La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha desvelado en el pleno de hoy que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de València en el caso del Teatre Musical que el equipo de gobierno del PP adjudicó en 2013 a la productora Crystal Forest, propiedad de José Luis Moreno. Los incumplimientos contractuales de la adjudicataria, en la que trabajó la sobrina de Rita Barberá, Asunción Corbín Barberá durante siete meses, en la gestión del Teatre El Musical llevaron al consistorio a liquidar el contrato en marzo de 2015. Aunque fue el gobierno del Rialto quien resolvió el contrato en 2018, imponiendo una penalidad a la adjudicataria de 423.000 euros, que ahora el TSJ resuelve dando la razón al Ayuntamiento de Valencia, con la condena a Crystal Forest para que pague los 423.000 euros en concepto de deuda y daños y perjuicios.

“Nuevo varapalo a los gobiernos del Partido Popular de la época de Rita Barberá", apunta Gómez tras desvelar la sentencia, y destaca que en la productora de José Luis Moreno "estaba contratada directamente la sobrina de Rita Barberá, por cierto, hoy asesora de la portavoz María José Catalá en ese intento desesperado por reconciliarse con los familiares de la ex alcaldesa". "Creo que ese intento se le va a volver en contra, como la condena que ha recibido esta empresa, que tendrá que pagar al Ayuntamiento de València casi medio millón de euros por la nefasta gestión que hizo del Teatro El Musical", afirma la vicealcaldesa de Valencia.

Unas manifestaciones que desmintió el PP. "Sandra Gómez ha mentido en el pleno del Ayuntamiento de València. El Grupo Popular se reserva las acciones legales oportunas contra la portavoz socialista por lanzar acusaciones falsas contra un trabajador del Grupo Municipal Popular", según anunció en un comunicado. Además, el PP explica que "el PSPV se olvida que fue el PP quien rescindió el contrato adjudicado por concurso. Se rescindió el 3 de octubre de 2014 previo dictamen favorable del CJC. Y el 13 de marzo de 2015, el PP, ya aprobó la liquidación provisional del contrato".

"Lo único que ha hecho el gobierno de Ribó y PSPV es seguir la tramitación ya iniciada por el Partido Popular, acordado el 2 de febrero de 2018 la liquidación definitiva del contrato", concluye el PP.