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Antón Saavedra

Tribuna

Antón Saavedra

El 60 aniversario de la huelga minera de 1962

El papel del sector extractivo asturiano en la oposición a la dictadura franquista

… Pero, la historia de la minería asturiana va mucho más allá de la pura concepción de extraer carbón. Sus páginas están escritas con la sangre de muchos mineros asturianos a lo largo del siglo XX, reivindicando sus derechos y de forma indirecta el de otros sectores, siendo uno de los momentos clave en la lucha de clases la huelga del 62 que hizo tambalear el régimen fascista de Franco.

Se puede afirmar sin exponerse a ninguna exageración que una de las constantes del régimen franquista a lo largo de su existencia fue la práctica de la represión política, social y cultural, correspondiéndole a la región asturiana el trágico honor de ocupar el primer escalón en lo que significó la acción más feroz de la España derrotada. Su prestigio revolucionario del movimiento obrero minero, fundamentado en los acontecimientos de octubre del 34, explican el carácter de revanchismo exacerbado con que los “vencedores” actuaron en las zonas “liberadas”, iniciándose la “caza del rojo” desde el primer momento del triunfo franquista.

Los asturianos opuestos al régimen habían quedado expuestos en todo momento a las acciones de las bandas incontroladas, pero perfectamente controladas por la Falange, a caer bajo la jurisdicción del aparato legal sobre el que se fundamentó el mismo estado fascista del franquismo, el cual consideraba muy grave delito la defensa y la práctica de las libertades y derechos democráticos como la huelga o el derecho de asociación fuera de las organizaciones de la FET y las JONS, además de otros cuya interpretación siempre estaban al arbitrio de sus propios tribunales. A los efectos oportunos, el régimen franquista se apresuró a recoger en el Fuero del Trabajo, que no quedaría impune ninguna perturbación de la producción, recogiendo en la Ley Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, del 1 de marzo de 1940, y la Ley de Seguridad del Estado, del 29 de marzo de 1941, que cualquier pena sería justificada si con ello se castiga y penaliza a los promotores de actos huelguísticos, sin olvidar las connotaciones características que suponía para la minería unas penas más extremas, habida cuenta de que dicho sector estaba militarizado.

Lógicamente, en este contexto histórico dominado por una implacable represión, los mineros iniciaban un largo calvario, en el cual tuvieron claro que la guerra no había finalizado para ellos. En absoluto resultaba nada fácil reorganizarse en aquellas circunstancias en las que a la violencia represiva del régimen había que añadir la debilidad inicial de unas organizaciones cuyos hombres más valiosos habían fallecido, otros se encontraban en las cárceles sentenciados a largos años de prisión o esperando la ejecución ante un pelotón de fusilamiento, y otros supervivientes que habían “huido” hacia el exilio.

Con el cambio de década la clase obrera va a conocer la incorporación de un nuevo núcleo que en el futuro se convertiría en el embrión de lo que fueron las Comisiones Obreras en España, constituido por los mineros de La Camocha, a donde se iban incorporando inmigrantes procedentes, en su mayoría, de las cuencas centrales asturianas, dándose la circunstancia de que en el año 1960, tan sólo un 40 por ciento de la población residente en la parroquia de Vega era originaria de Gijón, correspondiendo el resto a gente de las Cuencas y emigrantes de otras zonas de España, de los cuales, muchos de ellos habían pasado por departamentos penales como consecuencia de su actividad política y sindical en defensa del gobierno legítimo de la II República, configurándose La Camocha como la explotación propicia para la organización del movimiento obrero, sobre todo, teniendo en cuenta el cierto aislamiento de la explotación fuera de los núcleos principales de la población, muy distinto a otros enclaves en el Nalón o Caudal.

Así se llega al año 1956, cuando un desacuerdo con las primas establecidas de producción, las condiciones de trabajo de los mineros silicóticos y la reducción de la jornada en trabajos con agua, entre otras reivindicaciones, se van sucediendo como causas de una inquietud reinante y ven confluir en torno a estos y otros motivos similares el descontento a trabajadores de muy distintas tendencias, quedando conformada la “primera comisión obrera de mineros” que integran Casimiro Bayón, militante del partido comunista; Francisco “el Quicu”, militante de la JOC; Pedro Galache, independiente y Gerardo Tenreiro, falangista y excombatiente de la División Azul. Es decir, en La Camocha se había iniciado la puesta en práctica de la nueva táctica del Partido Comunista de España, abriendo paso en Asturias a una fase de conflictividad laboral que alcanza magnitudes hasta la fecha inusitadas, siendo los mineros del Nalón los que llevan el peso fundamental de los conflictos que se suceden al de La Camocha, con los Pozos Maria Luisa y Fondón a la cabeza.

La crisis del sector minero, la falta de comunicación en el marco sindical, el rechazo obrero a unos planes laborales promocionados por la patronal al margen de los trabajadores, y la contención salarial de la política estabilizadora de 1959, además de la tensión acumulada por las huelgas de 1957 y 1958, anunciaban un escenario extremadamente conflictivo para la década de los sesenta, de tal manera que el 7 de abril saltaba la chispa de la Huelga del 62, con el despido arbitrario de siete picadores del Pozo Nicolasa de Mieres, expandiéndose muy rápidamente por todas las explotaciones mineras de Asturias hasta su normalización, allá por el mes de setiembre, dejando un cierto regusto de victoria en unos y la sensación de continuar la lucha en otros por conseguir la liberación de los más de cuatrocientos compañeros mineros privados de libertad, en su mayoría militantes comunistas.

Por primera vez desde 1939, los mineros asturianos habían logrado prolongar la huelga del 62 en las cuencas mineras, tan duramente reprimida por el gobierno franquista, la cual sería evaluada en Washington como una señal de alarma. De hecho, un estudio patrocinado por el Pentágono –Proyecto Vulcano, elaborado por el Grupo de Estudios Especiales del Instituto for Defense Analyses, en el que participó la Universidad de Harvard–, incluía a España entre las dictaduras protegidas por EE UU, pero con una creciente posibilidad de violencia e interferencia internacional, derivada principalmente de las luchas de los mineros asturianos y su incidencia en el movimiento obrero del resto de España, optando los norteamericanos por la denominada “intervención preventiva”. Así se obró, sin que el dictador Franco fuera ajeno a todo el proceso. El general Salgado-Araújo, secretario personal del Caudillo, dejaría anotado el 29 de mayo de 1967 su diálogo con éste: “La obsesión de la CIA es conseguir que nuestro Estado tolere primero, y legalice después, la acción de dos partidos, uno de carácter socialista y otro democrático, que deberán tener su expresión en dualidad similar en el campo universitario y sindical (…) La CIA cree que con estas actividades cumple el deber de prever el futuro, pues de lo contrario al régimen débil sucedería el caos, y a este el comunismo. España era vital para el Oeste y Nixon no quería ver desarrollarse una situación caótica o anárquica, de tal manera que Franco entronizaría al Borbón Juan Carlos”, aunque dejando muy claro que él sería quien ostentaría la Jefatura vitalicia de las Fuerzas Armadas.

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