Un barco a la deriva

Algunos insignes regeneracionistas denunciaban en el siglo XIX que no había quien superase a los españoles "en el arte diabólico de explotar el erario público". Y por lo visto hay tradiciones que no se pierden. Que resisten muy bien el paso del tiempo. 

De ese "arte diabólico" está aún plagada la España de nuestros días. Me referí en otro artículo a un estudio en el que se concluía que, entre 1998 y 2008, las administraciones públicas habían comprometido más de 81.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, infrautilizadas o mal programadas, Y se calcula que el despilfarro podría alcanzar los 100.000 euros en la próxima década. Una de las consecuencias inmediatas de ese derroche improductivo es el alto índice de pobreza que viene soportando nuestro país.

Un ejemplo ilustrativo de ese despilfarro público salió a la luz en los últimos días. Esta es su peripecia. Hace casi una década, en 2024, el presidente de la Diputación de Toledo del Partido Popular, Arturo García Tizón, mandó construir un barco para navegar por el río Huso (o Uso), afluente del Tajo, con el fin de realizar visitas turísticas al yacimiento islámico de "Ciudad de Vascos" y dinamizar la zona tanto económica como culturalmente.

El coste del barco ascendió a 344.850. Fabricado en fibra de vidrio y con motor eléctrico para reducir el nivel de ruido y las emisiones contaminantes, tenía una capacidad para sesenta pasajeros. Se construyeron también campos de boyas para la navegación. Y la Confederación Hidrográfica del Tajo invirtió otros 300.000 euros en la construcción de embarcaderos para facilitar el acceso al yacimiento.

Cuando el barco ya estaba listo y los permisos de navegabilidad eran favorables, el nuevo presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Gutiérrez Prieto, decidió rechazar el proyecto por "inviable y rocambolesco" y poner el barco a la venta, advirtiendo que se pondrían "en conocimiento de las autoridades judiciales, todas las irregularidades encontradas".

Durante algún tiempo, la embarcación permaneció anclada en un astillero de Ribadeo (Lugo), con un gasto de 4.000 euros anuales por el amarre. Se estimó después que el barco no era útil para los fines previstos y se sucedieron once subastas fallidas en seis años. Por fin, lo compró la misma empresa que lo había fabricado, Astilleros Gondán, por 68.500 euros: más o menos la décima del presupuesto total, sumando el precio del barco y las obras necesarias para hacer posible su navegación. 

De todas formas, creo que lo más descabellado de esta fallida operación turística es que el barco nunca se llegó a utilizar porque el Huso no es un río navegable por su escasa profundidad, la irregularidad del caudal y sus pronunciadas pendientes.

Con todas sus posibles implicaciones, este ha sido un ejemplo más de una miríada de despilfarros administrativos que se vienen sucediendo en España, sea cual sea el signo político del Gobierno de turno. Y da la impresión de que, en la mayoría de los casos, falta voluntad política para atajar con el suficiente rigor este endémico y oneroso problema.

El episodio del Río Huso es una prueba de lo arraigado que está en España el populismo de la obra pública. Al respecto existe una reveladora anécdota apócrifa muy divulgada. En un mitin electoral, un candidato promete con toda solemnidad que, si sale elegido, construirá un puente en aquel lugar. Y cuando alguien desde el auditorio le advierte que allí no había río, el candidato sube la apuesta y responde con énfasis: "Entonces os construiré el río".

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