Han transcurrido 45 años desde que España decidiera abandonar vergonzosamente su provincia número 53 para entregársela a Mauritania –ésta abandonaría el territorio en 1979–, y Marruecos, que lo ocupa militarmente desde entonces.
Aquellos desdichados acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, habían liquidado todos y cada uno de los supuestos en que se había basado la doctrina de la descolonización española hasta esa fatídica fecha, basada en aceptar las exigencias de la Comunidad Internacional para llevar a cabo la autodeterminación, llegando inclusive, si así lo decidía la voluntad mayoritaria del pueblo saharaui, a la independencia.
Pero, los políticos de la España de 1975, con el rey Juan Carlos de Borbón en funciones de Jefe de Estado y actuando como un vulgar esbirro al servicio de la CIA, aprovechándose de la situación agónica de Franco, daban un giro radical a la doctrina descolonizadora asentada y decidían abandonar tan cobarde como canallescamente al pueblo español del Sahara, haciendo dejación de sus responsabilidades jurídicas, políticas e históricas y, lo más sangrante de estos indeseables “patriotas de banderita”, entregando, totalmente desamparadas, a aquellas personas y su tierra a la voracidad de un asesino como Hassan II, no sin antes haber pasado por “caja” para recibir el precio pactado, tal y como nos llegó a confirmar personalmente el mismísimo ministro de información de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Salem uid Salec, en una de nuestras visitas a los campamentos, destacando personajes como los Solís Ruiz, Areilza, Cortina Mauri y Álvarez Miranda, entre otros.
No obstante, es preciso recordar que, según la Resolución S/2002/161 del Departamento Jurídico de Naciones Unidas “los acuerdos de Madrid de 1975 no han transferido la soberanía del Sahara Occidental ni han otorgado a ninguna de las firmantes el status de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente”.
Por lo tanto, España sigue siendo al día de hoy la potencia administradora de iure y, como tal, sigue siendo responsable de conducir el territorio del Sahara, hoy okupado y masacrada su gente por el reino moro de Mohamed VI, hacia la plena descolonización, sin coacciones ni presencia de las fuerzas armadas moras.
Finalizada la guerra de los 15 años (1975-1991), el Frente Polisario decidió cambiar las armas por las urnas, confiando en que los nuevos tiempos inaugurados con el fin de la guerra fría harían posible la promesa de las Naciones Unidas de organizar un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis decidieran el futuro del territorio, pero, después de varios intentos de resolver el conflicto por una “tercera vía” todos resultaron fallidos, debido principalmente a la intransigencia del reino alauita con la complicidad de Francia, que no quería correr ningún “riesgo de perder” el territorio.
A partir de ahí, las Naciones Unidas han arrojado la toalla ante la imposibilidad de resolver el conflicto, resultando muy triste tener que reconocer que, como señala la declaración de guerra del Frente Polisario, la ONU se ha convertido en un simple fedatario de la ocupación.
Por su parte, la Unión Europea sigue negociando con Marruecos la explotación de los recursos naturales del territorio –el Sahara no solo ocupa un lugar muy valioso a nivel geoestratégico para los EE UU, sino que guarda en sus entrañas muy ricos y abundantes minerales de fosfatos, hierro, petróleo, gas, amén de su gran caladero pesquero–, incumpliendo de esta forma el requisito establecido en febrero de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que tal explotación sea acorde con el Derecho internacional, esto es, que el pueblo saharaui dé su consentimiento a tal explotación.
El Frente Polisario, en términos de la Asamblea General de la ONU, “único y legítimo” representante del pueblo saharaui, ha rechazado de plano dar su consentimiento a tales acuerdos, entre otras cuestiones, porque, tal y como señaló el Abogado General en sus conclusiones relativas a los acuerdos de pesca, la UE viola varias de las normas fundamentales del Derecho Internacional: el derecho de autodeterminación de los pueblos, la prohibición de reconocer situaciones derivadas del uso de la fuerza (la ocupación militar), la prohibición de contribuir con su comportamiento a la consolidación de tal situación…
Por si esto no fuera suficiente, con la reciente decisión de la administración Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados del Sahara Occidental, EE UU modifica radicalmente su posición en relación con el conflicto.
Desde entonces, todos los gobiernos que se vinieron sucediendo en España, tras la felonía cometida contra el pueblo saharaui, no sólo han mirado para otro lado, tratando de endosar a otras instancias la solución de un desgarrador conflicto que ellos contribuyeron a crear, sino incluso vendiéndoles armamento de todo tipo, como ocurrió con el gobierno del PSOE presidido por Felipe González –hoy consejero áulico del rey moro Mohamed VI– para que el sucesor del asesino Hassan II las emplee contra aquel pueblo que, allá por noviembre de 1976, tuvo el cinismo de visitar en las arenas del desierto para darles su total apoyo en nombre del PSOE y posteriormente exigir al gobierno de Adolfo Suárez, en el pleno del Parlamento de 16 de agosto de 1979, “el reconocimiento del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, así como los derechos de este pueblo a la independencia y soberanía nacional en el marco de la intangibilidad de las fronteras heredadas de la época colonial, de acuerdo con las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización para la Unidad Africana”.
Entre quienes mantenemos la esperanza de que el conflicto se resuelva mediante un referéndum de autodeterminación, la llegada de Unidas Podemos al gobierno fue muy bien recibida, porque desde el final de la dictadura el PCE e IU han venido defendiendo con firmeza esta solución, y porque el propio Pablo Iglesias se había comprometido públicamente a impulsarla, participando incluso en actos de solidaridad con el pueblo saharaui. Pero parece que las cosas se ven de forma muy diferente desde el gobierno, tal como ya ocurriera con el cínico e hipócrita Felipe González.
En estas circunstancias, ¿qué salida le queda al pueblo saharaui? ¿Seguir esperando otro medio siglo cuando en los campamentos de refugiados han nacido ya dos generaciones viviendo de la solidaridad internacional? Desde luego, no seré yo quien defienda la vía de la guerra para resolver el conflicto, pero el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional a quien el Derecho internacional le reconoce el derecho al uso de la fuerza frente a la ocupación y dominación coloniales, por lo que si decide retomar efectivamente las armas no estará sino ejerciendo su derecho.
En 1991, el pueblo saharaui decidió cambiar las armas por las urnas, confiando en que sería la forma de llevar a cabo la descolonización. Una vez que Marruecos ha quemado las urnas, y ante la pasividad de la comunidad internacional y la complicidad de nuestro país, no le queda otra salida que retomar las armas.
