Lo sabían todos, también Barbón

En España no está prohibido extraer carbón. Lo que no está permitido es la reapertura de las minas que habían recibido ayudas públicas para su cierre. Y, es aquí, donde surge la picaresca de los “sabios” del Gobierno aplicando un ingenioso permiso de investigación, todo él plagado de “mordidas” y otras prebendas, para seguir explotando las minas cerradas sin devolver las ayudas recibidas, originando el escándalo que, desde hace tiempo, viene salpicando la política asturiana.

De repente, nos habíamos olvidado de que la memoria es una caña de bambú y de que los hombres mueren en la mina, por eso el grisú nos encontró dormidos y nos sobresaltó aquel maldito 31 de marzo de 2025, cuando cinco mineros perdían la vida en el chamizo carbonero “El Mangueiro” de la cuenca minera de Zarréu.

Ocurre que estábamos viviendo unos años de tramposa confianza, sobre todo porque la producción de carbón se había extinguido prácticamente, con la lógica disminución de los accidentes, y porque desde hacía tiempo se venía hablando de la energía autóctona con una tijera y una calculadora, y ya nadie tenía un gesto de gratitud para los centenares de mineros muertos en Asturias y en otros lugares de la geografía española, cuyos hombres y mujeres fueron los que más habían contribuido a paliar la hambruna en aquella España golpeada por el fascismo nacional e internacional, hasta colocar a nuestro país en el rol de los países más industrializados del mundo.

Pero ¿qué hacían allí los mineros cuando una explosión de grisú acabó con la vida de cinco de ellos? Estaban extrayendo carbón de manera tan fraudulenta como consentida por el gobierno de Asturias. Aunque la mina estaba oficialmente cerrada, y la extracción del mineral era un secreto a voces en el pueblo, la tragedia sirvió entonces para descubrir que la minería del carbón sobrevivía en algunas localidades del apartado y despoblado suroccidente asturiano, donde, al menos, cuatro explotaciones mineras han ido reabriendo de una manera tan discreta como ilegal.

Este goteo de reaperturas ha sido posible con cuatro consejeros y consejeras diferentes, pero con una misma persona al frente de la operación: Belarmina Díaz “Mini”, perteneciente al conocido “lobby de los ingenieros de minas” -en este caso de las ingenieras-, el sector que históricamente ha dominado la Consejería de Industria desde el nacimiento del Principado de Asturias como comunidad autónoma.

En efecto, tras la tragedia minera hemos conocido detalles muy desagradables como que durante su largo mandato las inspecciones a las minas se pactaban con las empresas, o que, tras el primer accidente mortal en 2022, su departamento no investigó las denuncias sobre extracción ilegal de carbón en la mina de Zarréu, donde se produjo la tragedia. Todo esto ya sería más que suficiente para justificar el cese de la “Mini” como jefa de la trama negra, pero el legado de Belarmina va mucho más allá del hacer la vista gorda. Esta es la inventora de un permiso de investigación especial, de muy dudoso encaje legal, que permitía a los presuntos narcos y carbotraficantes del carbón como el Chus Mirantes -a la espera de ser juzgado y condenado por importar 390 kilos de cocaína envueltos en un cargamento de carbón vegetal procedente de Uruguay- reabrir minas sin devolver un solo euro de la subvención recibida: los llamados Permisos de Investigación Complementario.

En efecto, el precio de la tonelada se ha incrementado muy por encima de los 400 euros y, lógicamente, resulta un caramelo muy apetecible para la reapertura de las explotaciones sin tener que devolver las ayudas. El truco consiste en disfrazar la extracción del mineral con investigaciones sobre el grafito, por ejemplo, sabiendo, como se sabía que no existe ningún documento científico, geológicamente hablando, que acreditase este supuesto. ¿Cómo es posible que una cantidad entre 60.000 y 90.000 toneladas del carbón sean necesarias para esta falsa investigación?

Que se extraía carbón en El Mangueiro de Zarréu era una realidad conocida por el gobierno, y que la Blue Solving, causante del presunto asesinato de cinco mineros, tratando de ocultar la verdad que no era otra que, con la disculpa de recuperar instrumental de la explotación cerrada y de la investigación sobre otras materias, como el grafito, sacar carbón para comercializarlo, también, tal y como queda perfectamente acreditado documentalmente en el dossier que ha llegado a mis manos, en el que se explica que el cliente principal es Arcelor, que ya ha dado el visto bueno a las calidades, y se aportan con detalle los datos económicos y técnicos de la explotación del mineral.

Tras un año de comparecencias parlamentarias, el dictamen de la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, no puede ser más demoledor para el Gobierno asturiano, señalando los déficits en seguridad, pero también la responsabilidad en el gran fraude de la reapertura de minas no solo de Belarmina Díaz, sino también de los tres consejeros que le precedieron, Isaac Pola, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, de tal manera que el gobierno de Barbón ha quedado solo, en su búnker, tratando de rehusar lo que ya es una evidencia, refiriéndonos a lo que dice el informe de la Inspección General Técnica.

Lo que resulta más increíble es que, después del accidente mortal de 2022, donde murió un trabajador y otro perdió una pierna por un accidente con un camión “lagarto” que transportaba carbón del interior, tanto la patronal como el gobierno siguieran mirando pal castañeu, todo ello a pesar de la denuncia de un paisano por correo electrónico que nadie se dignó a leer en el Principado. Sabiéndolo el gobierno asturiano, el ayuntamiento de Degaña, los sindicatos definidos como mayoritarios, los vecinos y los trabajadores, que se quejaban de estar trabajando en un chamizu tercermundista en el que tenían miedo entrar en cada relevo.

Así que, el accidente mortal tres años después se puede titular como la crónica de una muerte anunciada, o si lo prefieren: presunto asesinato de cinco mineros en el chamizu “El Mangueiro” de Zarréu.

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