Repartir 30.000 folletos anónimos acusando al alcalde de Mieres de cobrar casi 150.000 euros de forma ilegal no es delito para la Audiencia Provincial. Acusar de un delito grave a la primera autoridad de Mieres, con nocturnidad, alevosía, de forma anónima y a sabiendas de su falsedad no es un comportamiento condenable penalmente para la Audiencia Provincial, que nos dice que son cosas que hay que soportar por dedicarse a la actividad política.
En los 30.000 folletos que repartieron por todo el concejo, a unos días de las elecciones, no había ni una sola crítica política a la gestión de Aníbal Vázquez, tan solo una acusación falsa de un delito. No criticaron la congelación de impuestos, ni la inversión social o la firmeza del Alcalde frente otras administraciones para que desbloquearan las inversiones prometidas en el concejo. Lo que sí había era una acusación de un delito ejecutada por un grupo de personas que estaba intentando impulsar una candidatura en las elecciones municipales y cuya estrategia pasaba por llevar a cabo una campaña mafiosa para intentar destruir la imagen pública del Alcalde.
Lo cierto es que este grupo de delincuentes consiguieron todo lo contrario: la respuesta de la ciudadanía fue tan inmediata como rotunda, se generó una ola de solidaridad y apoyo con Aníbal Vázquez que nos desbordó. Además, la respuesta de la Policía Nacional fue también impecable: llevaron a cabo una investigación rápida, lograron identificar a varias de las personas responsables y lo pusieron en conocimiento del juzgado.
No podemos decir lo mismo de la justicia, que en vez de condenar a los delincuentes ha optado por mirar a otro lado y garantizarles una impunidad incompatible con el Estado de Derecho. Es el mundo al revés: los jueces protegen a los delincuentes.
El auto de la Audiencia Provincial no tiene ni pies ni cabeza. Si este grupo de mafiosos hubiera querido denunciar los hechos hubiera presentado una denuncia por corrupción ante la Fiscalía o el Juzgado. No lo hicieron porque sabían que esa acusación era falsa, por eso organizaron toda una trama para imprimir 30.000 folletos anónimos y distribuirlos por todo el municipio en una sola noche. Su único objeitvo era destruir la credibilidad de Aníbal Vázquez, solo buscaban hacer el mayor daño posible. Los folletos eran solo la primera acción, pero no la única: fueron la respuesta ciudadana y la eficaz actuación policial las que les pararon los pies.
Siempre hemos sido muy respetuosos con las decisiones judiciales, con indiferencia de si nos daban la razón o no. Sin embargo, este auto de la Audiencia Provincial nos parece sencillamente insostenible. Amparar este tipo de prácticas mafiosas en la libertad de expresión es inaudito. Permitir que este tipo de actuaciones mafiosas gocen de impunidad es un atentado contra los derechos fundamentales de las personas que ocupan responsabilidades políticas. Y lo que es más grave, es una invitación implícita a llevar a cabo estas campañas de difamación, calumnias e injurias porque sus autores no tendrán problemas con la justicia.
Muchas veces lamentamos que la política esté dominada por la crispación, el insulto y la descalificación. La política, para la gente corriente como nosotras y nosotros, es la única forma de defender medidas y acciones que puedan mejorar las condiciones de vida de la mayoría, que permitan avanzar en igualdad para conseguir una sociedad mejor y más equitativa. Sin embargo, con decisiones como ésta la política solo será una trituradora humana y acabará convirtiéndose en un estercolero.
Hay una pregunta en el ambiente que no me resisto a plantear: ¿Hubiera ocurrido lo mismo si en vez de un alcalde, al que se se acusara de cobrar casi 150.000 euros de forma ilegal fuese un juez?
