Uno tiene la impresión de que en España siempre estamos en período electoral. Tras escuchar en el Senado el debate de casi tres horas protagonizado por el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Feijóo, con dos estrategias políticas opuestas y personalizadas, se llega a la conclusión de que los problemas tienen mal arreglo porque los ofrecimientos de colaboración se hacen tan condicionados, que más bien parecen armas arrojadizas que verdaderos compromisos para buscar soluciones a los problemas que ahora acucian a la sociedad española. El debate augura además tensiones más agrias en los meses que aún faltan para las elecciones.
En España, con raras excepciones, la clase política ha tenido poco sentido de Estado. De un Estado que supere la lucha partidista y contribuya a una verdadera estabilidad institucional y social. Y que aborde los problemas con indudable amplitud de miras, más allá de los réditos electorales.
Como escribió Ortega y Gasset hace casi un siglo, "se carece aquí de esas almas mayores capaces de movilizar las fuerzas de la nación hacia metas potentes y compartidas. Pero, en vez de esas almas mayores, abundan los sofistas, esos embaucadores y demagogos que practican el arte de la falacia y de la indefinición, cuya moral política no suele rebasar los estrechos lindes partidistas".
Por otra parte, volviendo la vista atrás unos años, nos encontramos con unos excepcionales acuerdos que marcan un hito en la historia contemporánea de España. Estamos en octubre de 1977: aún no se habían cumplido dos años desde la muerte de Franco. Eran tiempos de apremios económicos y de una muy precaria situación institucional, amenazada por una avalancha de alarmantes sucesos.
Pues bien, en aquellas graves circunstancias nacionales, la casi totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron un documento en el Palacio de la Moncloa en el que se recogían una serie de urgentes objetivos económicos y políticos. El documento fue apoyado por las asociaciones empresariales y los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Mientras que la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) mostró su total rechazo a los acuerdos.
La idea prioritaria de aquellos Pactos de la Moncloa, que fueron confirmados por el Congreso y el Senado, era procurar la estabilización del proceso del transición a un sistema democrático en peligro. Así como adoptar una política económica que, entre otras cosas, contuviera una inflación que superaba el 26%, más del doble que ahora.
Es cierto que el contexto en que se firmaron aquellos acuerdos distaba del actual. Pero creo que esa no es la cuestión. Lo destacable es que políticos de idearios e intereses muy distintos acordaron entonces una serie de medidas ante una coyuntura realmente comprometida, amenazante, peligrosa.
En los criterios previos a la aprobación definitiva de los Pactos se dice que las fuerzas políticas eran conscientes de que la grave situación española requería un esfuerzo común en el que los costes derivados de la crisis fueran repartidos equitativamente entre los distintos grupos sociales. Y se subrayaba que, para superar aquella situación de emergencia, era necesario anteponer los intereses comunes y del Estado a los particulares intereses partidistas.
En resumen, con casi 45 años de distancia de la firma de aquellos inusitados acuerdos, se puede deducir que sus objetivos económicos y políticos tenían como última finalidad reforzar sobre todo el poder del Estado como un instrumento distribuidor y garante de los derechos de los ciudadanos. Una cuestión sobre la que el canciller alemán, Willy Brandt, se había manifestado pocos años antes de una forma rotunda: "Solo los muy ricos pueden permitirse un Estado débil y pobre".
