Quizá uno de las tradiciones más consolidadas de cada otoño es la lectura atenta del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para comprobar como, año a año, no hay la menor alegría para Asturias en el apartado cultural y menos aún para su principal referente, la Ópera de Oviedo. Sólo en un tiempo ya lejano, casi como un espejismo, se consiguió una cantidad sensata de aportación estatal que la anterior crisis borró de un plumazo. Las recesiones son, para los políticos, la perfecta coartada para la tijera cultural: cuando los ingresos van mal, la primera poda llega a la cultura y, sin embargo, cuando todo mejora no se repercute en la misma proporción lo que previamente se retiró del sector. En la crisis de 2008 se perdieron festivales, propuestas muy diversas y se dañó profundamente el circuito de conciertos. Más de una década después, y antes de llegar la pandemia actual, buena parte de aquello ya no se volvió a recuperar.
El Ministerio de Cultura, vía Presupuestos Generales del Estado, ha regado generosamente de fondos adicionales a los teatros de las grandes ciudades, mientras que ha dejado, una vez más, las migajas para el resto. ¿Hay alguna razón para esa desigualdad? Ninguna. Lo único que existe es una visión muy sesgada por parte del Ministerio, incapaz desde hace décadas, de tener una auténtica agenda de verdadero carácter nacional en lo que a lírica y la clásica se refiere. Para el Ministerio de Cultura la M-30 madrileña es la verdadera frontera de su interés, con algún salvoconducto a determinadas ubicaciones que se rige exclusivamente por intereses partidistas –la siglas son lo de menos, el modus operandi se repite sin excepción–.
A pesar de su infrafinanciación nacional, que no guarda ni la mínima relación con la historia y con la entidad del ciclo lírico, la Ópera de Oviedo ha demostrado una resiliencia increíble, sustentada en el favor del público, de enorme fidelidad, y en la apuesta constante del Ayuntamiento de la ciudad que se mantiene firme, a través de diversas corporaciones, en la contribución sustancial a su desarrollo, no sólo en la ayuda económica directa, sino también en el aporte de la infraestructura y de la formación orquestal imprescindible en las representaciones. El Principado siempre ha estado presente con perfil medio, aunque se eche de menos mayor contundencia en el apoyo que debiera tener una industria cultural de este calado. Recuerdo, cuando décadas atrás, el inolvidable Guillermo Badenes, decía que al llegar al Campoamor cualquier alto cargo nacional todo eran alabanzas y palmadas en la espalda, pero que este entusiasmo nunca se traducía después en pesetas entonces, ahora euros. Es algo que no ha cambiado y que, por desgracia, tampoco se va a mover sino hay presión por parte de la clase política regional cuya influencia en este sentido ha sido siempre menor y muy descafeinada.
Albergaba la esperanza de que la pandemia que está reventando la cultura en nuestro país, y muy especialmente la lírica y la música clásica porque estos dos sectores sólo cuentan –salvo alguna excepción– con el sector público para sobrevivir, sirviese para un redistribución más justa de los recursos estatales. Estaba equivocado, la desigualdad se acrecienta, y mucho, en este borrador de presupuestos en el que salvo la contribución estatal a sus propias unidades tampoco existe un plan específico nacional de apoyo a la zarzuela que sigue a la cola de los afanes políticos, pese a ser un bien patrimonial de primera magnitud.
La unidades nacionales que dependen del Ministerio siguen cobrando alquileres de sus producciones en sus giras a “provincias”, algo que se antoja un escándalo mayúsculo porque esas escenografías ya han sido financiadas con los impuestos de todos en su estreno capitalino y la ciudadanía que no vive en Madrid tiene que pagar por lo mismo dos veces: en su construcción y en su reposición en otros teatros del Estado. En fin, son cosas tan extrañas que cualquier intento de análisis riguroso se antoja baldío. Pasan los ministros, algunos de ellos olvidados de inmediato por sus mediocres gestiones, y los problemas reales no sólo no se resuelven, sino que se agravan. Eso sí, el propio Ministerio solicita informes y auditorías externas para monitorizar el sesgo de género en la dirección de sus centros de producción y los encargos del propio ente. Son iniciativas curiosas puesto que han de pagar para que alguien de fuera de la casa les haga ver la desigualdad a quienes, bajo su mandato, han puesto en sus cargos a los directivos que ahora están trabajando. Así da gusto. ¡Viva la coherencia! Lo que me asombra es que ni se sonrojan. Quizá esta situación inamovible sea la pandemia más dañina, porque nunca acaba.
