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Hora de compromisos con el medio rural

La necesidad de que las administraciones se impliquen en iniciativas que generen actividad en los montes y los pueblos

Asturias es forestal. Si pudiéramos hacer un reparto de la superficie forestal entre el total de los habitantes de Asturias, a cada asturiano le correspondería 0,7 hectáreas. O lo que es lo mismo, a cada asturiano, le tocaría una superficie próxima a la de un campo de fútbol. Las manchas

Asturias es tierra de castaños autóctonos. De hecho, lo encontramos en más de 77.000 hectáreas. Constituye, junto con el roble, la esencia del bosque mixto asturiano.

En los territorios comprendidos en los municipios de la Montaña Central (Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa), hay una superficie forestal de 95.486,5 hectáreas, divididos de la siguiente manera: Superficie forestal de 68.482,1 ha (71,7%) y una superficie arbolada de 33.728,8 ha (35,3%).

Viendo los datos, es indispensable para nuestro Grupo Cooperativista, llegar a una mejor comprensión de los efectos de la extracción de productos forestales, sobre la productividad del suelo y los futuros rendimientos porque creemos firmemente que la Montaña Central asturiana tiene unas condiciones únicas que nos pueden convertir en un referente nacional en el desarrollo forestal sostenible y la potenciación del sector primario. Tenemos un recurso propio y renovable a nuestro alcance, beneficioso para la naturaleza y que puede equilibrar nuestra manera de vida en estos territorios.

En El Maeral llevamos años apostando por el sector y creemos que podría generar muchísimos puestos de trabajo

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Con esta tendencia, nos sentimos obligados a pedir a nuestros gobernantes una mayor implicación y una apuesta clara para gestionar modelos integrados en los que se desarrollen potencialmente los aspectos económicos, relacionados con el desarrollo rural y el empleo.

La apuesta por el castaño por El Maeral, es de sobra conocida, y tiene dos potencialidades; la madera de calidad y el fruto. La producción de maderas nobles con la aplicación de técnicas silvícolas adecuadas, aumentará sus rendimientos y calidades y también facilitará su comercialización. Ese es el camino a nuestro modesto entender. Pero, además, también apostamos por el castaño de fruto como fuente de riqueza y creación de empleo en nuestros territorios. La realidad de la plantación de castaños de fruto de El Carbayu (Langreo) y la clara apuesta de la administración local por la iniciativa, marca un camino a seguir en la función económica municipal. No podemos olvidar que la producción de productos forestales supone una fuente de ingresos y un yacimiento de empleo de gran importancia en el medio rural.

La Administración tiene una gran responsabilidad a la hora de interpretar adecuadamente las necesidades de los habitantes rurales

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Uno de los principales problemas que nos surgen para sacar partido a nuestro montes es el régimen de propiedad; es muy común en la Montaña Central, que los montes comunales sean de propiedad municipal, mientras que en otra zonas (como el occidente asturiano), los montes son vecinales en mano común (auténtica propiedad colectiva vinculada a los pueblos, en los que las decisiones se toman por unanimidad). De ahí la importancia de que nuestros gobernantes se impliquen en esa gestión, es necesario que crean en ello y apuesten por el sector, no podemos llegar tarde en medidas y necesitamos: iniciativas, proyectos, eliminar burocracia, mejorar los planes generales urbanos, acondicionamiento de mejoras fiscales en negocios para el medio rural, acondicionamiento del IBI al Medio Rural, modelos de servicios rurales, la mejorar de presencia en la red de internet, etc. Para todo esto, se necesita el apoyo incondicional al sector como futuro modelo de motor económico.

Es evidente que no hay soluciones fáciles y que las respuestas las deben y las tienen los políticos, no los técnicos, ni tampoco los académicos. Las respuestas están en los compromisos políticos con los propios habitantes de las zonas rurales. A ellos es a los que hay que escuchar.

Las administraciones tienen, por tanto, una gran responsabilidad a la hora de interpretar adecuadamente tanto las necesidades de los habitantes rurales para trabajar y vivir dignamente en sus pueblos, como las demandas de la sociedad en general de bienes y servicios generales, incluyendo el propio paisaje rural como un patrimonio colectivo.

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