Oviedo / Madrid, L. G.

El Gobierno español ha perfilado su estrategia frente al cambio climático y para cumplir las obligaciones derivadas del Protocolo ambiental de Kioto, y el documento que ayer trascendió plantea nuevas intervenciones que atañen al transporte, a la vivienda, a la política fiscal y a los consumos energéticos de los españoles. El programa, en el que están implicados varios ministerios y las comunidades autónomas, propone, entre otras medidas, las siguientes: impulsar el uso del ferrocarril, penalizar fiscalmente la contaminación, restringir el uso doméstico del carbón y revisar la tarifa eléctrica para que grave el derroche de energía.

Tras las medidas disciplinarias para que la industria redujera sus emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y equivalentes), el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona y otros departamentos del Ejecutivo entran ahora en los llamados «sectores difusos» de la contaminación por dióxido de carbono, entre ellos el transporte, los servicios y la vivienda. En este último caso, el documento recoge algunas de las medidas más llamativas. Una de ellas atañe a las calefacciones. El Gobierno se marca el objetivo de que en 2012 queden suprimidas las calderas comunitarias de carbón, mediante una política de incentivos para su sustitución por otras tecnologías calefactoras más limpias.

Esa medida puede tener una repercusión singular en Asturias, donde el uso doméstico del carbón, aun habiéndose reducido notablemente ante el avance del gas natural, es más frecuente que en otras comunidades. Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Principado existen unas 36.000 viviendas (10 por ciento de todas las residencias principales) que utilizan carbón o derivados como combustible para la calefacción. No obstante, el número de familias que comparten calderas comunitarias -en principio, las únicas afectadas explícitamente por la norma- es de unas 6.400. El resto serían equipos individuales.

El texto que Narbona expuso en el último Consejo de Ministros y que someterá a consulta del Consejo Nacional del Clima propone asimismo introducir nuevas modificaciones en la tarifa de la electricidad. Además de impulsar la discriminación horaria de los consumos con una variante de la tarifa nocturna que se pondrá en marcha este mismo año, el Gobierno habla de «disuadir los consumos excesivos mediante modificaciones en la tramificación de la estructura tarifaria». Esto es, penalizar lo que se pueda considerar derroche de luz.

La propia Cristina Narbona había dejado caer la posibilidad al principio del mandato del actual Gobierno y ahora se recoge negro sobre blanco en las medidas frente al cambio climático: «El Gobierno (...) incorporará, a través de las reformas normativas necesarias, elementos de fiscalidad verde, utilizando figuras actuales o creando nuevas figuras». Esto es, se irá a la aplicación de nuevos impuestos de contenido medioambiental. No se precisan cuántos y cuáles, pero sí que la acción del Ejecutivo en esa dirección será casi inmediata, que las primeras medidas se tomarán en los Presupuestos Generales de 2007.

En otro apartado del proyecto conocido ayer se da a entender que la fiscalidad verde alcanzará al transporte, a los coches. El Gobierno aboga genéricamente por potenciar el ferrocarril y racionalizar el uso del coche privado. Se defiende la «incorporación de criterios ambientales en el impuesto de matriculación de modo que los vehículos resulten gravados en función de la contaminación que produzcan».

El Gobierno presentará hoy este primer borrador de su estrategia ante una comisión en la que están representadas las comunidades autónomas, llamadas también a compartir con la Administración central políticas en materia de salud, turismo y agricultura relacionadas con el cambio climático.