Más que números

La búsqueda de auditorios y teatros llenos es una de las grandes obsesiones de sus responsables. Es lógico. En la mayoría de los casos estamos ante formatos escénico musicales que tienen un coste muy alto y todo aquello que contribuya a la consecución de una rentabilidad es imprescindible. O, al menos, que las propuestas tengan un rango de sostenibilidad económica aceptable.

En el ámbito privado, el riesgo del empresario lleva a una lucha continua por las audiencias y esto trae como consecuencia la apuesta por obras muy populares, de agrado para el público, y, muchas veces, por soluciones fáciles desde el punto de vista de la programación.

Pero el modelo vigente en la Europa continental entiende la cultura no como un mero negocio, sino como un bien público que se debe preservar y sobre el que hay una obligación institucional. De hecho, las constituciones recogen en su articulado de manera muy clara preceptos de obligado cumplimiento para las administraciones públicas.

La clave para entenderlo es muy sencilla: la cultura es un derecho de la ciudadanía y, por lo tanto, su grado de protección debe ser exigente, porque entra de lleno, además, en lo que entendemos como preservación patrimonial.

Y ahí es dónde está uno de los dilemas fundamentales de cualquier temporada lírica o sinfónica. Las obras más conocidas de los grandes maestros son garantía segura. Autores como Verdi, Puccini o Donizetti, por poner tres ejemplos de compositores líricos italianos, aseguran ya de partida una copiosa recaudación; y si a esto se le añade la presencia de divos en el reparto, entonces ya se garantizan ingresos extradordinarios. Si tenemos en cuenta que muchas temporadas dependen de la taquilla para cuadrar sus presupuestos, la necesidad de acudir al repertorio más popular casi podríamos decir que es obligada.

Pero es ahí donde con más énfasis debiera notarse el apoyo de las administraciones. En la garantía de cubrir obras de autores menos conocidos pero que también se han de mostrar al público. Es su papel principal, porque una cultura pública bien entendida debe incidir en una apuesta decidida por el riesgo, por el rescate patrimonial, a la vez que incentiva la creación actual y también la búsqueda del repertorio infrecuente.

El principal problema está en que determinadas propuestas pueden ser incómodas para una parte del público, y otras directamente tienen una capacidad de atracción menor. Por eso es tan relevante que no sólo los datos numéricos definan una temporada lírica o de conciertos. Los aspectos anteriormente citados deben tener idéntico valor al número de asistentes, que, de todos modos, ha de analizarse en función de las características de cada evento concreto. La rentabilidad social es tan importante, y muchas veces más, que la meramente económica. Sus beneficios acaban extendiéndose a la ciudadanía si se saben pautar de manera correcta.

Vivimos un periodo de fuertes contrastes y la cultura se ha convertido en un elemento clave, zarandeado demasiadas veces por intereses económicos totalmente desproporcionados que empujan a restringir la creativad en su capacidad para arriesgarse. Nada más alejado del hecho cultural que la desidia y la reiteración como meros refugios vacíos de contenidos. Por eso hoy más que nunca es importante una cultura pública que no tenga como fin principal la mera ganancia económica sino el ofrecer un servicio a los ciudadanos tal y como se hace con la sanidad o con la educación.

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