20 de junio, día mundial del refugiado

Sin dejar a un lado a las numerosas personas que pueden estar pasándolo mal y para las que disponemos de los servicios sociales locales y autonómicos, no podemos olvidarnos de aquellas que se ven obligadas a huir de sus países por guerras y conflictos, refugiados y apátridas. Millones de personas en todo el mundo a las que se les niega una nacionalidad, impidiéndolas ir a la escuela, recibir atención médica, obtener un empleo, abrir una cuenta bancaria o adquirir una propiedad.

En estos momentos existen más de medio centenar de guerras activas a nivel mundial. Conflictos como el israelí-palestino, el ruso-ucraniano o guerras civiles como la de Sudán son algunas de ellas.

Más de 50 millones de personas, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, están desplazadas por culpa de los conflictos armados, la mitad de ellas son niños que sólo pueden aspirar a sobrevivir. Pero, si bien los conflictos siguen siendo una de las principales causas del desplazamiento forzado, la crisis climática está empujando cada vez más a las personas a dejar sus hogares, creando nuevas tensiones entre los desplazados y las comunidades que los reciben.

España ha registrado el año pasado la cifra más alta de solicitudes de protección internacional de la historia con 163.220 peticiones, lo que supone un incremento del 37,3% con respecto al año anterior. Por nacionalidades, los tres primeros países de origen de personas solicitantes de asilo fueron latinoamericanos (Venezuela, Colombia y Perú), que concentran el 78,7% del total de las peticiones registradas.

Por otra parte, 56.852 personas migrantes llegaron de forma irregular por vía marítima y terrestre a España en 2023, un 80% más que las 31.219 registradas en 2022. El 70% de estas llegadas fueron a Canarias. En cuanto a las nacionalidades mayoritarias en 2023 destaca Senegal, con más de 17.000 personas, y Marruecos, con 6.120 personas, seguidas de Malí (5.560) y Gambia (4.450).

En este contexto y en un mundo globalizado, donde todo está interrelacionado, debemos apostar por la inversión en políticas inclusivas que favorezcan el reconocimiento de derechos, el alojamiento, la asistencia sicosocial, el apoyo educativo y la atención sanitaria al objeto de facilitar la integración social y económica. Es crucial favorecer oportunidades para aprender el idioma del país de acogida, acceder al mercado laboral y participar en la vida social y comunitaria, puesto que las políticas inclusivas promueven la cohesión social, contribuyen a un mercado laboral sólido y al crecimiento económico sin provocar reacciones negativas y disminuyendo las brechas de desigualdad. Pero para ello será necesario destinar partidas presupuestarias de manera que el desarrollo de esas políticas inclusivas no sea una rémora para las administraciones locales.

A la vez, es fundamental la labor de organizaciones que trabajan directamente con refugiados políticos como Cruz Roja, Refugees International o ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) con quien la semana pasada se firmó en la FEMP un acuerdo de colaboración. El mismo día en el que visité la sede del Movimiento por la Paz-MPDL, el mítico templo del Padre Llanos, en el Pozo del Tío Raimundo, trasformado en centro neurálgico de ayuda a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Este 20 de junio se celebra El Día Mundial del Refugiado en honor de las personas refugiadas y desplazadas. Se celebró por primera vez el 20 de junio de 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y para conmemorarlo, a petición de ACNUR, se iluminan de azul los principales edificios de todo el mundo para reivindicar la necesidad de garantizar que todas las personas tengan el derecho a solicitar asilo y encontrar protección tras huir de violencia, guerras y persecuciones en su país.

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