El Principado se plantea crear una autoridad regional que vele por las reglas de competencia

El Gobierno asturiano sopesa que la región se sume a aquellas que ya tienen un servicio autonómico que, como hace a escala del país la Comisión Nacional de Competencia (CNC), vele por el cumplimiento de las reglas que prohíben las prácticas monopolísticas, las irregularidades en la fijación de los precios o aquellas concentraciones empresariales que limitan el correcto funcionamiento de los mercados. El embrión de ese proyecto, sobre el que trabaja la Consejería de Economía, son las aportaciones realizadas por los profesores de la Universidad de Oviedo Joaquín Lorences y Luis Orea.

La mayoría de las regiones españolas disponen ya de sus propios órganos con atribuciones para perseguir las prácticas anticompetencia, tribunales administrativos en varios casos -País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid...- que investigan de oficio o a instancia de parte el funcionamiento de los mercados en variopintos sectores, principalmente en aquellos más cercanos a los consumidores. Realizan actuaciones análogas, por ejemplo, a la que la Comisión Nacional ha emprendido para combatir supuestas irregularidades en la subida del precio de varios alimentos básicos. Una de las agrupaciones empresariales españolas que ha sido expedientada es la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado.

A decir de los expertos, la creación en Asturias de una autoridad propia de defensa de la competencia es conveniente y concuerda con los criterios que marca la Unión Europa (UE). La mayor proximidad de las administraciones regionales a los mercados locales permite, según esa misma explicación, un seguimiento más eficiente y alienta, asimismo, la participación de los ciudadanos.

Las fuentes consultadas ayer precisaron que no está sobre la mesa la creación inmediata de una institución regional dedicada a la competencia, aunque sí la adopción de algunas medidas preliminares. El criterio que maneja el departamento del consejero Jaime Rabanal es impulsar inicialmente estudios sobre el funcionamiento de los mercados en Asturias, propiciar en una segunda fase la instrucción de expedientes que luego se remitirían a la comisión estatal para su resolución y, al final, la formación efectiva de un organismo autonómico.

Una autoridad regional de esas características tendría atribuciones para intervenir y sancionar ante situaciones que dañen al consumidor, como los posibles pactos de precios entre productores o comercializadores, y también para pronunciarse sobre las repercusiones de aquellas concentraciones empresariales que tengan una incidencia singular dentro del territorio de la comunidad autónoma.

Los estudios del Principado sobre este asunto coinciden después de que el pasado año el sistema español para preservar la competencia cogiera impulso con una reordenación administrativa que alumbró la creación de la nueva CNC, presidida por Luis Berenguer.