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Javier García Cellino

Velando el fuego

Javier García Cellino

Los vigilantes de la playa

La necesidad de evitar que los ciudadanos se conviertan en centinelas de la pandemia

A medida que el bicho avanza a paso firme –y no seré yo precisamente quien me atreva a poner en solfa esta negra realidad– se va produciendo también un aumento progresivo de miedo entre los ciudadanos, que no dudan en pertrecharse contra los posibles contagios. Nada habría que objetar aquí a que se extremen las precauciones, a que el uso de la mascarilla, geles y demás instrumentos de defensa sean lo más rigurosos posibles; pero, como en cualquier conflicto entre seguridad y libertad (y de eso se trata en estos momentos), tiene que haber un punto medio que evite que se produzca un descarrilamiento de cualquiera de ellos.

Cierto es que gestionar esa problemática no es fácil (la historia no lo demuestra desde su nacimiento), y menos cuando, como en este caso, hablamos ya de la friolera de más de 2,7 millones de muertos. Pero, a un tiempo, se hace también necesario evitar que nos convirtamos en vigilantes de la playa, en ciudadanos que espían a otros ciudadanos y, en muchas ocasiones, lo hacen de la peor manera, exhibiendo todo un caudal de malos modales o improperios de todo tipo.

Evitar estos comportamientos no es solo una cuestión de la coyuntura actual, sino de un proyecto de convivencia a largo plazo; pues si ya vamos a salir bastante deteriorados en nuestro modo de vida cuando por fin el bicho nos deje en paz, sería conveniente que al menos siguiéramos conservando ciertas pautas saludables, y la buena educación y la armonía entre quienes formamos parte del mismo hábitat es una de las más importantes.

Sin embargo, las noticias que nos llegan a diario al respecto no son, por cierto, muy tranquilizadoras. El caso de una mujer madrileña de respetable edad que salió de Madrid para disfrutar de estas fiestas en su apartamento en un lugar de la costa de Alicante es uno de tantos. No tardó el lechero de turno, el vecino de la urbanización, en llamar a la policía. Así que en un plis plas la mujer se tuvo que volver a la capital. O los casos, aquí ya son abundantes los ejemplos que se podrían citar, de denuncias sobre fiestas ilegales en inmuebles. Y para que nada falte en estas situaciones, todo viene acompañado por un revival de los peores tiempos, cuando en nuestro país se puso de moda la ley de “la patada en la puerta” o “La ley Corcuera” (ministro socialista de dudosas raíces democráticas) que soliviantó a una buena parte de la ciudanía.

En los casos a los que me refiero, los agentes de la policía no tuvieron ningún reparo en entrar en el domicilio sin ninguna orden judicial. A mi juicio, ni el estado de alarma vigente ni ninguna orden ministerial permite transgredir el marco legal de la Constitución española que en su artículo 18.2 establece que “el domicilio privado es inviolable”. Ninguna entrada en el mismo podrá hacerse sin el consentimiento de su titular o resolución judicial, salvo en casos de flagrante delito”. Y es bien sabido que una fiesta ilegal es una falta administrativa, pero que no puede ser considerada un delito flagrante.

Mascarillas bien altas, geles de frecuente uso…, todas las medidas precautorias que se quiera, pero, por favor, que no vuelva el “Gran Hermano” (no nos convirtamos en un apéndice de la ley). Bastante falta de libertad tuvimos ya en esa época nefanda que, por desgracia, reivindica un partido que forma parte del entramado democrático. Una paradoja más, triste y cruel en este caso, la de que quienes siempre abominaron de la libertad, puedan ahora sentarse a su vera.

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