso selectivo de quince plazas de oficial conductor, así como con otros litigios laborales perdidos en los últimos años.

El PP reclama explicaciones al equipo de gobierno y critica el coste económico que estos procedimientos judiciales están suponiendo para las arcas municipales, al considerar que las costas derivadas de las resoluciones desfavorables terminan siendo asumidas por los contribuyentes mierenses.

Reclamaciónn de un conductor

Ferreira entró finalmente en la citada sentencia que obliga al Ayuntamiento a retrotraer el proceso selectivo de quince plazas de oficial conductor. En ese procedimiento, un juzgado estimó el recurso de un aspirante al entender que el tribunal calificador no había valorado adecuadamente la experiencia profesional que había sido previamente reconocida por vía judicial, lo que obligará al Consistorio a revisar las actuaciones realizadas. Para el edil popular, ambas resoluciones son un ejemplo de los problemas que arrastra la gestión municipal en materia de personal.

Ferreira concluye con una dura crítica: "Es inevitable percibir –y denunciamos con preocupación– que existe un doble rasero: mientras se pone la alfombra roja y se facilitan las cosas a quienes profesan afinidad política con el equipo de Gobierno, a aquellos trabajadores que no orbitan en torno a sus intereses se les somete a un calvario judicial". Y añade: "Este retrato de opacidad y enchufismo es el que lastra la credibilidad en los procesos de selección municipal".

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