La Real Federación Española de Fútbol decidió presentar a la Liga de Fútbol Profesional una propuesta al objeto de que la Segunda División para la temporada 2020-21 esté compuesta por 24 equipos, cuando su número es el de 22 equipos. Se basa para ello en que la situación creada por la suspensión del partido Deportivo-Fuenlabrada puede dar lugar a una situación de difícil o imposible subsanación para algunos de los equipos afectados, directa o indirectamente, por el resultado de los procedimientos judiciales que se pueden iniciar, los cuales van a tardar meses en finalizar.
Mientras, el Lealtad de Villaviciosa se desplazó este fin de semana a Madrid para jugar contra el CD Alcoyano el ascenso a Segunda B, suspendiéndose el partido como consecuencia del positivo dado por jugadores del Marino de Tenerife, que debía jugar la otra eliminatoria contra el Linares.
En este escenario de suspensión hay que considerar en qué situación quedan los clubes afectados por la suspensión. En los jugadores y cuerpos técnicos hay una parte anímica y otra material que hace muy difícil, por no decir imposible, que las eliminatorias se puedan llevar a cabo. Estos argumentos son traídos a colación en el debate sobre el partido Deportivo-Fuenlabrada, por unos y por otros, según intereses propios.
En el caso del Lealtad la parte anímica se concreta en que los jugadores son en su mayoría aficionados y no parece lógico que se encuentren en una situación óptima para continuar entrenando sin saber a ciencia cierta cuándo y en dónde se va a jugar si es que se llega a jugar la eliminatoria. En lo material, hay jugadores que tienen obligaciones de alquiler de vivienda o trabajos en otros lugares.
La situación económica de los clubes se vio muy resentida por el final de Liga, sin ingresos y con mantenimiento de las obligaciones económicas, lo cual hace insoportable el aumento del gasto. La Federación, que en esta competición tiene la competencia total, ha de ser coherente y seguir sus razonamientos expuestos en la solicitud que formuló a la Liga, para ampliar la Segunda División a 24 equipos. La Federación, para argumentar el aumento del número de equipos en Segunda, en momento alguno se basa en normas legales o reglamentarias, sino que parte de razonamientos de buen padre de familia que está en período electoral, y alude que "se pueden dejar abiertos una serie de escenarios inciertos en función del resultado final de cada uno de ellos, donde las decisiones que se adopten en estos momentos, sin conocer el resultado final de los procedimientos abiertos, pudieran llegar a hacer difícil encaje en la resolución final".
Por ello, la Federación no puede dejar abierto el escenario de las eliminatorias de ascenso a Segunda B y, teniendo la plena facultad para decidir, ha de dar por anuladas las eliminatorias de ascenso a Segunda B y, en su consecuencia, los 4 clubes, Lealtad de Villaviciosa, Linares, Marino de Tenerife, Alcoyano, son de esa categoría.
Lógicamente, el mismo criterio se ha de seguir en el caso del Portugalete-Sestao River, suspendido por un caso de coronavirus.
Sería muy difícil de entender que la Federación, para ordenar la Segunda División que no es competencia suya, señale a La Liga los criterios que ha de seguir y para ordenar la Segunda B, en la que tiene todas las competencias, no siga el mismo criterio que indica a La Liga.
Hay que hacer constar que la competición en la Segunda B para la temporada 2020-21 será transición ya que participan cien equipos y su clasificación dará lugar a una Segunda B Pro, compuesta por 20 equipos.
Por ello, no parece desproporcionado el que si la Federación ve lógico en la Segunda División pasar de 22 a 24 equipos, que siga la misma lógica para pasar de 100 a 106 equipos en la Segunda B.
Por todo ello, el Lealtad de Villaviciosa ha de ser equipo de Segunda B ya que sería de una incoherencia suprema la actitud de la Federación, que maneja un criterio para ordenar la Segunda División, en la que no tiene competencia, y se olvida de tal criterio cuando se trata de ordenar su competición, que es la Segunda B.
Este es el criterio de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud.
