Es cierto que la irrupción de la pandemia de la covid-19 en nuestra sociedad nos ha cogido por sorpresa a todos y, por ende, de manera desprevenida.
Aún aceptando que esto es cierto, el colectivo de Economistas y Asesores Fiscales quiere denunciar públicamente la injusta actuación que la Agencia Tributaria del Estado ha tenido con este colectivo de profesionales desde el pasado mes de marzo del presente año –momento en el que fue decretado el confinamiento general en todo el territorio nacional mediante el Estado de Alarma aprobado por el Gobierno de España con motivo de la grave situación causada por la covid-19– hasta el día de hoy, en el que seguimos inmersos en la denominada “segunda ola” de la pandemia.
Durante la conocida como “primera ola”, nuestro colectivo se vio en la obligación de realizar acciones laborales, hasta entonces inéditas para nosotros y, lo que aún resultó peor, en plazos excesivamente cortos y siempre expuestos a cambios y rectificaciones de última hora provenientes de la Administración, lo que en absoluto facilitaba nuestra labor.
Todo esto nos forzó a trabajar bajo una presión nada favorable para poder ofrecer a nuestros clientes soluciones pertinentes a sus necesidades.
Ejemplos de lo expuesto hasta aquí los tenemos en las actuaciones que los economistas y asesores fiscales nos hemos visto en la obligación de realizar, actuaciones y labores que en una situación de normalidad les correspondería realizar a los trabajadores de la Agencia Tributaria del Estado, pero que al estar en situación de teletrabajo, los puestos de trabajo de atención a los ciudadanos permanecían cerrados, por lo que esas funciones fueron realizadas por los asesores fiscales.
En lo que se refiere a la declaración de IRPF y el IVA, como quiera que los ciudadanos permanecieron confinados en sus domicilios, estas declaraciones no pudieron realizarse de manera presencial, lo que significó una gran dificultad para su resolución satisfactoria.
A todo esto hay que añadir que debido a la total ausencia de ingresos, por inactividad comercial, de nuestros clientes, el colectivo de Economistas Asesores Fiscales convino en no pasar los emolumentos de su prestación de servicio a sus usuarios como medida de apoyo y consideración.
En la denominada “segunda ola”, nos hemos encontrado con las misma dificultades en lo que se refiere a plazos cortos para la ejecución de los trabajos y a la acumulación de tramitaciones.
Por todo ello, desde el colectivo de Economistas y Asesores Fiscales, exigimos un trato de respeto profesional por parte de la Administración del Estado que en vez de facilitarnos la labor, hemos tenido que soportar críticas y desconsideraciones absolutamente injustas.
No pedimos trato de favor alguno, pero sí, cuando menos, una deferencia al trabajo que los economistas y asesores fiscales estamos desarrollando en situaciones verdaderamente difíciles.
La situación actual en la que está inmersa la ciudadanía es complicada, tanto en el aspecto sanitario como en el económico y el psicológico, por ello, en primer lugar la Administración y a continuación nuestro colectivo, debemos trabajar para facilitar el camino que ha de recorrer el ciudadano para conseguir hacer frente a las dificultades económicas.
Por nuestra parte, no importa el esfuerzo que tengamos que hacer, pero que éste, cuando menos, sea considerado y reconocido por la Administración del Estado.
