Todo comenzó el 11 de noviembre de 1978. Cangas de Onís, capital originaria del Reino surgido de la batalla de Covadonga (722-774), acogió la primera reunión solemne del Consejo Regional de Asturias. Este organismo actuó como receptor de las primeras transferencias autonómicas. El mencionado encuentro significó el arranque de los trabajos que dieron lugar al Estatuto de Autonomía del Principado. Tres años más tarde, en diciembre de 1981, fue alumbrado el texto legal que articula las instituciones y delimita las competencias de una comunidad autónoma con poco más de un millón de habitantes, envejecida, privilegiada por la naturaleza, cargada de historia y dotada de una identidad singular y apreciada por muchos asturianos y foráneos. Han pasado casi cuatro décadas.
Hoy, Día de Asturias, los políticos y juristas que redactaron el corpus jurídico que regula la autonomía del Principado reciben la Medalla de Oro de la región. El equipo estaba integrado por Francisco Sosa Wagner y Bernardo Fernández, por el PSOE; Juan Bautista Fernández Fidalgo y Juan Casero Lambás, por UCD; Ignacio de Otto (fallecido) y Francisco Bastida, por el Partido Comunista de Asturias; Juan Luis de la Vallina Velarde (sustituido en ocasiones por José Luis Martínez López-Muñiz) y José Manuel Riesco Morán, por Alianza Popular-Coalición Democrática (ambos fallecidos).
“Es un gesto hacia esta Cámara y hacia la autonomía política de Asturias que sean la Medalla de Oro en esta ocasión”, argumentó el presidente del Principado, Adrián Barbón, al anunciar la distinción.
En junio de 1979, en una casa que Juan Luis de la Vallina tenía en Luanco, se constituyó la que fue conocida como Comisión de los Veinticuatro. Esta entidad acabó delegando en otra más pequeña: ocho nombres elegidos por las cuatro formaciones políticas.
La “Comisión de los Ocho” presentó el 1 de diciembre de 1979 un borrador de anteproyecto de estatuto con algunos asuntos de controversia profunda. Entre otras, el PCA rechazaba que la denominación del estatuto incluyera la palabra Principado. El sistema electoral dividió también a las fuerzas políticas y AP quería mantener a toda costa la Diputación Provincial.
La asamblea de parlamentarios y diputados provinciales de Asturias (representantes políticos en la región y en Madrid) aprobó el proyecto el 12 de abril de 1980: 41 votos a favor y 2 votos en contra (formulados por De la Vallina y Álvarez-Cascos, de AP). El estatuto fue enviado a la capital de España a cumplimentar la última instancia.
En Madrid, abril de 1980, entró en fase de atasco. UCD había decidido que una comisión presidida por el jurista Eduardo García de Enterría se encargara de armonizar todos los estatutos de la vía 143, una especie de troquelado con pautas comunes del que Asturias se libró de forma parcial. El 15 de diciembre de 1981, por fin, el Congreso aprueba el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. El 30 de diciembre, el rey Juan Carlos sanciona la Ley Orgánica del Estatuto. El BOE la publica el 11 de enero de 1982.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias ha sido objeto de dos reformas, ambas en la década de los noventa, destinadas a adecuar techos estatutarios. Sin embargo, el único intento de revisarlo en profundidad acabó encallando en el año 2008.
Sosa Wagner, un jurista de formación alemana que se forjó en Asturias
Francisco Sosa Wagner (Alhucemas, 1946) fue uno de los juristas designados por el PSOE en 1979 para elaborar el Estatuto. Discípulo de Eduardo García de Enterría tras formarse en Tubinga (Alemania), en 1976 llegó como profesor agregado a la Universidad de Oviedo. Es catedrático de Derecho Administrativo en León y ha sido eurodiputado por UPyD.
Fernández, el criterio en el diseño de las instituciones autonómicas
Bernardo Fernández Pérez (Oviedo, 1950) no había cumplido los 30 años cuando fue elegido por el PSOE para participar en la redacción del primer estatuto autonómico. Uno de los artífices de la arquitectura institucional del Principado, luego fue diputado autonómico y consejero de 1982 a 1995. Ha sido presiente del Consejo Consultivo y profesor de Derecho Internacional Público.
Fidalgo, un moderado que prefirió el Código Civil a la política
Juan Bautista Fernández Fidalgo (Mieres, 1939) fue uno de los juristas designado por UCD para trabajar en el proyecto del Estatuto de Autonomía tras ser elegido concejal en Mieres en las primeras elecciones. Fue vicepresidente del Consejo Regional y consejero en los inicios de la autonomía pero prefirió “el Código Civil y el Aranzadi” al dejar la política y volver a la abogacía.
Juan Casero, un centrista que volvió a la abogacía y todavía ejerce
Juan Casero Lambás (Medina del Campo, 1949) llegó a Asturias muy joven para ejercer de abogado en 1971-72. Centrista convencido, tuvo una intensa actividad política en dos etapas: UCD, entre 1977 y 1983) y el CDS (1986-1989), en el que se dio de baja tras el pacto municipal en Madrid con AP, para dedicarse de lleno a la abogacía, que todavía ejerce.
Bastida, una trayectoria ligada al Derecho Constitucional
Francisco José Bastida (A Estrada, Pontevedra, 1951), llegó a Asturias en 1978 para trabajar de profesor titular de Derecho Constitucional. Fue designado por el Partido Comunista de Asturias (PCA) como miembro de la Comisión redactora del Estatuto de Asturias de 1981. Ha sido vocal del Consejo Consultivo y catedrático de Constitucional.
De la Vallina, una dilatada carrera en la docencia y en la política
Juan Luis de la Vallina Velarde (Oviedo, 1932) fue catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo y presidente de Alianza Popular en Asturias entre 1977 y 1983, partido al que representó en la Comisión que redactó el Estatuto de Autonomía. Fue diputado en el Congreso de 1977 a 1996 y luego senador hasta 2000. Falleció en 2010.
Riesco Morán, un político “atípico” que apostaba por el entendimiento
José Manuel Riesco Morán (Gijón, 1931) fue uno de los fundadores en Asturias de Alianza Popular, partido que le designó como ponente del Estatuto de Autonomía. Considerado como un “político atípico” por su predisposición al consenso y al diálogo fue asesor de los populares en la Junta General y presidió el Consejo de Comunidades Asturianas. Murió en 2013.
De Otto, un constitucionalista que murió de forma prematura
Ignacio de Otto y Pardo (Lugo, 1945) es uno de los tres integrantes de la Comisión de los 8 que ha fallecido. Había llegado a la Universidad de Oviedo para trabajar de profesor y luego sería catedrático de Derecho Político. Fue propuesto por el PCA. Entre 1989 y 1984 fue letrado del Constitucional. Murió en 1988 de un infarto, cuando estaba en plenitud de su carrera profesional.
