Hágase la luz

El recibo es muy elocuente: consumí kilovatios por valor de 15 euros y finalmente me soplan cerca de 80. O sea, una parte de chicha y cuatro de grasa. Por más que lo pretendan justificar en que se trata de una norma europea de obligado cumplimiento (a mí como si la orden viene de la constelación de Orión), me parece inaceptable que la electricidad de uso doméstico, un servicio de primerísima necesidad, esté sometida a una fiscalidad disparatada, abusiva, a la que sólo hallo explicación en las espectaculares remuneraciones que se estilan entre los altos cargos de un sector superpoblado de fauna política.

Sin ir más lejos, la presidenta de Red Eléctrica, la pitonisa que aseguró que en España era imposible que se produjera un apagón general -y pocos días después, catapún-, que continúa en su poltrona a pesar del tremendo ridículo, se levanta al año nada menos que medio millón de euros. Medio kilo es un pegamento formidable, pero lo inaudito es que una empresa pública pague semejantes sueldos.

No tiene sentido: los alimentos básicos tienen menor fiscalidad, como la hostelería, ¡las discotecas!, los toros, los conciertos, el teatro, el cine. Los servicios educativos, sanitarios, deportivos, culturales, el alquiler de viviendas, los seguros, hasta los sellos de correos están exentos de IVA. Pero todos, sin excepción, necesitan electricidad para existir.

O sea, que el calor imprescindible para cocinar, asearnos y no quedarnos tiesos de frío y la iluminación para no golpearnos contra la cómoda tienen el tratamiento fiscal de lo no estrictamente necesario, como si en el siglo XXI fuera posible vivir y progresar sin el suministro eléctrico. Y, al contrario, a bienes y servicios de los que sería posible prescindir sin que nuestra existencia se fuera irremediablemente al garete, se les aplican exenciones y tipos impositivos reducidos. Perdonen, pero no lo entiendo. Ni por sentido social, ni por el concepto en sí. Únicamente puedo comprender que se trata de una fuente inmensa de recaudación y un recurso excelente para el sostenimiento del régimen de privilegios.