A lo largo de la historia, el mundo del crimen ha cambiado muy poco, solo en su aspecto tecnológico tanto en la ejecución como en la investigación, pero los móviles, al margen de los crímenes pasionales, siguen siendo los mismos, esto es el poder del dinero. Por lo tanto, para descubrirlo y desenmascarar a sus responsables nos hemos propuesto seguir el rastro del dinero.
En nuestro país, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados en torno a los 110.000 millones de euros, esto es la décima parte del Producto Interior Bruto, una pequeña parte de lo que significa el gran negocio de las pensiones en manos de los grandes bancos y aseguradoras cuando logren ganar la guerra iniciada contra el sistema público de las pensiones hasta desaparecerlo, usando, para ello, la vieja estrategia de tratar de convencer de que el sistema público no tiene futuro.
Una estrategia, por cierto, impulsada desde la propia Comisión Europea a través de sus planes de pensiones individuales para complementar los sistemas de pensiones públicos y de empleo existentes, así como los planes privados de pensiones nacionales, en los distintos países del IV Reich (pan-European personal Pension Product-PEPP), regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, de acuerdo con el documento base elaborado por el megafondo de inversión estadounidense BlackRock, dándoles un plazo a sus países miembros hasta junio de 2022 para trasponerlo a sus ordenamientos jurídicos. De tal manera que, según datos de la propia Comisión Europea, los activos gestionados en el gran mercado de las pensiones personales de toda la Unión Europea podría triplicarse hasta los 2,1 billones de euros en 2030.
Es decir, la quiebra premeditada y metódica de la Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y por la inmensa mayoría del arco parlamentario desde los Pactos de Toledo de 1995 tenían un objetivo muy claro: entregar a los corsarios del neoliberalismo el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas, esto es, un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo.
No se trata de ningún globo sonda del Gobierno, sino de una cruda realidad, hasta el extremo de que si las cosas salen tal y como tiene previsto el ministro Escrivá, más de 13 millones de trabajadores – 80 % de la población activa – tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030. Un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado, la participación de las empresa y los llamados sindicatos mayoritarios de CC OO y UGT – son accionistas de Gestión de Previsión y Pensiones SA, del BBVA, donde cada uno de ellos dispone de un 20% de participaciones, y Fonditel, perteneciente a Telefónica, donde controlan un 15% del accionariado, cada uno–, amén de la transferencia de millones de euros de ahorros a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión. Se trata de ir degradando lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas.
Pero, hablar de las pensiones es hablar de un tema de suma importancia que afecta a diez millones de hombres y mujeres que, por pura biología no solo se encuentra en situación de vulnerabilidad, sino que debido a su statu quo sobrevenido tiene negado optimizar su capacidad renta. Está más allá de la vida laboral, y un porcentaje considerable depende de esa asignación para cubrir sus necesidades vitales, al contrario de los trabajadores en activo que, teóricamente, pueden prosperar, salarial y profesionalmente.
De ahí, la necesidad de seguir exigiendo, como lo vienen haciendo en la calle las mareas pensionistas, el blindaje de nuestras pensiones en la Constitución como uno de sus derechos fundamentales, que incluya la prohibición expresa de que cualquier Gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.
Las pensiones que ahora cobran millones de ciudadanos, capaces de tirar un Gobierno abajo cuando se lo propongan, están siendo sufragadas por las cuotas del colectivo de los trabajadores en activo. De ahí la eticidad del ecosistema de las pensiones públicas en la modalidad de reparto ahora tensionado por la ultima reforma, de tal manera que cada generación asiste con su esfuerzo a la precedente para que el vínculo social trascienda del cerco privatista de la mera individualidad.
Nadie puede ignorar que el sistema público de pensiones tiene que corregir sus evidentes deficiencias estructurales para cumplir su misión constitucional en el Estado social y democrático de derecho. Pero una cosa muy distinta es aprovechar la crisis pandémica para aplicar la doctrina del miedo, manipulando el engranaje del mecanismo como si fuera un ente aislado de la realidad. Antes del harakiri que algunos pregonan como salida del atasco, sería más que necesario tratar de que el país cambiase hacia un modelo productivo más justo y de mayor valor añadido; buscando el pleno empleo con mejores retribuciones; aumentando la productividad y las inversiones para dotar al tejido industrial de músculo competitivo; acabar con la fuga de cerebros (padecemos la mayor tasa de paro juvenil de la UE, población de riesgo sobre la que pende la espada de Damocles de una deuda pública que roza el 130% del PIB); combatiendo el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción, a la vez que destopando al alza las cotizaciones de las carreras salariales VIPS…
En definitiva, está confirmándose por parte de todos los partidos la hoja de ruta trazada en la última reunión del Pacto de Toledo, cuando quedaron aprobadas las 21 recomendaciones, ratificadas el 19 de noviembre en el Congreso por 262 votos a favor, 78 abstenciones y dos votos en contra. Adversarios en casi todo lo demás, el bloque gubernamental PSOE-Unidas Podemos se amancebaba con el Partido Popular y Cs para dar vía libre al crimen de las pensiones o “pensionazo” tras el acuerdo a tres bandas suscrito el pasado uno de julio por el Gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos y los autodenominados “agentes sociales” (la nueva troika formada por la CEOE, CC OO y UGT), donde el ministro Escrivá aprovechó para revelar la propina que llegará pasado el verano para que los jubilados del Baby Boom – ocho millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975 – trabajen más para cobrar menos.
Ni siquiera Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, ha rechazado lo que al respecto todavía se puede leer en sus respectivos programas, cuando defendían la jubilación a los 62 años, rematando la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que “nuestro grupo es el único que habla claro, no vamos a estar en un pacto en el que se quiere recortar las pensiones. Quien quiera estar que esté” (eldiario.es 19/02/2019). En política soplar y sorber al mismo tiempo es casi un endemismo cuando se trisca desde la ardiente oposición al confort gubernamental.
