Ofensiva contra el sistema público de pensiones

Pocas partidas del gasto público vienen sufriendo una ofensiva tan brutal como la que sufre nuestro sistema público de pensiones. Por lo menos, desde hace 40 años. Todavía recuerdo el año 1985 cuando Nicolás Redondo, siendo diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, rompió la disciplina de voto en la tramitación de la ley de reforma de pensiones.

Cabe preguntarse el por qué entre tantas partidas de gastos, algunas de ellas más que cuestionables, se han escogido las pensiones como el objetivo a derribar por casi todos los estudios de empresas y fundaciones, ligadas todas ellas a la banca y a las grandes aseguradoras, vaticinando la debacle. La respuesta es obvia: se trata de promocionar los fondos privados de pensiones.

Muy recientemente, FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) nos presentaba su nuevo informe queriendo demostrar que el sistema es totalmente inviable, fundamentándolo en la generosidad del sistema, porque, según no se sabe cuántas suposiciones y cálculos, llegan a la conclusión de que un jubilado medio recibe más dinero sumando todos sus años de pensionista que todo lo que ha cotizado en su vida activa, aunque ignorando que los jubilados también pagamos impuestos.

Esta tesis nada tiene de novedosa, pues hace años ya había sido esgrimida por un impresentable Solchaga, siendo ministro con Felipe González, con menos sofisticación, pero con la misma intención que persigue ahora FEDEA.

Al respecto, es conveniente señalar que este planteamiento se asienta sobre un sujeto imaginario que es el pensionista medio. Pero lo cierto es que tal figura no existe y el saldo es distinto para cada jubilado. Por poner un ejemplo extremo, será totalmente negativo para aquellos que fallecen antes de llegar a la edad de jubilación. Tampoco sé si para llegar a tales conclusiones se han tenido en cuenta las cotizaciones que figuran en la nómina del trabajador como cuota empresarial, que en el fondo no son sino salarios en diferido de los trabajadores. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no se han computado todos los impuestos con los que a lo largo de los años han venido contribuyendo los asalariados. Es decir, se hace una distinción artificial entre pensionista y contribuyente, pero tal suposición no tiene fundamentación alguna ni en la ley, ni en la Constitución, ya que la nombrada separación de fuentes en la financiación del Estado no es más que una mera convención del Pacto de Toledo.

La razón es que pervive en el imaginario público el sistema de Seguridad Social creado durante el franquismo, como sistema cerrado en el que las prestaciones estaban unidas a las cotizaciones, pero no solo las de jubilación, sino todas las de los trabajadores, incluyendo por ejemplo la sanidad, el seguro de desempleo, la incapacidad laboral, etcétera. Este modelo no es el que establece la Constitución que en su artículo 41 impone a los poderes públicos mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y que garantice la asistencia y prestaciones suficientes. No lo limita a los trabajadores ni a las cotizaciones. Concretamente en el caso de las pensiones, el artículo 50 viene a completar el 41 estableciendo que los poderes públicos garanticen, «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad».

Queda muy claro, por tanto, que no hay ninguna correlación determinista entre pensiones y cotizaciones desde el momento en que incluye, por ejemplo, a aquellos que no han cotizado nunca. De hecho, si se hiciese un estudio sobre la materia, veríamos que, teniendo en cuenta también el tiempo de cotización, el abanico entre las pensiones es muy inferior al de las cotizaciones. Seguramente en los niveles más altos de los pensionistas se encuentra la mayoría en los que, sumadas todas sus cotizaciones y debidamente actualizadas, la cantidad resultante sería mayor a la que se obtendría al agregar la totalidad de las pensiones que van a cobrar durante su etapa de jubilados.

Los distintos gobiernos, también el actual, han colaborado a acrecentar la confusión transfiriendo como préstamos y no como aportaciones, los fondos que anualmente puede necesitar la Seguridad Social. Lógicamente, ello está propiciando que muchos interesados en mancillar las pensiones públicas hablen de que el sistema está quebrado, o incluso que sumen el endeudamiento que artificiosamente tiene la Seguridad Social con el Estado al que este tiene de forma real frente a terceros, y lo presenten como una deuda pública global, con lo que créditos meramente nominales de la Seguridad Social se contabilizan dos veces. Primero como deuda del Estado y después, de la Seguridad Social. Por otra parte, la actualización por la inflación de las pensiones, que sus críticos señalan erróneamente como causa de su inviabilidad, no influye lo más mínimo en la solvencia de las cuentas públicas sea cual sea el incremento del IPC. Es más, lo lógico sería que se regularizasen también el resto de los gastos del Estado incluyendo las retribuciones de los funcionarios, ya que los ingresos públicos se actualizan automáticamente con la inflación.

En definitiva, los detractores del sistema público pretenden plantear una guerra entre generaciones, realizando ciertas comparaciones sectarias e interesadas en las que se mantiene que los salarios están peor tratados que las pensiones, de tal manera que, para justificar la situación crítica del sistema afirman que la cuantía de las prestaciones de los que entran por jubilación es muy superior a las que salen por fallecimiento, lo cual es cierto, pero indica claramente que los salarios han venido creciendo en mayor medida que las pensiones. 

Si la semana pasada fue la Comisión Europea quien advertía a los jóvenes de que las pensiones públicas pueden quedarse muy cortas en un futuro, el jarro de agua fría llegó recientemente de la mano de la OCDE, organismo que, en su informe sobre España ha instado a nuestro país a recortar las prestaciones si quiere hacer sostenible el sistema.

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