c omo ya viene siendo tradicional, el día 28 de abril celebramos el «Día mundial sobre la seguridad y la salud en el trabajo», un buen motivo para que todos, pero especialmente los trabajadores, exijamos una vez más el cumplimiento real de la obligación de protección frente a los riesgos laborales con el objetivo de que ni un solo trabajador pierda la vida o la salud debido al trabajo.
La situación actual es realmente escalofriante. Aunque en los países desarrollados, entre ellos España, mejora relativamente, las cifras son bien elocuentes. Según la propia OIT, cada día mueren en el mundo unos 5.000 trabajadores a causa de accidentes o enfermedades laborales, lo que viene a suponer anualmente unos 350.000 muertos por accidente y dos millones por enfermedad.
Acercándonos a la realidad de Asturias, aunque en los últimos años se viene produciendo un descenso relativo del número de víctimas, estamos muy lejos de poder estar satisfechos: el año pasado 34 trabajadores perdieron la vida y en 2008 la situación lleva un camino similar. Tomando un período más amplio, desde que se aprobó la ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace más de doce años, casi 600 trabajadores asturianos dejaron su vida en el trabajo y más de 3.000 quedaron seriamente dañados por accidente.
Ante esta tremenda realidad, de la que todos debemos sentirnos responsables, no podemos olvidar que es obligación del empresario procurar a sus trabajadores un medio de trabajo sano y seguro y que es el empresario, haciendo uso de sus facultades de organizar y dirigir el trabajo que se realiza en sus centros, quien está obligado a informar y formar a sus trabajadores sobre los riesgos de sus puestos, facilitarles los equipos de trabajo y prevención adecuados y, en definitiva, adoptar todas las medidas posibles para evitar accidentes y daños físicos o psicológicos provocados por el trabajo.
La exigencia del cumplimiento de las obligaciones empresariales debe venir acompañada de un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los trabajadores. De nada sirve que la empresa adopte medidas preventivas si los trabajadores no las utilizamos y cumplimos adecuadamente. También la Administración debe asumir su papel ejercitando sus facultades para exigir a las empresas el cumplimiento de la normativa y aplicando la máxima dureza sancionadora cuando no sea así.
Desde UGT, para avanzar en esta línea, venimos reivindicando la promulgación de una ley Integral de Siniestralidad, que atribuya a un único orden jurisdiccional, el social, el conocimiento de todas las cuestiones que afecten a esta materia (salvo, por supuesto, las penales) dando una respuesta rápida y eficaz a las víctimas. Pedimos igualmente una formación eficaz de jueces y fiscales en materia preventiva, así como el refuerzo en personal y medios de la Inspección de Trabajo y la creación de una Policía judicial especializada. Y no olvidamos que la precariedad en el empleo multiplica el número de accidentes frente al trabajo estable, por lo que seguiremos exigiendo medidas que eviten la contratación fraudulenta e incentiven la contratación indefinida.
En el «Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias 2008-2011», firmado por UGT y el resto de agentes sociales con el Gobierno del Principado, se da especial importancia a todas estas medidas, se duplica el número de los delegados territoriales de prevención, se articula la mejora en la formación para todos los colectivos, incluidos los autónomos, los inmigrantes y los escolares y se «financia» a los empresarios la renovación de la maquinaria obsoleta.
La UGT de Asturias seguirá vigilando el cumplimiento de las obligaciones preventivas, exigiendo una actuación rigurosa tanto de la Inspección de Trabajo como de la fiscalía creada exclusivamente para actuar en esta materia. No podremos afirmar que nadie tiene un trabajo digno mientras no tenga un trabajo seguro, para su salud y su vida.
Ana Isabel Álvarez Antón, secretaria de salud laboral, medio ambiente y consumo de UGT Asturias.
