Antonio Posada Rubín de Celis, un obispo allerano en la Masonería

Antonio Ramón Francisco de Sales María Posada y Rubín de Celis nació en 1768 en Soto de Aller; por eso Guillermo Fernández Lorenzo le dedicó unas páginas de su libro "Santa Ana y Soto, guardianes de Miravalles". Guillermo recordaba que su casa natal estaba en el barrio de Villamayor, pegado a la famosa torre y que hasta no hace mucho se conoció como «de los Posadas».

Influenciado por uno de sus tíos se inclinó por la vida religiosa estudiando, primero en Llanes y luego en el seminario de Murcia, Filosofía, Derecho, Lenguas y Matemáticas, obteniendo los grados superiores en Teología y Cánones. Tras superar una oposición asumió la cátedra de Disciplina Eclesiástica en 1791 y, también por oposición, obtuvo pronto una canonjía de la Colegiata de San Isidro en Madrid, pero como aún no había alcanzado la edad que se requería ni había sido ordenado sacerdote, tuvo que esperar a tomar posesión a que quedase otra libre en 1799 y la mantuvo hasta 1817, cuando se suprimió porque se sospechaba que desde allí se fomentaba la crítica a los todopoderosos jesuitas.

También fue canónigo de Cuenca y abad mitrado de la Colegiata de Villafranca del Bierzo, desempeñando este cargo junto con el de la Diócesis de Astorga, hasta que fue nombrado obispo de Cartagena en 1821. En su dilatado currículo figuran los cargos de patriarca de las Indias Occidentales, procapellán de Palacio y vicario general castrense, procurador por Murcia y arzobispo de Valencia. También fue condecorado con las Grandes Cruces de Carlos III y de Isabel II; pero, lo que más nos llama la atención es que siempre mantuvo su posición progresista en el seno de una Iglesia que en su época se caracterizaba por todo lo contrario.

Solía acudir en Madrid a las reuniones que organizaban los liberales siguiendo la costumbre iniciada por los ilustrados franceses. En su caso iba a la de la condesa de Montijo, María Francisca de Portocarrero, quien reunía en su casa a otros religiosos: el obispo Antonio Tavira, el preceptor de los infantes José Yerregui, el arcediano de Cuenca, Juan Antonio Rodrigálvarez y el canónigo de San Isidro, Joaquín Ibarra, cuya postura era crítica con la deriva de la Curia romana.

Lógicamente, apoyó las novedades del Trienio Liberal e incluso fue nombrado consejero de Estado interviniendo en la reforma que se quiso impulsar en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia para reducir los privilegios económicos de esta.

El 24 de septiembre de 1821 asumió el Obispado de Cartagena-Murcia y allí trató de ajustar el Seminario a los cambios que se estaban produciendo, con la esperanza de que fuesen duraderos. Allí dictó una carta pastoral que los absolutistas calificaron de «furibundo manifiesto revolucionario» e iba a pesar en contra suya cuando cayó el régimen constitucional y el general Riego fue ajusticiado.

Al ser restaurado Fernando VII como rey absoluto persiguió a todos los constitucionalistas y liberales incluyendo a los religiosos. El 6 de febrero de 1824 decretó la retirada de prebendas y beneficios a aquellos eclesiásticos sospechosos de haber sido miembros de sociedades secretas, y poco después profundizó en esta persecución con una Real Orden que instaba a la autoridad eclesiástica a censurarlos y apartarlos de sus cargos, incluso los excluyó de la amnistía que otorgó el 10 de mayo de 1824.

Finalmente, Antonio Posada Rubín de Celis fue sometido a juicio eclesiástico por sus escritos de talante liberal y constitucionalista. El nuncio Giacomo Guistiniani, con quien llevaba años teniendo discrepancias, solicitó su cese al papa Pío VII con el argumento de «separar a ese lobo del infeliz rebaño que está inficionando» y lo obligó a dimitir en marzo de 1825. Pero Antonio Posada no se movió de sus posiciones: «No tengo por qué avergonzarme a la clara luz de la razón y la antorcha de la justicia. Si consiguen oprimirme con el poder no soy el primero ni seré el último mártir del honor y el decoro del ministerio pastoral y estoy bien preparado para sufrirlo todo por quien padecerá en mí y conmigo, seguro de que no tengo más que esperar en este mundo».

Para evitar consecuencias más graves, al mes siguiente tomó el camino del exilio como estaban haciendo otros religiosos en sus mismas circunstancias. Después de pasar unos meses en Barcelona, se asiló en Perpiñán, y luego en Aix-en-Provence donde enseguida fue reconocido por el arzobispo de aquella diócesis que le aceptó como ayudante en sus tareas.

No regresó hasta que en 1833 Isabel II heredó el Reino de España tras la muerte de su padre. Como recordarán, este episodio supuso el inicio de las guerras carlistas. La pequeña Isabel representaba a la modernidad frente al tradicionalismo de su tío Carlos y el obispo allerano se puso de su lado siendo favorecido por el Gobierno. Fue nombrado senador por Oviedo en 1837 y vitalicio en 1845. También fue desde 1850, presidente de la Junta Consultiva eclesiástica encargada de aprobar los presupuestos del clero y bajo su autoridad se preparó el Concordato de 1851.

Constantino Suárez, "Españolito", en su obra "Escritores y artistas asturianos" dejó escrito que don Antonio nunca perdió el contacto con los asturianos y que en su vejez gustaba de meterse en la cama cuando anochecía para recibir allí hasta las diez a un círculo de amigos que iban a hacerle compañía.

En el libro "La Masonería en la España del siglo XIX", coordinado por José Antonio Ferrer Benimeli en 1975, se recogieron las ponencias del II Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española que se había celebrado en Salamanca. El historiador Emilio de Diego García escribió entonces una "Aproximación al estudio de los posibles masones en 1823" recogiendo el número de religiosos que en aquel momento pudo localizar en las logias españolas: 12 curas, 12 presbíteros, 3 párrocos, 5 capellanes, 6 canónigos, 6 vicarios, 5 frailes secularizados y 2 beneficiados. Es decir, un total de 51 para los cerca de 80.000 que entonces había en el país.

La cifra no parecía muy significativa, aunque entre los señalados había algunos clérigos relevantes como don Juan Rico, vicario general de Valencia y Murcia o don Jaime Gil de Orduña, teniente vicario general, ambos diputados a cortes durante el Trienio Liberal.

Pero, desde aquel año, la apertura de nuevos archivos, los trabajos de investigación y, sobre todo los avances informáticos, han permitido profundizar en estos datos, identificando a más clérigos relevantes que en la primera mitad del siglo XIX compaginaban las misas con las tenidas en las logias identificando al Dios católico con el Gran Arquitecto del Universo. Posteriormente, el mismo Ferrer Benimeli, esta vez en colaboración con Vicente Cárcel Ortí ha completado una relación de varios religiosos masones exiliados en Francia tras el Trienio Liberal.

Vemos en la lista a capellanes como Antonio Barragán, que lo fue de la «Columna Patriótica» y del primer batallón de la milicia nacional de Zaragoza y más tarde del 9° regimiento de Infantería; Domingo Bondía, religioso exclaustrado, capellán del ejército de Ballesteros e Ildefonso Medrano, presbítero y capellán de otro regimiento constitucional. Con ellos, algunos agitadores: Joaquín Sáez de Quintanilla, presbítero, rector de la Universidad de Valencia, primero masón y luego comunero, o Juan Mata de Echeverría, ex mercedario pamplonés, lector de teología y revolucionario muy activo.

También a sacerdotes de a pie, así José María de Alcocer, párroco de Santa Cecilia de Medellín en Plasencia, quien fue uno de los más fervorosos predicadores del sistema constitucional en Extremadura; Salvador López, canónigo de Berlanga en la diócesis de Sigüenza; José María Moralejo, cura propio de San Juan de Brihuega en el arzobispado de Toledo o Martín Rentero, cura en una parroquia de Murcia y secretario de la Sociedad Patriótica murciana. Y con ellos está Antonio Posada y Rubín de Celis, quien posiblemente se hubiese iniciado en la logia Santa Julia, que ya trabajaba en Madrid a principios del siglo XIX.

Nuestro obispo falleció en Madrid el 22 de noviembre de 1851 dejando sus bienes en testamento a una criada de confianza, quien luego la vendió al marqués de San Feliz; con el tiempo, su escudo fue arrancado de la casona de Soto y actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Oviedo. Sus restos mortales descansan desde entonces en el panteón de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de la capital de España.