En alguna ocasión, en estas mismas páginas, he mostrado mi conformidad con las medidas del Gobierno sobre el confinamiento. Y no porque me sienta a gusto recluido en mi domicilio de un modo forzoso, sino porque tales medidas han demostrado su eficacia de una forma contundente: basta con fijarse en los efectos del primer enclaustramiento, con la consiguiente disminución de infectados y muertos, para llegar a esa conclusión. De ahí que ante esta segunda oleada no quede más remedio que rendirse a la evidencia. Sin ir más lejos, mientras escribo estas líneas, leo que las altas en los hospitales vuelven a superar a los ingresos, lo que si bien es poco más que un suspiro de alivio, un pedazo de pan en el estómago de un hambriento, al menos indica que se van dando pequeños pasos para intentar librarnos de esta amenaza global que no sabemos cuándo tendrá fin.
A este respecto, hace unos días me paró en la calle un conocido para decirme que no nos estaban sirviendo de nada las medidas adoptadas. Su razonamiento era sencillo: ayer tuvimos veintitantos fallecidos, o sea que mucho ruido pero pocas nueces. Mi contestación llegó en forma de pregunta: ¿no crees que si no se hubieran adoptado estas precauciones el número sería mayor?, ¿que esos decesos se habrían multiplicado por dos o por tres? Razones sobradas hay para pensar que así hubiera sucedido, concluí.
Un ligero cabeceo me indicó que no parecía muy convencido de mis argumentos, así que continuó: ¿qué me dices entonces de las industrias afectadas por el cierre, de los miles de puestos de trabajo que se pierden, de los negocios que probablemente ya no vuelvan a abrir?
En este punto no tuve ninguna duda para mostrar mi preocupación ante un problema tan serio. Vale, le contesté, me muestro a favor de las medidas sanitarias de este Gobierno (no quiero pensar, continué, lo que sucedería si fueran otros los que estuvieran al mando). Dicho lo cual, no me resultó difícil admitir que si bien su apuesta por priorizar la salud frente a la economía era la correcta, faltaban, a mi juicio, mecanismos y si acaso voluntad política en algunos casos para agilizar en lo posible las ayudas necesarias para estos casos de emergencia.
Lo decía hace poco, y de un modo contundente, el presidente de la Unión de Consumidores: hay que reducir trámites y aumentar personal para que el escudo social sea efectivo. Cierto es que la ley es un mastodonte difícil de sortear, un obstáculo serio en el camino, pero precisamente esa apuesta es la que demuestra de un modo más claro la calidad de los gobernantes (dirigir una nave cuando el mar está en calma no añade ningún prestigio). Por eso, creo que hay que reducir los trámites burocráticos, agilizar en todo lo posible los procedimientos. Si la Ley de Subvenciones y otras legislaciones al respecto son un camino largo y farragoso, ¿por qué no admitir una declaración jurada, expuesta, naturalmente, a las naturales consecuencias en caso de falsedad, o buscar otros atajos: exención de tasas o de pago de cuotas o recibos, entre otras medidas, que sirvan para aliviar la situación?. Si los instrumentos fiscalizadores del Estado conocen de sobra nuestra situación económica, ¿qué impide ingresar sin dilación las ayudas de emergencia?
Fiarlo todo a la aprobación de los Presupuestos Generales es añadir más sufrimiento a quienes ya tienen suficiente. No olvidemos que eliminar la burocracia es engrasar las ruedas del progreso.
