Las familias de la concertada de Mieres, contra Educación: "Nos obligan a escolarizar a nuestros hijos donde no hemos elegido y ponen en riesgo nuestra conciliación"

Las familias afectadas por la reducción de unidades en los colegios concertados de Mieres han elevado el tono de sus reclamaciones a la Consejería de Educación y exigen una reunión urgente con la consejera ante la proximidad del cierre del plazo de matriculación. La movilización, que también afecta a familias de Langreo, tiene su principal foco en el concejo mierense, donde decenas de padres denuncian que la negativa a autorizar nuevas unidades en Infantil les obliga a escolarizar a sus hijos en centros distintos a los elegidos durante el proceso de admisión.

La protesta agrupa a familias de los colegios Santo Domingo de Guzmán y Lastra, en Mieres, y del Beata Imelda-Santo Tomás, en La Felguera. Según los portavoces del colectivo, las reclamaciones presentadas ante la Administración para solicitar el desdoble de aulas continúan sin respuesta, una situación que consideran especialmente preocupante a pocos días de que finalice el proceso de matriculación.

Las familias sostienen que su reivindicación no responde a una confrontación entre enseñanza pública y concertada, sino a la necesidad de garantizar la conciliación laboral y familiar. En este sentido, aseguran que muchas de las personas afectadas eligieron estos centros por cuestiones organizativas y por la posibilidad de que sus hijos puedan desarrollar toda su trayectoria educativa en un mismo proyecto, desde Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria.

El caso que concentra una mayor atención es el del colegio Santo Domingo de Guzmán de Mieres. Los representantes de las familias afirman que el centro recibió 41 solicitudes como primera opción para el próximo curso y consideran que esa demanda justificaría la autorización de una segunda unidad. Además, sostienen que el colegio dispone de espacio suficiente para asumir ese incremento y que incluso habría planteado alternativas organizativas para hacerlo sin un coste añadido para la Administración.

Los afectados denuncian que, mientras esta petición no ha prosperado, otros centros públicos del concejo sí han visto autorizadas nuevas líneas. A su juicio, esta situación evidencia una diferencia de criterio que perjudica a la enseñanza concertada.

Fractura de la ruta educativa

La preocupación de las familias va más allá de la asignación de plaza para el próximo curso. Los portavoces consideran que impedir el acceso al centro elegido en la etapa de Infantil rompe la planificación educativa que habían diseñado para sus hijos y limita su capacidad de elección. También alertan de las consecuencias que, según sostienen, tendría una escolarización forzosa en otros centros sobre la organización diaria de numerosos hogares.

Entre los argumentos expuestos figura el posible impacto sobre la conciliación. Las familias aseguran que los horarios de los centros asignados podrían obligar a algunos padres y madres a modificar o reducir sus jornadas laborales para atender las necesidades de recogida y acompañamiento de los menores. A su juicio, ello tendría además una repercusión económica directa en los hogares afectados.

La movilización se produce en un contexto de creciente malestar dentro de la enseñanza concertada asturiana. En las últimas semanas, sindicatos y representantes del sector han denunciado que el actual sistema de conciertos educativos dificulta la recuperación de unidades perdidas en cursos anteriores, incluso cuando vuelve a existir demanda suficiente por parte de las familias.

Los portavoces del colectivo de las Cuencas consideran que la situación que atraviesan los colegios de Mieres y Langreo forma parte de una tendencia más amplia que, a su juicio, está provocando una reducción progresiva de la oferta concertada. Por ello, reclaman que la Consejería revise con urgencia los expedientes pendientes y abra una vía de diálogo antes de que concluya el plazo oficial de matriculación.

De no producirse avances, las familias anuncian que estudiarán la presentación de recursos administrativos y acciones judiciales para intentar revertir unas decisiones que consideran lesivas para sus derechos y para la libertad de elección de centro educativo.

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