El domingo 12 de abril de 1931 se celebraban elecciones municipales en España, con una notable participación y un clima general de tranquilidad. En casi todas las grandes ciudades y poblaciones importantes, las candidaturas de la conjunción republicano-socialista obtuvieron una amplia mayoría: el triunfo fue abrumador en las cuencas mineras asturianas.
El 14 de abril se declaró una huelga general. A las ocho de la tarde, según fuentes oficiales, un comité revolucionario (convertido en gobierno provisional) proclamaba la república para toda España. A esa misma hora el Rey abandonaba España. Se decía en la prensa que “todas las impresionantes columnas del templo inmóvil se habían derrumbado”.
Fue una proclamación pacífica ordenada. El nuevo régimen fue recibido con gran entusiasmo por buena parte de la sociedad española, en especial por las clases populares. Se anunciaban tiempos de regeneración respecto a un pasado que se consideraba corrupto y decadente.
Para el historiador estadounidense, Edward Malefakis, el idealismo y la ambición fueron la gloria de la República; pero también demostraron ser su maldición, sobre todo por su probada “incontinencia utópica”, como aquella divisa de que “los daños de la libertad, con la libertad se curan”. Lo peor es que no hubo suficientes médicos para tantas dolencias.
Estaban en juego muchos y graves intereses que fue imposible conciliar. Grupos poderosos se oponían al menor cambio que pusiera en peligro sus antiguos privilegios, mientras que las clases más desfavorecidas reclamaban reformas radicales que nunca llegaban. Los conflictos y los problemas acumulados fueron agravando progresivamente la situación hasta hacerla insostenible.
Es cierto que al régimen republicano le faltó tiempo y estabilidad para poder consolidarse. Lo impidieron diversos factores, siendo los más determinantes: la dilatada tradición golpista del ejército, las crónicas y muy profundas desigualdades sociales, una débil clase media desbordada por los acontecimientos, una reforma agraria siempre prometida, la fallida insurrección de octubre de 1934 contra el orden republicano, la enconada cuestión religiosa, la creciente polarización política y social, casi irreductible tras las elecciones de febrero de 1936 que dieron el triunfo al frente popular: cinco meses después estallaría la guerra civil.
Coadyuvaron también otras circunstancias externas, tales como el crac financiero de 1929, que desencadenó la crisis económica más devastadora hasta entonces del sistema capitalista, el poder creciente de los regímenes fascistas, el maximalismo de la III Internacional Comunista, así como la debilidad de las democracias de una Europa convulsa que no pudo evitar tampoco una devastadora Segunda Guerra Mundial.
Se cumplen ahora 90 años de la proclamación de aquella “República democrática de trabajadores de toda clase en régimen de Libertad y Justicia”, como se establece en el artículo primero de la Constitución aprobada en diciembre de 1931.
El régimen republicano de 1931 es sin duda uno de los episodios históricos más relevantes, polémicos y estudiados de la España contemporánea. Y uno de los que más interés ha suscitado a escala internacional.
Hay sectores que aún reivindican (y mitifican) la Segunda República como si hubiera sido un régimen único y ejemplar. Pero la realidad es bastante menos idealista: durante algo más de cinco años se sucedieron sin tregua las batallas políticas y los conflictos sociales, con un antagonismo cada vez más enconado y feroz que desembocó en un inevitable enfrentamiento fratricida.
Por todo lo anterior no pudo cumplirse el principal objetivo de la Agrupación al Servicio de la República, que desde el principio aspiraba a implantar en España “un Estado auténticamente nacional, único, soberano e integrador de todas las clases de ciudadanos”.
En resumen, los azarosos vientos de la historia han quebrado trágicamente la experiencia política más prometedora que emprendió España en los tiempos modernos.
