Mieres se echa a la calle contra la venta de droga en un narcopiso de la Avenida de Sama: "No podemos seguir así, es un infierno"

Más de un centenar de vecinos de Mieres, arropados por la práctica totalidad de la corporación municipal, tomaron este martes la calle para reclamar el fin de tres años de amenazas, miedo y venta de droga en la avenida de Sama. Residentes de la zona, representantes vecinales y concejales del equipo de gobierno y de la oposición se concentraron ante el portal número 1 de la citada vía, el inmueble en el que residen los "camellos", para exigir una solución definitiva a un problema que, denuncian, ha convertido la convivencia en «un infierno».

La protesta, convocada por los propios vecinos y respaldada por la asociación de Requejo, sirvió para representar el hartazgo y la impotencia de un barrio que ya no puede más. Entre las pancartas podían leerse lemas como «Seguridad para nuestro barrio» o «Fuera la venta de droga», mientras los asistentes reclamaban medidas que permitan devolver la tranquilidad a una zona que, aseguran, lleva demasiado tiempo marcada por la inseguridad.

José Antonio Pérez Rodríguez, representante de los vecinos afectados, volvió a poner voz al malestar de quienes conviven a diario con el narcopiso. «No podemos seguir así, esto es horrible, un infierno», resumía. Pérez Rodríguez explica que durante estos tres años los residentes han soportado un incesante trasiego de personas que acuden al edificio a comprar o consumir droga, insultos, amenazas, desperfectos en las zonas comunes y un clima de tensión permanente. «Queremos poder salir de casa sin miedo y recuperar la normalidad», reclama, insistiendo en que el problema ya no afecta solo al inmueble, sino a todo el entorno.

Los vecinos reconocen que tanto la Policía Nacional como la Policía Local acuden cuando son requeridas, pero consideran que las actuaciones no consiguen erradicar el problema. Por ello, reclaman una respuesta que vaya más allá de las intervenciones puntuales y permita acabar de forma definitiva con el punto de venta de droga. Entre los asistentes se encontraban buena parte de los concejales de la corporación municipal. El edil de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier García, explicó que el alcalde no pudo acudir por motivos personales, aunque quiso trasladar el apoyo de todo el equipo de gobierno a los vecinos. «Estamos con ellos», asegura.

El edil destaca que la Policía Local trabaja de forma coordinada con la Policía Nacional y que la vigilancia en la zona es constante, aunque admite que la legislación limita en muchas ocasiones la actuación de las fuerzas del orden. «A veces las leyes son caprichosas y se llega hasta donde se llega», afirmó. García dice que buena parte del trabajo policial consiste en vigilar el entorno, identificar, denunciar o detener, cuando procede, a quienes acuden a comprar droga, aunque reconoce la dificultad de actuar contra quienes presuntamente la venden. «Saben regatear a la ley», afirma. Según sostiene, los vendedores conocen perfectamente cómo moverse para evitar consecuencias penales, manejando pequeñas cantidades de estupefacientes y alegando que son para consumo propio. «Es una situación muy triste», lamenta, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de seguir respaldando a los afectados.

También intervino José Manuel Lamelas, integrante de la asociación vecinal de Requejo, quien comenzó criticando la escasa respuesta del movimiento vecinal. «Es una vergüenza que no hayan acudido más asociaciones cuando se convocó a todas», afirma, recordando que la lucha contra este tipo de problemas debería ser compartida por todo el municipio. Lamelas admite que, en muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad «tienen las manos atadas», pero reclama a las administraciones y a los responsables políticos que agoten todas las herramientas a su alcance. «Vender droga es delito aquí y en Rusia», afirma reclamando que esa actividad «se persiga como sea» para devolver la tranquilidad al barrio.

La concentración con un mensaje claro: los vecinos aseguran que mantendrán las movilizaciones hasta que desaparezca un narcopiso que, sostienen, lleva tres años condicionando la vida de decenas de familias en la avenida de Sama y de todo el entorno.

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