El abandono de las Cuencas: la desconexión histórica del PP de Asturias con la minería

El futuro de las comarcas mineras de Asturias arrastra una deuda histórica que no solo es económica, sino fundamentalmente política. En este escenario, el Partido Popular ha demostrado, a lo largo de los años, una alarmante desconexión con la realidad de la minería y una falta de compromiso real con el porvenir de unos territorios que fueron el motor industrial de la región. Su discurso ha carecido de una sensibilidad arraigada a la identidad y al tejido social de las cuencas.

El año 2012 quedó grabado a fuego en la memoria de la Asturias minera como el año de la gran traición. Mientras las cuencas se volcaban en una de las huelgas y movilizaciones más duras de la democracia en defensa de su medio de vida, la respuesta institucional del PP fue dar la espalda. Al frente de Hunosa, la principal empresa estatal minera, se encontraba María Teresa Mallada, nombrada por el Partido Popular. En lugar de actuar como un puente de diálogo o un baluarte en defensa del sector frente a los brutales recortes del Gobierno central de Mariano Rajoy, la dirección de la empresa pública se convirtió en el brazo ejecutor de una política de ahogo económico que aceleró el fin de la extracción del carbón sin una red de seguridad. El conflicto de 2012 no fue solo laboral; fue una crisis social donde el PP asturiano prefirió la disciplina de partido antes que la defensa de sus propios vecinos.

A este distanciamiento ideológico se suma el flagrante incumplimiento en la gestión de los fondos mineros, una traición financiera que tuvo que dirimirse en los tribunales. La asfixia económica impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy fue de tal magnitud que el Gobierno del Principado de Asturias se vio obligado a interponer una demanda judicial contra el Ejecutivo central para exigir lo que por derecho correspondía a la región. El "tijeretazo" del PP de Madrid supuso un bloqueo masivo de las inversiones que dejó a Asturias sin cientos de millones de euros vitales para su reconversión.  

La batalla en los tribunales destapó la gravedad del expolio: el Principado tuvo que reclamar judicialmente más de 250 millones de euros en convenios de fondos mineros e infraestructuras que el Gobierno de Rajoy había decidido retener de forma unilateral. De hecho, la justicia tuvo que enmendarle la plana al PP mediante sentencias que obligaban al Estado a abonar de golpe partidas bloqueadas que superaban los 213 millones de euros; unos fondos que, debido a la "inactividad administrativa" y a la nula voluntad política del Ministerio de Industria popular, tardaron años en llegar y lo hicieron arrastrando un daño irreparable para el tejido industrial asturiano.

Para desmontar el relato oficial con el que el PP ha intentado justificar históricamente este desmantelamiento, la hemeroteca y las instituciones europeas son implacables. Un documento oficial de la Comisión Europea desmontó la estrategia de desinformación de esta “derecha tramposa” al señalar directamente que fue el Gobierno del Partido Popular, y no el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que asumió el tijeretazo definitivo al sector. Según los informes comunitarios, fue en febrero de 2012 —apenas dos meses después de la investidura de Mariano Rajoy— cuando el nuevo Ejecutivo central remitió a Bruselas el plan que sentenciaba las ayudas, desatando la tormenta social que incendiaría las cuencas poco después.

Resulta de una hipocresía flagrante ver en prensa al Presidente del PP de Mieres exigir con vehemencia dimisiones al Gobierno de Asturias por el accidente de la mina de Cerredo, presentándose como el máximo adalid de la responsabilidad política y la seguridad. Sin embargo, esa supuesta rigurosidad moral se desmorona por completo al recordar cómo, pocos meses antes, los populares aplaudían con entusiasmo y elogiaban al miserable de Carlos Mazón durante su visita a Asturias. Para el líder de los populares mierenses, la exigencia de asumir responsabilidades parece depender exclusivamente del carné partidista: implacable con el adversario, pero sumiso y complaciente con los errores propios. Una doble vara de medir que evidencia que su prioridad no es la justicia ni la seguridad, sino la rapiña política más oportunista.

Hoy en día, hablar del futuro de la minería en Asturias desde las filas del Partido Popular suena a retórica vacía. Quienes en los momentos cruciales gestionaron el declive con resignación, recortaron las ayudas por encima de lo pactado con Europa y obligaron a Asturias a litigar en los tribunales para recibir el dinero de sus infraestructuras, difícilmente pueden presentarse ahora como los salvadores de una Transición Justa. Las cuencas mineras asturianas tienen memoria, y la cicatriz de 2012, sumada a los millones de euros que el PP intentó hurtar a su futuro, sigue siendo el recordatorio de un partido que nunca llegó a comprender la urgencia ni el alma de la minería asturiana.

La postura actual de José Manuel Rodríguez González (Presidente del PP de Mieres y Senador) en defensa de las cuencas mineras bajo las siglas del PP —el partido que ejecutó el "tijeretazo" contrario al sector en 2012 y bloqueó sus fondos— resulta tan contradictorio como ver a un Narcotraficante  liderando un partido benéfico bajo el lema "No a la droga": un intento de abanderar una causa noble por parte de quien encarna, precisamente, todo lo contrario o lo que es lo mismo, la hipocresía en estado puro.

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Jorge Expósito González es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mieres

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