La derogación de la reforma laboral, el problema de las pensiones y la creación de un sistema de renta mínima de reinserción fueron las tres promesas "estrella" del gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos. Sin embargo, después de tres años todo el mundo sabe que la derogación de la reforma laboral ha resultado una auténtica estafa para los trabajadores, el ingreso mínimo ha sido un rotundo fracaso, y la tan cacareada reforma del sistema público de pensiones lleva el mismo camino. De momento, la única medida adoptada que reviste cierta entidad ha sido el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, actualizándolas anualmente por el IPC, pero a pesar de que la medida había sido consensuada por todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo y por más que el Gobierno lanzase las campanas al vuelo y en tono triunfalista asegurase que por primera vez la actualización estaba para siempre garantizada por una ley, ha bastado que la inflación se disparase para que surgiesen desde todos los ángulos multitud de voces poniendo en duda la posibilidad de una actualización de tal cuantía.
Se dice una y otra vez que el presupuesto público no puede asumir un incremento del gasto de esa envergadura, pero se sigue silenciando que la inflación produce en los ingresos públicos un aumento de igual o mayor cuantía que en los gastos, incluyendo las pensiones. El déficit o el superávit del sector público no tienen por qué modificarse en función de cuál sea el incremento de los precios, excepto que se quiera emplear el exceso de ingresos para otras finalidades. Estas ofensivas infundadas en contra de la actualización de las pensiones seguirán existiendo mientras las finanzas de la Seguridad Social se mantengan al margen de las del Estado. Y ha quedado muy claro que el Gobierno no está por la labor, ya que cuando se producen déficits en la Seguridad Social estos se vienen financiando con préstamos y no mediante las más que lógicas aportaciones del Estado.
Las múltiples ocurrencias que ha venido desgranando el ministro Escrivá, desde luego, no pasan por solucionar el problema, al seguir considerando la cuestión de las pensiones como un problema al margen del problema general de la financiación del Estado. Incluso algunas de estas ocurrencias van a resultar negativas como esa idea de crear fondos de pensiones de empleo de promoción pública que, para mayor gloria y boato del ministro, ha merecido una ley que en este momento se encuentra en el Parlamento, una ley de contenido pobre, reducida a la creación de esta nueva figura de ahorro y de toda una estructura burocrática, innecesaria y que en realidad no va a controlar nada.
Pero ¿qué son los fondos de pensiones en general sino los máximos enemigos del sistema público? Siempre se han considerado un mecanismo complementario, pero en realidad ha pretendido ser sustitutivo. Es por eso por lo que desde hace más de treinta años las entidades financieras, principales beneficiarias de los fondos, se han dedicado con sus servicios de estudios a difundir la teoría de que el sistema público de pensiones es inviable económicamente, en la creencia de que cuanto más se deprimiese este, más se generalizarían y extenderían los fondos privados. Pero, además, ¿quién puede tener capacidad de ahorro para acceder a esos fondos sino aquellas rentas altas y medio altas?
En efecto, el "ministro de los banqueros" que diría el coordinador de Coespe, Franquesa, nos ha obsequiado con otra de sus ocurrencias, en esta ocasión sacándose de la manga un fondo de pensiones que llama público y además de empleo, pero que se mueven en una encrucijada muy complicada, porque sin desgravaciones fiscales no son interesantes y si se les dota de ellas se cae en la contradicción de que al tiempo que se admite que no hay dinero suficiente para mantener las pensiones públicas se dediquen importantes recursos a incentivar los fondos privados, cuyos beneficiarios, tal como hemos dicho, serían las rentas altas y media altas, resultando únicamente muy apetecibles para las entidades financieras, ya que mediante ellos mantienen cautivas importantes cantidades de dinero.
Se afirma que se nutrirán de los convenios de empresa o sectoriales, pero lo cierto es que los empresarios solo asumirán estas obligaciones siempre que se compensen con incrementos salariales más reducidos, cuestión que no convence a los trabajadores, tanto más cuanto que los salarios en España son, en su inmensa mayoría mileuristas, incluso bastante inferiores. Es decir, a la vista de lo dicho no parece pronosticar un buen futuro para el proyecto de Escrivá, sobre todo, cuando el fondo diseñado es un engendro, un híbrido, definiéndose como público, pero gestionados privadamente, eso sí, con la participación en el accionariado de los sindicatos llamados mayoritarios de CC OO y UGT (15% cada uno en el BBVA)
Ya en los inicios del siglo XXI, la OIT denunciaba que el 90% de la población mundial estaba excluida de los programas de pensiones de jubilación, por lo que es fácil deducir que una gran parte de esta población carezca de los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, pero ello no indica que tengamos que mirar hacia los países pobres o en vías de desarrollo, porque centrándonos en EE UU, potencia capitalista recurrentemente presentada como el modelo a seguir, nos encontramos con que la tasa de pobreza para las personas mayores de 65 años ya supera el 10% de su población.
La crisis financiera de 2003 permitió imponer las políticas de austeridad en los países ricos que fueron imponiendo el "austericidio" para reducir la protección social, lo que unido al "desempleo persistente, unos salarios más bajos y unos impuestos al consumo más elevados" contribuyeron al crecimiento de la pobreza según la OIT. Por otra parte, sabemos que la generalización de la adquisición de acciones permite elevar el valor de la bolsa, invirtiendo sus cotizaciones en ella con el consiguiente riesgo de quiebras, estando expuestas, además, al riesgo del fraude y la estafa, tan de moda en estos últimos y convulsos tiempos que nos toca vivir. Un ejemplo: mediante una estafa piramidal, la compañía de inversión privada Bernard L. Madoff Investiment Securities "devastó planes de jubilación y fondos de pensiones" en 122 países, de los que 10 de esos fondos eran españoles.
Así pues, el riesgo de perder pensiones es sistémico. La crisis de 2008 volatizó el valor de las casas y el de los ahorros apostados en bolsa a través de los fondos privados, aunque fueron muy pocos los millonarios afectados. Pero, a pesar de los numerosos escándalos que han mostrado los enormes riesgos de la capitalización de nuestras cotizaciones que depende no solo de la integridad de los administradores de fondos, sino también de las subidas y bajadas de los mercados bursátiles, esta práctica sigue promoviéndose, tal y como nos esta demostrando el "ministro de los banqueros en España" facilitando el asalto de los corsarios del neoliberalismo al sistema público de pensiones.
