El deporte llega a la arena a contrarreloj, la burocracia de Costas complica los torneos en las playas asturianas

La cancelación del torneo de tenis playa de Luanco en 2026 ha vuelto a poner el foco en un problema que numerosas federaciones y organizadores deportivos llevan años denunciando en Asturias: la complejidad administrativa y los plazos de la normativa de Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para celebrar eventos deportivos en playas y espacios naturales acuáticos.

Aunque el litoral se ha convertido en un escenario habitual para competiciones de balonmano playa, vóley playa o tenis playa, la realidad administrativa que hay detrás de estos eventos dista mucho de ser sencilla. Así lo relatan organizadores, federaciones y técnicos deportivos que cada verano se enfrentan a un entramado de permisos, informes y resoluciones que, en algunos casos, acaba poniendo en riesgo la viabilidad de los torneos.

Según explican desde Costas, usar una playa para un torneo no es automático. Solo se autoriza cuando se demuestra que la actividad no puede hacerse en otro lugar y siempre que no se limite el uso del arenal al resto de ciudadanos ni se dañe el entorno natural.

En las playas urbanas, como las de Gijón o Luanco, la normativa sí permite celebrar eventos deportivos con interés general o turístico, pero pone límites claros: el tiempo que se puede ocupar la arena, el espacio que se puede usar y la obligación de dejar la playa tal y como estaba una vez finalizado el evento.

En cambio, en las playas naturales o protegidas, las condiciones son mucho más estrictas. Los torneos solo se autorizan de forma excepcional y puntual, con instalaciones completamente desmontables y bajo un control ambiental mucho mayor.

Además, la utilización de la playa para este tipo de eventos no es gratuita. Costas aplica un canon económico que se calcula según los metros ocupados y los días de uso, con el objetivo –según el propio organismo– de compensar el uso especial del espacio público y garantizar que la playa quede en perfecto estado tras la actividad.

En la práctica, estos principios legales se traducen en plazos largos y procedimientos complejos. Chus Carrillo, uno de los organizadores de torneos de balonmano playa en Asturias, lo resume con claridad: "El mayor problema son las trabas administrativas. El proceso es largo y hay que empezar con al menos cuatro meses de antelación". Carrillo explica que, además de la ley de Costas, los organizadores deben atender a la llamada "ley de eventos", que condiciona, entre otras cosas, la posibilidad de incorporar publicidad, un elemento clave para la financiación de muchos torneos. "Las resoluciones dejan claro que no se puede poner publicidad en territorio de costas, o que está muy limitada", señala, lo que obliga a moverse en un terreno jurídico difuso que muchos organizadores prefieren no forzar.

A esto se suma el pago de cánones por ocupación, que varían notablemente según el carácter urbano o natural de la playa. "No es lo mismo organizar un torneo en una playa urbana como Gijón o Luanco que en una más aislada", apunta. "La diferencia económica puede ser muy grande a pocos kilómetros de distancia".

El conflicto que ha desembocado en la cancelación del torneo de tenis playa de Luanco ilustra bien las tensiones entre la normativa y la realidad organizativa. Desde la organización explican que este tipo de evento requiere nueve días previos y cinco posteriores para montar y desmontar gradas, infraestructuras de seguridad, salidas de emergencia y zonas de público.

Sin embargo, "Costas solo autoriza cinco días antes y cinco después", aseguran desde la organización. Un margen insuficiente para un montaje de esta envergadura. A diferencia de otros deportes de playa que apenas necesitan porterías o redes, el tenis playa –especialmente en formato televisado– implica una ocupación mucho mayor del arenal y del entorno urbano, lo que multiplica los requisitos y las restricciones.

Uno de los elementos que más se repite en los testimonios es la desigualdad de trato según el tamaño del municipio. Carrillo y otros organizadores coinciden en que "los ayuntamientos pequeños suelen ser más ágiles", llegando incluso a resolver incidencias con una simple llamada a Costas. "En municipios grandes como Gijón, la tramitación es mucho más rígida. Nadie quiere asumir responsabilidades si ocurre algo", explica Carrillo. En algunos casos, incluso con resoluciones de Costas que indican que la solicitud debe hacerla el Ayuntamiento, los organizadores se encuentran con negativas por miedo a asumir riesgos administrativos.

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón confirma que el procedimiento pasa por una solicitud formal a la Demarcación de Costas, acompañada de un proyecto detallado con planos, fechas, superficies ocupadas y medidas de seguridad, un expediente que exige tiempo y recursos técnicos.

Saúl Pérez, entrenador y organizador de torneos de vóley playa, aporta otro ejemplo de la inseguridad jurídica que denuncian los clubes. "En una prueba celebrada en la playa de Poniente, el permiso de Costas llegó denegado el mismo día en que ya estaba instalada la grada", después de semanas sin respuesta. Los organizadores pensaron que operaba el silencio administrativo positivo, pero acabaron recibiendo una multa.

"El criterio cambia de un año a otro. Lo que te permiten una temporada, al siguiente te lo prohíben", lamenta Pérez, que relata cómo en espacios protegidos como Rodiles o Salinas entran en juego más actores –desde el Seprona hasta la Guardia Civil–, incrementando la incertidumbre. En algunos casos, la exigencia de planes de evacuación o informes técnicos supone un coste superior al presupuesto total del torneo, lo que lleva directamente a su cancelación.

Desde la Demarcación de Costas se basan en que todas las autorizaciones están condicionadas al respeto del uso público de la playa, la protección ambiental y la restitución del espacio a su estado original. El organismo recuerda que su función es garantizar que el dominio público marítimo-terrestre siga siendo accesible y protegido, incluso cuando se autoriza un uso deportivo temporal.

Los organizadores no reclaman una eliminación de controles, sino más coordinación administrativa, criterios homogéneos y plazos compatibles con la planificación deportiva. "Pedimos saber a qué atenernos", resume Saúl Pérez.

Mientras tanto, Asturias sigue viendo cómo algunos de sus eventos deportivos más singulares se mueven cada verano en una carrera contrarreloj entre la arena, los despachos y los plazos administrativos, con el riesgo de que la burocracia acabe dejando las playas sin deporte.

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