Burocracia letal

Hace unos meses una conocida instrumentista europea envió firmado su contrato y copia de su pasaporte –adjuntado a la retahíla de documentación exigida usualmente– a una administración pública de nuestro país. Cuál no sería su sorpresa cuando el funcionario encargado de la tramitación decidió que las firmas no coincidían. Indignada, la música grabó un vídeo con su pasaporte y volviendo a firmar el contrato y preguntando por los conocimientos en grafología del empleado público, puesto que, de insistir en su actitud obstruccionista, ella iría a los tribunales al sentirse acusada de falsedad documental. El resultado causó revuelo enorme y acabó con el funcionario discretamente desplazado por sus superiores a otras tareas y con una petición de disculpa a la artista.

Es un ejemplo, entre cientos, convertido en el síntoma de un proceso que está carcomiendo las contrataciones artísticas y haciendo que algunos artistas de primer rango internacional ya sólo vengan a España con promotoras privadas, con lo que eso supone de limitar el acceso a la ciudadanía, ya que los precios de las entradas se multiplican de forma exponencial porque no hay la obligación constitucional de acercar la cultura a los ciudadanos sin barreras económicas que implica a las administraciones públicas.

Las leyes de contratación del sector público son similares en la Unión Europea, de hecho, están acogidas a directrices comunes, pero en ningún país alcanzan el grado de exigencia español que, en algunos casos, roza de manera tremenda incluso con otras leyes, como las de la protección de datos. Además, hay otro problema añadido, dependiendo de la interpretación que cada funcionario hace de la ley, se pide o no una documentación determinada. Es decir, en una misma gira de conciertos los artistas han de cumplir requisitos diferentes para su contratación con la administración pública, generando sensación de arbitrariedad.

Estamos ante una burocracia letal que está bloqueando al sector. De hecho, todas las asociaciones implicadas están estableciendo líneas de trabajo para tratar el asunto con urgencia ante el Gobierno de España porque el riesgo de colapso está más cerca que nunca. El sector es el primero que pide controles rigurosos, pero también exige la flexibilidad que deben tener las contrataciones artísticas que están sujetas a decenas de variantes implícitas en su propia naturaleza. Tratar del mismo modo el asfaltado de una calle o la contratación de unos urinarios públicos que una obra de teatro, un concierto, una performance o cualquier otra expresión artística es demencial. De ahí la excepcionalidad de la contratación artística que no está sujeta a reglas inflexibles ni, en ocasiones, mensurables desde el punto de vista estrictamente económico. Esperemos que nuestro país sea capaz aquí también de homologarse al resto de Europa. De lo contrario corremos grave peligro de quedar desconectados de los circuitos internacionales.

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