El inicio de la semana tras la festividad de Todos los Santos nos trajo nuevamente la discusión sobre la reforma laboral. Tras el cuestionamiento del presidente del Gobierno sobre el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno de coalición encara una agenda de reuniones para ponerse de acuerdo sobre qué propuesta de reforma se llevará a la mesa del diálogo social.
Pero, antes de entrar en materia, recordemos las promesas de Pedro Sánchez en 2014: “La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”, a la vez que recordaba “las nefastas consecuencias que está teniendo la reforma laboral tanto por el intolerable recorte de los derechos de los trabajadores como por la constante devaluación de sus condiciones salariales, lo que está agravando la situación económica de las familias y dificultando la salida de la crisis”.
El programa de gobierno progresista pactado entre PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales de noviembre de 2019 sigue siendo muy claro al respecto: “Derogaremos la reforma laboral”, dice. “Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”, añade, por si cupiera alguna duda.
En efecto, el presidente Sánchez es muy consciente de que la reforma laboral de 2012 es una de las más nocivas de todo el régimen del 78 para los trabajadores, por eso la patronal la impuso mientras los sindicatos llegaron a convocar una huelga general contra ella, aunque más bien dirigida a frenar el “estallido social” latente que en hacerla efectiva, y por eso en el Congreso de los Diputados los grupos de las derechas votaron a su favor. Sin embargo, ahora, el presidente Sánchez, pretende, después de haber estampado su firma bajo las frases “derogaremos la reforma laboral” y “recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” en un pacto de gobierno, que la nefasta reforma laboral sea reformada con “consenso”.
¿Por qué este golpe de timón a pesar de lo firmado? ¿Por qué se renuncia al compromiso establecido posteriormente entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu que, junto con ERC, permitieron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de coalición progresista?
¿Acaso no siguen siendo los despidos de trabajadores más fáciles y más baratos con la imposición del despido objetivo con una indemnización de 20 días por año durante un máximo de 12 mensualidades, para lo que basta con que el empresario alegue causas “económicas, técnicas, organizativas o de producción”?
¿Han mejorado las condiciones de trabajo en materia de salarios, jornada laboral, turnos o funciones, cuando las reformas de Zapatero y Rajoy, no solo les puso más fácil y barato el despido, sino que también les puso más fácil empeorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, tanto por la vía directa de modificarlas sustancialmente como por la indirecta de inaplicar lo pactado en los convenios colectivos?
¿Se ha puesto fin a la precariedad en la contratación laboral, que permite al empresario contratar a menores de 30 años con periodos de prueba de un año, durante el cual el trabajador puede ser despedido sin percibir ninguna indemnización, o seguir contratando parados a los que les quede prestación por desempleo cobrando su salario mensual complementado con hasta el 25% de la prestación por desempleo que le correspondería cobrar?
¿Se ha modificado el contrato para la formación y el aprendizaje, que puede durar ya no hasta dos años sino hasta tres y que, además, permite al empresario encadenar contratos de formación con sólo cambiar la “actividad laboral u ocupación” a desempeñar por el trabajador?
Es verdad que los empresarios tienen muchísimas razones para estar a favor de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, pero no es menos cierto que los trabajadores y futuros trabajadores tienen las mismas o más razones para estar en contra. Lógicamente, eso no constituye ninguna novedad –sobran razones para derogar la reforma laboral–, la novedad la constituye precisamente la principal razón para hacerlo: que desde hace dos años hay un Gobierno no en solitario sino de coalición y sobre todo un documento firmado y refirmado que dice: “derogaremos la reforma laboral” y “recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y lo firmado se cumple.
En efecto, la crisis de 2008 dejó instaurado en el imaginario colectivo un temor permanente hacia la Unión Europea y sus políticas de ajuste: “Esto lo exige Bruselas” o “esto no lo permitirá Bruselas” se convirtieron en auténticos mantras que a menudo operaban a modo de autocensura previa por parte de los gobernantes, antes incluso de que ningún responsable comunitario se pronunciase al respecto. Era la Europa de la austeridad, especialmente rigurosa para con los países del sur. El caso es que esos mantras siguen instalados en la actualidad, a pesar de que la Bruselas de 2008 no es la de 2021 y de que las recetas neoliberales de la anterior crisis económica han sido sustituidas por políticas expansivas y de carácter social tras la pandemia.
Lo cierto es que, la Unión Europea ya ha dado el visto bueno a la reforma laboral, aunque la Comisión Europea espera el detalle de la normativa que ahora el Ejecutivo de coalición español se dispone a apuntalar tras una intensa batalla interna entre PSOE y Unidas Podemos, pero Europa ya ha validado los planteamientos más importantes de la nueva legislación laboral que pretende desarrollar el Ejecutivo, algo que sabemos por el famoso “Componente 23” del llamado Plan de Transformación y Resiliencia, que no es otra cosa que el precontrato enviado por los países miembros a la Unión Europea para poder acceder a las ayudas de los fondos europeos.
Muy recientemente, el presidente del Gobierno habló de “modernizar nuestras relaciones laborales”, que no significa sino un endurecimiento de la actual reforma laboral, apelando para ello a la “responsabilidad de país” del conjunto de los actores para llegar a un acuerdo antes de final de año sobre la reforma laboral comprometida con Bruselas. “Que tengamos a empresarios y sindicatos en ese diálogo y que podamos llegar a un acuerdo con ellos será fundamental para lograr la actualización de nuestro modelo de relaciones laborales”, ha remarcado el presidente en declaraciones a los medios de comunicación tras la Cumbre del G20, celebrada el día 30 de octubre en Roma. Una inmediata respuesta del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, le recuerda al presidente su pacto con ellos para derogar la reforma laboral. “Pacta sunt servanda”, ha escrito Echenique reclamando al líder del Ejecutivo que cumpla lo acordado. Por otra parte, los sindicatos dicen que “no admitirán rebajas”. ¿Estaremos ante un adelanto de las elecciones generales? El tiempo nos dará las razones muy pronto.
