A poco de declararse la pandemia y coincidiendo con el aniversario de la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812 –la “Pepa”–, vio la luz una obra original y esplendorosa, que su autor, fallecido dos años antes, no tuvo la dicha de contemplar. Me refiero a “Historia constitucional de España”, de Joaquín Varela (edición de Ignacio Fernández Sarasola). Varela, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, culminaba con ella el empeño fundamental de su vida académica. No obstante, en las páginas introductorias de la misma señala que no la ha concebido en exclusiva para especialistas en Derecho público, Filosofía política e Historia, a quienes va dirigida en particular, sino también para todos los que, con independencia de su formación especializada, desean conocer en sus grandes líneas nuestra historia constitucional, que se inserta, como sostuvo siempre Varela, en la del resto de Occidente, a la cual cabalmente pertenece, lejos de la desdeñosa imputación de exotismo de algunos autores foráneos e ignaros.
El núcleo de este magnífico libro es el nacimiento y desarrollo en nuestro país –pero debidamente contextualizado en perspectiva comparada– del Estado constitucional (1808-1978). Se estudian, pues, las diversas Constituciones y proyectos constitucionales, las doctrinas políticas y los modelos institucionales (españoles y extranjeros) en que se inspiraron, los debates de las asambleas constituyentes, las normas legislativas y gubernamentales que articularon los órganos constitucionales creados y, desde luego, el origen y evolución de los partidos políticos que dinamizaron o entorpecieron la práctica de las distintas leyes fundamentales.
Como recapitula el propio autor al hacer balance final de la historia constitucional española, durante el siglo XIX todas las Constituciones rechazaron el principio sustancial del Antiguo Régimen, o sea, la soberanía del rey, desplazándola bien únicamente a la nación (textos de 1812, 1837 y 1869), bien al monarca y a las Cortes conjuntamente, como partes integrantes de la denominada Constitución “histórica” o “interna” (textos de 1834, 1837, 1845 y 1876). No obstante las diferencias que distinguen a unas Constituciones de otras respecto a la división de poderes y la forma de gobierno, en todas ellas se estableció un reparto de funciones entre la Corona, las Cortes y los tribunales de justicia, así como (salvo el Estatuto Real de 1834) el reconocimiento de derechos individuales (libertad, propiedad y seguridad) de garantía de la autonomía de los ciudadanos frente al Estado. El resultado fue, hasta 1923, una monarquía constitucional, un Estado de Derecho y, dado además el influjo centralista francés a la sazón imperante, un Estado unitario.
La Constitución republicana y democrática de 1931 trajo importantes novedades, siendo las principales la supremacía normativa de la ley fundamental (garantizada sobre todo por un Tribunal de Garantías Constitucionales, ante el que se podían formular recursos de inconstitucionalidad y de amparo), los derechos sociales y las autonomías regionales. Por desgracia, no fue una Constitución de consenso, sino sectaria, “de izquierdas”, como la definió el socialista Jiménez de Asúa, y de ahí su fracaso. Heredera de ella es, sin duda, la de 1978, pero ésta ha sido el fruto de un consenso y de una vocación integradora inigualables, y de ahí su éxito, que ahora se pone irresponsablemente en entredicho. Un éxito, señala Joaquín Varela, que no ha consistido sólo en su longevidad (también duró la Constitución canovista de 1876), sino en su capacidad de vertebrar un Estado social y democrático de Derecho, que reconoce y garantiza efectivamente un amplio catálogo de derechos y libertades, y de poner en planta una descentralización territorial impresionante (el llamado “Estado de las Autonomías”). Además, por primera vez en nuestra historia se ha instituido una “monarquía republicana”, a mi juicio de incalculable valor aunque hoy atraviese horas bajas. Es igualmente una Constitución fuertemente conectada al Derecho internacional y europeo. Y sobre todo es una Constitución “abierta”, bajo la que caben sin problema programas políticos diferentes. En tiempos tan azarosos como los presentes no conviene olvidar el firme asidero que la Constitución representa.
El libro del Profesor Varela supone, ciertamente, un verdadero hito historiográfico, pero sobre todo es una obra de gozosa e imprescindible lectura, escrita con claridad magistral. A ella animo a quienes quieran conocer los orígenes y desarrollos de nuestro Estado constitucional.
Historia constitucional de España
Joaquín Varela
Marcial Pons, 718 páginas, 40,85 euros
