El salmón atlántico se ha extinguido en 29 de los 43 ríos con presencia histórica en la Península ibérica y en aquellos ríos en los que aún está presente, cada año hay menos peces. Solo en Asturias, las capturas por pesca deportiva tocaron fondo en 2010, cuando solo se pescaron 250 ejemplares, el año pasado no se llegó a 500 capturas y todo apunta a que este año será igual o peor.
Son muchas las causas que han llevado al salmón a esta situación crítica, desde la pesca en la mar, pasando por la destrucción y alteración de los cauces, la construcción de presas y otros obstáculos que impiden el acceso a las zonas de freza, la contaminación, y la pesca deportiva de los reproductores cuando regresan a sus ríos de origen para desovar.
Para revertir esta situación, la Administración ha centrado sus esfuerzos en las matanzas de cormoranes grandes y en las repoblaciones, haciendo caso omiso a los informes y artículos científicos que desaconsejaban estas prácticas por resultar inútiles e incluso perniciosas para la especie. Este ha sido el motivo por el que en algunos lugares con una tradición salmonera centenaria, como en el caso de Gales, se hayan prohibido las repoblaciones desde el año 2015, y los gestores hayan considerado que la mejor ayuda para la especie sea reducir los cupos de pesca y dejar que los salmones desoven libremente.
En estos momentos, en los que la única medida responsable sería la de prohibir matar un solo salmón más en Asturias, es cuando algunos partidos políticos han decidido que lo más adecuado sería vender los salmones que se pesquen, como ha solicitado hace unos días la presidenta del PP asturiano.
Según Mercedes Fernández, el salmón es un "patrimonio gastronómico" y como tal habría que venderlo en los restaurantes, ya que vender los salmones pescados deportivamente no está reñido con su conservación como especie porque se puede "compatibilizar cría y comercialización". Confunde la presidenta del PP, quizás por conveniencia o quizás por ignorancia, que el salmón atlántico en Asturias es una especie salvaje y no un animal de granja, como los que se crían en los fiordos noruegos, por lo que su cría y comercialización en este caso no sólo no son compatibles sino que son imposibles.
Esta propuesta ya había sido formulada por Foro Asturias hace varios años, aunque en este caso hay que admitir que es coherente con sus planteamientos acerca de la protección de otras especies amenazadas, no en vano su propuesta para salvar el urogallo de la extinción, formulada en sede parlamentaria hace unos pocos meses, era volver a cazarlo "como medio para garantizar su cuidado y estimular su protección".
El interés de los partidos políticos por la venta del salmón es la respuesta a las peticiones y exigencias de algunos hosteleros y colectivos de pescadores, que con la excusa de "dinamizar la comarca, turística y económicamente", lo que realmente persiguen aumentar sus ingresos. La conservación de la especie es lo de menos; de hecho, cuanto más escasa sea, más se pagará por los ejemplares que queden.
Como suele ocurrir cuando el medio ambiente entra en política, los salmones se han convertido en objeto de disputa electoral para tratar de ganar un puñado de votos, aunque para lograrlo haya que recurrir a argumentos tan absurdos y demenciales como los esgrimidos por el portavoz popular en la Junta General del Principado, Luis Venta Cueli, que en abril del año pasado calificó la prohibición de vender salmones de "antigualla socialcomunista".
Permitir la venta de los salmones pescados recreativamente sería la mejor medida para asegurar su extinción a corto plazo, por lo que resulta evidente que ese no es el objetivo que persiguen los que lo proponen. Pero incluso en el caso de que la supervivencia de la especie no les importara en absoluto, es necesario recordar que la comercialización de las capturas obtenidas con una licencia deportiva es ilegal. Y esto es válido tanto para la pesca marítima de recreo como para la pesca fluvial.
El argumento de que cada uno pueda hacer lo que quiera con los peces que pesca es rigurosamente falso, ya que para realizar una transacción económica de cualquier producto, tanto comprador como vendedor deberían cumplir con la legislación vigente y abonar los correspondientes impuestos, y por supuesto, la licencia de pesca no podría ser deportiva, sino que tendría que ser profesional.
Actualmente hay una excepción a esta regla: el campanu. El primer salmón de la temporada y el primer salmón de cada río se subastan públicamente, llegándose algunos años a pagar por ellos cantidades desorbitadas. En estas subastas, la venta se cierra con un apretón de manos, sin que medie ninguna factura de por medio, sin que se pague IVA e IRPF, sin que el vendedor necesite estar dado de alta en el IAE ni el comprador tenga que presentar ante hacienda ningún justificante de compra. Eso sí, la ración de campanu que se sirve en el restaurante del afortunado comprador sí que está gravada con el pertinente 10% de IVA aplicable a la hostelería.
El hecho de que tanto pescadores como hosteleros pretendan extender la tradición del campanu a todos los salmones pescados es reprobable, pero que los representantes políticos hagan apología de la economía sumergida es extremadamente grave. Quizás habría que recordarles que "esas antiguallas socialcomunistas" de pagar impuestos son las que entre otras cosas pagan sus salarios y sus dietas, ya que el resto de contribuyentes no podemos vender nuestros productos si no nos damos de alta como autónomos, pagamos las cuotas correspondientes y aplicamos el IVA y el IRPF como manda la ley.
Quizás el fin de todo esto sea dar un premio ex aequo al pescador del último salmón de nuestros ríos y al hostelero que lo sirva en su restaurante. ¿Qué político tendrá el honor de degustar esa última ración? Seguro que invita la casa.
