A estas alturas del proceso, cuando se avecina la matanza y se prevé mes y medio de dudas, mentiras y elucubraciones, la peña constitucionalista no sale de su asombro y, si me apuran, se encuentra más confundida que nunca. Se han despejado dudas y han aflorado nuevas interrogantes. Los miembros del Govern están encarcelados o exilados en libertad provisional, igual que los dos dirigentes de las organizaciones civiles que los sustentan y, con elecciones autonómicas a la vista, desde el mundo soberanista se sugiere la unión de todos para acudir a las urnas unidos como una piña con objeto de obtener una mayoría absoluta.
Si esto ocurriera de este modo, y tal y como pretenden, es muy posible que obtuvieran escaño los 16 rebeldes investigados en España y Bélgica antes de que fueran juzgados, si se llega a ello. Sin olvidarnos del asunto pendiente de los componentes de la mesa del Parlament, que todo hace pensar que terminará con seis personas más en prisión. Todo un maremágnum de actividad jurídica y política, con recursos a diestro y siniestro, movilizaciones callejeras, manifestaciones en pro y en contra y mensajes en el mismo sentido en campaña y precampaña electorales que se harán desde prisión, por un lado, y en vivo y directo, por otro.
Todo ello nos desborda de tal forma que hasta hemos llegado a pensar que, a través de su rebelión e incumplimiento de todas las leyes habidas y por haber, han llegado a conseguir lo que querían: poner patas arriba a Cataluña, en particular, y a España, en general. Sembrar el caos en el país y contagiarlo al corazón de Europa, en un diseño de estrategia meticulosamente pensado y medido al efecto.
Aunque lo que ahora importa es la administración de la comunidad, la aplicación del famoso artículo para que, cuanto menos, en los próximos meses las cosas recuperen parte de la perdida normalidad. Hasta que, pasado el 21-D, estemos de nuevo en el punto de partida o aún peor, si cabe. Termina una historia y comienza otra. La misma.
