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Antón Saavedra

¿Presupuestos sociales?

Las dudas de que las cuentas estatales vayan a solucionar la pobreza y las desigualdades existentes en la actualidad

El Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días las cuentas para el próximo año tras haber desbloqueado el acuerdo entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, en los que serán los segundos presupuestos presentados por el Gobierno de coalición, siempre, claro está, que el “chantaje” y el “cambio de cromos” entre Gobierno y nacionalismos vasco y catalán dejen el camino despejado para su voto favorable a los mismos.

Aunque viene siendo casi una norma que todos los gobiernos transmitan siempre una imagen idílica de los presupuestos, presentándolos como los más sociales de la historia, el correspondiente al año 2022 resulta ser lo más de lo más y aún más. Basta con haber presenciado la rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para comprobar que no ha habido capítulo, partida o aspecto del que, con la verborrea que la caracteriza, no haya repetido hasta la saciedad que los mismos marcan un hito histórico, especialmente cuando remata diciendo que se tratan de los presupuestos sociales más históricos de la historia del mundo mundial.

Sin embargo, el tan cacareado y manoseado “escudo social” no es más que un eslogan, hasta el extremo de dejar el presupuesto más social de la historia transformado en otro bluf que muy difícilmente va a solucionar en el futuro la pobreza y las desigualdades existentes en la actualidad. Sirvan, a modo de ejemplo, los errores, desaciertos y pifias que han rodeado todo lo referente al Ingreso Mínimo Vital y lo lejos que está de alcanzar los objetivos que se le había asignado, tal y como dejé detallado en otro artículo específico sobre el tema publicado en este mismo diario hace un año (17-09-2020).

Casualmente, al mismo tiempo que la ministra presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación Foessa publicaban un informe llamado “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”. Para algunos, los informes Foessa son viejos conocidos, no en vano durante la dictadura franquista eran uno de los pocos medios que teníamos para adentrarnos en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza, más allá de las arengas oficiales del régimen. Pues bien, después de tantos años, hemos de recurrir de nuevo a ellos como contraposición al discurso triunfalista del Gobierno del que el presupuesto es un buen ejemplo.

Según el citado informe, 11 millones de personas se encuentran en exclusión social, esto es, dos millones y medio de personas más que en 2018, y la exclusión severa supera los seis millones de personas, dos millones más que en el mismo año. Pero, además, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas, lo que nos presenta un panorama radicalmente distinto de la fotografía que la charlatana ministra ha tratado de vendernos, principalmente cuando repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados que había en el 2019, lo que resulta falso de toda falsedad, ya que las cifras están adulteradas al no tener en cuenta los trabajadores en ERTE ni los autónomos con cese de actividad, de tal manera que, cuando se analizan el empleo considerado el número de horas trabajadas nos da un resultado muy distinto, porque, diga lo que diga el gobierno, los asalariados en ERTE no trabajan.

Y siendo verdad que el gasto presupuestado alcanza niveles considerables, no es menos cierto que las distintas partidas contempladas tienen una finalidad más electoral que social, dirigidas principalmente al colectivo de los jóvenes que, sin ser los más necesitados, ni mucho menos, si están considerados como potenciales votantes, volviendo para ello a las mismas o parecidas ocurrencias del gobierno Zapatero. Y ocurrencia es dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda. Y, como pasa con toda ocurrencia, se anuncia la medida sin que hayan pensado ni el cómo ni los requisitos a exigir para acceder a la ayuda.

¿Por qué a los jóvenes?, ¿Acaso son los más necesitados? ¿Por qué no a los parados de larga duración? Y si hablamos de ocurrencia, cómo no citar esos cuatrocientos euros que se les van a dar como propinilla a todos los que cumplan 18 años en 2022, para que se lo gasten en videojuegos, ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

Ocurrencia va a ser la ley de vivienda que en lugar de solucionar el problema lo va a empeorar, porque, digan lo que digan desde el gobierno, la única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es que los poderes públicos, obligados por la propia Constitución, incrementen la oferta de viviendas en alquiler. Ahora es una muy buena ocasión para dedicar una gran parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos tan etéreos como la transición energética, la modernidad, la digitalización o el cambio del tejido productivo, cuyo único resultado va a consistir en hacer las delicias de las empresas del Ibex-35, sobre todo cuando observamos que el 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital.

Todos son juegos de artificio. Y detrás, el maquillaje de las cifras. Comenzando por un cuadro macroeconómico con previsiones que poco tienen que ver con la realidad, pero que sirven de soporte adecuado para cuadrar las cifras presupuestarias que se desean. El Banco de España ya ha anunciado que modificará a la baja sus previsiones, a pesar de que en este momento son bastante inferiores a las del Gobierno. ¿Qué finalidad puede tener inflar de esta manera las previsiones si no para poder denominar estos presupuestos como los de la recuperación justa?

Si algo ha quedado claro en estos presupuestos es que el Gobierno ha renunciado, una vez más, a reformar el sistema fiscal, contentándose con algún ajuste sin importancia y con maquillar los ingresos, pero lo malo no es que el presupuesto se puede maquillar, sino que a la hora de la liquidación es cuando se acaban descubriendo todas las trampas, sin poder ocultar la cada vez más insoportable deuda. Este Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, a no ser mediante impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero al mismo tiempo es pródigo en acometer gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a sus paniaguados o en actuaciones populistas con fines clientelares, aun cuando lo intente vender afirmando que estos presupuestos son los más sociales de la historia.

Al final, la legislatura terminará con o sin presupuestos, no variando para nada el programa de Gobierno para el ejercicio, porque todo lo que se puede hacer con un nuevo presupuesto se puede hacer igualmente con el anterior prorrogado, dejando claro que la palabra que mejor define la actual situación política de España es la incertidumbre.

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