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El Padrino y la Teoría del Estado y del Derecho

La obligatoriedad del cumplimento de las normas de los poderes públicos y su diferencia con las de la Mafia

El Padrino y la Teoría del Estado y del Derecho

Una de las preguntas esenciales a las que deben responder la Teoría del Estado y la del Derecho es la relativa a la obligatoriedad del cumplimiento de las normas que emanan de los poderes públicos y si son diferentes a las que puede dictar una organización mafiosa. A estas cuestiones se enfrentaron ya, entre otros muchos, filósofos como Platón y, más tarde, San Agustín. En términos mucho más modernos, Kelsen defendió que no se trata de buscar cualidades internas que hagan válido el ordenamiento estatal y no válido el de la organización criminal, pues no hay una diferencia esencial entre, por ejemplo, la sanción que impone el Estado por lesionar a una persona y la que podría aplicar la Mafia por una conducta similar, pues en ambos casos es posible que exista una reglamentación parecida que permita saber a la sociedad que si se da la conducta lesiva A se impondrá la pena correspondiente B.

Una posible solución sería decir que el Estado impone sanciones "justas" y la Mafía no, pero legos en Derecho como Mario Puzo y Francis Ford Coppola la desmontan magistralmente en la primera escena de El Padrino: Bonasera acude a Vito Corleone para que repare las gravísimas vejaciones físicas y morales sufridas por su hija a manos de unos maltratadores, explicando que su demanda ante la justicia norteamericana se ha saldado con una condena de tres años de prisión que el juez dejó en suspenso poniendo en libertad a los culpables.

Bonasera se indigna ante la injusticia, reclama la muerte como sanción "justa" para los delincuentes y ofrece, incluso, dinero al Padrino; éste se considera insultado por el "soborno" y le recuerda que no está pidiendo "justicia" sino "venganza", resolviendo que los maltratadores reciban un castigo "proporcional".

Una respuesta alternativa a la anterior sería la que ofrecen las teorías "realistas", que en su concepción moderna ya no se plantean si la norma es válida sino si es "eficaz"; esto es, si se cumple en la práctica. También El Padrino muestra que tal criterio no sirve como elemento que diferencie, en un sentido favorable, al Estado de una organización criminal: las reiteradas negativas del productor cinematográfico Jack Woltz a darle un papel protagonista en una de sus películas a Johnny Fontane, aunque reconoce que es el actor adecuado para ese perfil, acaban cediendo ante la eficacia de una oferta de El Padrino, que no puede rechazar.

En última instancia, la respuesta a la pregunta que nos incumbe no está en centrarnos en la justicia o eficacia de una norma o una decisión judicial concretas sino en "suponer" que el ordenamiento estatal en su conjunto es "válido" y el mafioso no, pero entonces surge otro interrogante: ¿por qué hacemos esa suposición?

La clave radica en suponer que el ordenamiento estatal es válido cuando, en su conjunto, es eficaz; es decir, cuando excluye la vigencia de otro entramado jurídico. Así, podemos suponer que el ordenamiento es válido y, por tanto, es obligado cumplir sus normas cuando es efectivo. Lo vemos en El Padrino II: Michael Corleone asiste en La Habana al ocaso de la dictadura de Fulgencio Batista y al triunfo de la guerrilla que, cuando consigue hacerse con el poder, acaba siendo reconocida como gobierno "legítimo" y, por tanto, su ordenamiento pasa a gozar de la presunción de validez.

El conjunto del ordenamiento estatal, la "legalidad", encuentra así su fuente de "legitimidad"; la razón por la que debe ser obedecido. Ahora bien, la trama vuelve a complicarse y nos resulta muy inquietante cuando, como ocurre en la ficción de El Padrino pero también en no pocas ocasiones en nuestra realidad, esa legalidad no está al servicio de la libertad, la igualdad, la justicia o el pluralismo, sino que puede "comprarse" con dinero o con influencias, como se refleja en la conversación entre el senador Pat Geary y Michael Corleone, donde el primero condiciona la obtención de la licencia para un casino en Las Vegas, cuyo coste es de 20.000 dólares, al pago de 250.000 dólares y el 5% de las ganancias de los hoteles que explota en el estado de Nevada la "familia Corleone".

El no va más de esta preocupante analogía lo ejemplifica el propio Michael Corleone cuando, en otra escena, sentencia: "la política y el crimen son lo mismo". Resulta, o tendría que resultar, obvio que es una afirmación disparatada pero, y eso debería preocuparnos, parece que cada vez hay menos gente que la considere una exageración, a lo que no debe resultar ajeno el hecho de que más de un cargo público considere, parafraseando de nuevo a Michael Corleone, que el ejercicio de sus funciones "no es política, sólo negocios".

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