¿Qué son las comisiones de investigación parlamentaria?

Tal y como resulta de la doctrina constitucional, las comisiones parlamentarias de investigación sirven para dirimir responsabilidades políticas, que no jurídicas, formando parte, junto a las interpelaciones y las preguntas parlamentarias, del llamado "control ordinario" del Gobierno; es decir, del conjunto de mecanismos a través de los que se pretende que el Ejecutivo rinda cuentas de su gestión ante el Parlamento sin que ello, en principio, ponga en cuestión la estabilidad gubernamental, algo que sí se pretende cuando se ponen en marcha instrumentos de "control extraordinario" como la moción de censura.

Además, las comisiones deben reflejar la composición de las fuerzas de la cámara y las decisiones se adoptarán, en su seno, mediante el criterio de voto ponderado. Con todo esto, ya se pueden ustedes ir imaginando a dónde pueden conducir unas "investigaciones", que se supone buscan la verdad de unos hechos, cuando la calificación de si una cosa es verdad o no depende de un voto en el que está incluido tanto el partido al que afecta el hecho investigado como su adversario.

Por tanto, la actividad de estas comisiones no es en absoluto jurisdiccional, pues esta labor corresponde a los jueces ya que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, las comisiones de investigación hacen juicios de oportunidad política, de tal manera que, siendo verdad que las conclusiones de la comisión no son vinculantes para los tribunales, no es menos verdad, que las mismas pueden ser elevadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

Sin embargo, las comisiones de investigación, debidamente utilizadas, pueden tener un papel importante en la determinación de ciertas responsabilidades muy importantes y que a veces olvidamos: las responsabilidades políticas. Al político le interesa confundir estas con las jurídicas y convencernos de que si no hay delito no hay responsabilidad de ningún tipo, pero realmente son conceptos muy distintos. Estas sutiles distinciones cada vez brillan más por su ausencia en una política sectorizada en la que lo único que cuenta es demostrar que la viga en el ojo del otro es más grande que la que está en el nuestro y no intentar remover la viga de su delicado alojamiento: unas investigaciones "a comisión" en las que se intenta obtener rédito para los nuestros.

En el caso concreto que nos ocupa, resulta indignante leer el comunicado de Ovidio Zapico en nombre de IU, afirmando que la izquierda debería "actuar unida" –¿todavía existe la izquierda?– para que la comisión pueda desarrollar una verdadera investigación y no "una agresión con intención electoral a un Gobierno de izquierdas", al tiempo que ha sostenido que, para que las comisiones parlamentarias sean útiles, tienen que "ser fruto del acuerdo común".

Es posible que este montañero, antes de ser "profesional" de la política, ignorara que las comisiones parlamentarias de investigación en materia de accidentabilidad minera siempre llevaron el copyright de Izquierda Unida sin que ésta mirara a ninguno de sus hastiales a la hora de conformarla. Este vividor de la política debiera de saber que, cuando la llamada izquierda abandona su campo de juego, éste pasa a ser ocupado por otros partidos del arco parlamentario. Por cierto, ¿quién concedió a IU y a Vox financiación y voz mediante la concesión de grupo parlamentario sin tener derecho a él más que el partido de la "corrupsoe" con el que ahora forman el Gobierno de Asturias?

Una pregunta a los "jefes" del Gobierno autonómico de Asturias: tanto el Instituto de Transición Justa como la Abogacía del Estado le advirtieron en 2020 de que la venta de activos de la Compañía Minera Astur Leonesa, titular de la mina de Cerredo, a la Sociedad Combustibles Asturiana y Leonesa, propiedad de la misma familia dueña de Blue Solving S. L., estaba sujeta a las condiciones establecidas por la Unión Europea relativas al cierre de explotaciones mineras, por lo que resultaba imposible extraer mineral sin devolver las ayudas comunitarias. Con todo ello, ¿por qué el gobierno PSOE - IU concedió en 2024 a Blue Solving S. L. un permiso que, a la postre, suponía la autorización para la extracción de 60.000 toneladas de antracita para una supuesta "investigación" subvencionada con 927.000 euros, que nunca se llevó a cabo sabiendo, como sabían, que no era una zona grafitera? ¿Cuántas inspecciones mineras hubo en ese tiempo, hasta que se produjo la tragedia minera en el "chamizo" El Mangueiro por una explosión de grisú? ¿Todos los trabajadores de la explotación estaban afiliados a la Seguridad Social? ¿Quién o quiénes trincaron y a quién o a quiénes sobornaron? ¿Qué tipo de "comisión" prefieren, la parlamentaria o la de la "mordida" ? ¿Era conocedor el gobierno de que la "famiglia" explotadora del "chamizo" donde se mataron cinco compañeros mineros había sido juzgada por "narcotráfico" al ser pillada con 390 kilos de cocaína procedente de Paraguay que llegó al puerto del Musel entre un cargamento de carbón vegetal? No hay más preguntas señoría.

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