El preámbulo de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía de Mieres, en vigor desde el pasado mes de marzo, determina que el espíritu que la guía es “encauzar de forma razonable la convivencia” en un municipio donde, quizás por razones culturales o por otras pegadas a sus particularidades demográficas, los perros forman parte de miles de hogares (8.000, según una aproximación estadística basada en los datos del Registro de Identificación de Animales del Principado). Estos primeros meses de vigencia han provocado, sin embargo, la disconformidad, diríamos incluso la indignación, de una parte no menor de los propietarios de mascotas que perciben en ciertos puntos de la norma y en el modo en que se ha aplicado el régimen sancionador un quebranto de la convivencia, extendiéndose entre nosotros la convicción de que la ordenanza, en lugar de poner remedio a los problemas que realmente existen, está provocando otros nuevos.
No está en nuestro ánimo entrar en descalificaciones personales ni en confrontaciones maniqueas que sólo contribuyen a crispar. Establecer comparaciones y dicotomías entre niños y perros, como en algún momento se llega a hacer en la discusión pública, o enjuiciar el comportamiento de todo un colectivo por las conductas individuales de algunos de sus miembros es tan estéril para resolver los problemas como dañino para inflamar la división entre los mierenses. Este manifiesto se justifica por tanto como un intento de exponer de manera directa las razones del referido descontento y también de sugerir alternativas y soluciones a las autoridades municipales
La referida ordenanza, como es habitual en el trabajo normativo de los ayuntamientos, se inspira e incluso copia literalmente el contenido de otras regulaciones semejantes de Asturias. Ocurre de ese modo, por ejemplo, con el endurecimiento de la cuantía de las multas en casos de infracción. La nueva horquilla es la siguiente: desde 300 euros para las infracciones leves (no recoger los excrementos, por ejemplo) hasta los 3.000 de las muy graves (maltratar o agredir a los animales, entre otras conductas).
Una de esas ordenanzas que ha guiado la de Mieres es la de Siero, aprobada en agosto de 2019. La de nuestro ayuntamiento se desmarca de esa y de otras en un aspecto muy concreto, el apartado “g” del artículo 6, donde se regulan las conductas que deben seguir los propietarios de mascotas. Allí se determina textualmente que queda prohibido: “el acceso de animales a parques con zonas de juego infantiles y cualquier lugar destinado a usos recreativos para niños, piscinas y otros recintos fuera de las zonas habilitadas al efecto”. Tal precepto ha sido invocado ya para sancionar con 300 euros a propietarios de mascotas por pisar el parque Jovellanos y de su genérica redacción se infiere, como han reconocido medios municipales, que en Mieres queda vetada la entrada o estancia de las mascotas a cualquier zona verde de la ciudad, salvo las explícitamente dedicadas a los perros.
Se apela para ello a las mismas razones de salubridad pública que inspiran la norma de Siero, pero el contenido de esta última es sustancialmente distinto al aplicado en Mieres: “Está prohibida la estancia de perros y otros animales en las zonas reservadas a juegos infantiles de los parques públicos, con el fin evitar las deposiciones y micciones dentro de estos espacios”. La diferencia se puede visualizar con el siguiente ejemplo cotidiano: un vecino o vecina de Mieres de avanzada edad que tenga por costumbre sentarse con su perro en un banco del parque Jovellanos comete una infracción que puede costarle 300 euros por alejada que esté de una zona de juegos infantiles; de estar en Siero, ese mismo vecino o vecina podría continuar con su hábito en ese y en cualquier otro parque sin temor a sanciones.
La ordenanza de Mieres encierra por tanto la prohibición de las mascotas de acceder a la mayoría de las zonas verdes de la ciudad, por escrupulosos que sean los propietarios en el cumplimiento de las obligaciones de limpieza de micciones (mediante dilución) y heces (recogida). No hemos hallado antecedentes de otros lugares donde se siga la misma política, máxime considerando, como han reconocido privadamente personas vinculadas al Ayuntamiento de Mieres, que no existían antes de la ordenanza problemas relevantes de higiene en los principales parques de Mieres, sino más bien generalizadas deficiencias de conservación que obedecen al casi total desmantelamiento de los equipos de mantenimiento de parques y jardines dentro de la plantilla municipal.
Donde no había un problema, la ordenanza y su aplicación ha creado uno que consideramos gravísimo: la percepción que tenemos muchos mierenses propietarios de mascotas de ser tratados como ciudadanos de tercera clase, como un colectivo de apestados al que se intenta apartar del corazón de la ciudad. La natural indignación de esas personas, canalizada a través de las protestas y movilizaciones recientes, es prueba suficiente de que la ordenanza, en lugar de contribuir a la convivencia, la está deteriorando. Pedimos por ello, a través de este manifiesto, que la Corporación reflexione sobre lo aprobado y active un procedimiento para reformar la ordenanza. Y proponemos sustituir la redacción del artículo 6.g y de cualquier otro contenido que lleve a la misma conclusión por la comentada de Siero (artículo 7.7 de su propia ordenanza).
Nos atrevemos también a sugerir, con ánimo constructivo, otras posibles soluciones para problemas relacionados con la tenencia de mascotas que sí son reales:
1-El despliegue de un dispositivo para frenar el incumplimiento de la obligación de recoger los excrementos, realizando un “mapeo” de las zonas del concejo más afectadas y autorizando a los agentes de la Policía Local a actuar de paisano en esas zonas para identificar y sancionar con la contundencia que prevé la ordenanza a los infractores.
2-Clarificar la situación del Albergue de Animales, cuya gestión durante los últimos años ha estado marcada por la opacidad y, presumiblemente, por el despilfarro de recursos públicos, con un coste superior a los 100.000 euros anuales que, creemos, no ha repercutido en beneficio de los animales abandonados ni ha creado empleo de calidad. Han sido numerosas las quejas recogidas por deficiencias en el servicio, algunas de las cuales el propio Ayuntamiento empieza a reconocer, existiendo ya una propuesta de sanción a tal efecto.
3-Permitir de nuevo que la sociedad civil colabore con el Albergue de Animales a través del voluntariado, actividad suprimida en detrimento del bienestar de las mascotas que sufren abandono y cuya ausencia favorece la comentada opacidad.
4-Realizar controles en las zonas rurales para verificar las condiciones en que se encuentran los los animales y combatir la ausencia muy frecuente del uso del microchip, lo que impide la sanción administrativa o penal en caso de abandono o maltrato.
Son propuestas para el diálogo y para la construcción de soluciones compartidas que, creemos quienes secundamos este manifiesto, favorecerían que Mieres pudiera sacar partido de convertirse en un ejemplo de convivencia y de respeto a las personas y a los animales, un activo propio de las sociedades que tienen éxito en el siglo XXI. Un primer paso para ello debiera ser desterrar las políticas que tienden a dividir a los ciudadanos y a estigmatizar a una parte de ellos por el hecho de tener mascota .
